El recurrente en suplicación denuncia la infracción de los artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores porque no se ha acreditado que antes del 19 de enero del 2012 la actora prestase servicios laborales para el ahora recurrente. Al respecto, el juzgador de instancia concluyó que la relación laboral no se inició precisamente el 19 de enero de 2012 cuando la trabajadora fue sorprendida con ropa de trabajo en la explotación agraria por la Inspección de Trabajo sino a la fecha en que dijo la actora había empezado a trabajar, convicción que no se ha evidenciado sea errónea por lo que no se ha producido infracción de los preceptos que dice el recurrente.

Por otro lado, se denuncia la infracción del artículo 14 de la Constitución Española en relación con el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores, argumentándose que no se ha probado que se haya vulnerado con el despido derecho fundamental alguno de la actora porque su despido no resulta una represalia por la actuación de la Inspección de Trabajo sino que obedece a la necesidad de acometer importantes modificaciones en la actividad empresarial debido a la enfermedad del recurrente que ha sido declarado incapacitado para su profesión.

En cambio, tanto el juzgador a quo como la Sala ad quem concluyen que existe un indicio sólido de que el despido de la actora ha podido obedecer a una represalia del empresario, es decir que se haya podido producir una violación de la indemnidad de la trabajadora porque el despido sin expresión de causa o motivo vino precedido de una actuación de la Inspección de Trabajo con la correspondiente propuesta de sanción por tener el empresario a la actora trabajando en la explotación agraria sin regularizar su situación y sin abonarle ningún tipo de retribución en metálico.