El proceso concursal de liquidación está regulado en la Ley 12 del 19 de mayo de 2016, cuya vigencia inició el pasado enero.

Al igual que el proceso concursal de reestructuración, este tipo de procesos puede iniciarse a solicitud del deudor, de los acreedores o a requerimiento de un representante de un proceso de insolvencia en el extranjero. En cualquiera de los supuestos, la finalidad del proceso es la liquidación pronta y ordenada de la empresa que ha resultado ineficiente.

Se establecen medidas preliminares o precautorias que pueden ser decretadas previamente a la declaración de liquidación, consignándose la caución respectiva. Es importante señalar que antes que se decrete la liquidación, el deudor tiene oportunidad de oponerse a la solicitud, aportando pruebas. También podrá el deudor consignar los fondos para el pago de los créditos, acordar suspensión de audiencia o someterse al proceso concursal de reorganización, debiendo aportar un plan o proyecto para tal fin.

El concurso de acreedores se forma con el auto que declara la liquidación y no admite recurso. Este auto fija en calidad de “por ahora” la liquidación y designa al liquidador, y sus honorarios; incluye embargo y depósito de los bienes; ordena el emplazamiento de los acreedores nacionales y extranjeros y establece el término de comparecencia al proceso, entre otras provisiones importantes.

Contempla efectos dirigidos hacia la persona y bienes del deudor, como lo son la prohibición de ausentarse del país, la inhibición para administrar los bienes, la suspensión de las ejecuciones individuales.

Un aspecto innovador de esta regulación es la viabilidad de la declaratoria de liquidación de los socios que haya lugar, de manera personal y solidaria, dentro del mismo proceso pero en cuadernos separados. Consecuentemente, al momento de inventariarse los bienes, se hace un inventario de los bienes societarios y otro de los bienes de los socios para evitar confusión de la masa a liquidar.

Los créditos que se presenten son revisados y presentados por el liquidador ante el Juez previa a la celebración de la Junta General de Acreedores, en la que deberán ser rechazados o aceptados y reconocidos los créditos, así como su orden de prelación.