Más de tres años después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) reconociera por primera vez el derecho al olvido, y en definitiva, concluyese que el gestor de un motor de búsqueda es responsable del tratamiento que aplica a los datos de carácter personal incluidos en páginas web publicadas por terceros, ha recibido dos nuevas cuestiones prejudiciales relativas a este derecho: por un lado, sobre el alcance geográfico de los bloqueos de resultados de búsqueda, y en particular, sobre la legitimidad de una autoridad nacional para determinar qué información es posible localizar fuera de las fronteras de su jurisdicción. Por otro lado, sobre la posibilidad de que los motores de búsqueda puedan ser compelidos a bloquear todo resultado de búsqueda que remita a páginas webs que incluyan datos personales "sensibles" de manera automática y, por tanto, sin necesidad de realizar el juicio de ponderación que el propio TJUE estableció en su previa Sentencia.

En esta entrada nos vamos a referir a esta última cuestión prejudicial (C-136/17) que recientemente ha planteado el Conseil d'État. Aquí puede consultarse la nota de prensa y aquí la información disponible en la web del TJUE.

En efecto, a resultas de esta cuestión prejudicial, el TJUE decidirá si la existencia de datos sensibles en resultados de búsqueda debe prevalecer en todo caso al interés público de la información publicada. Como es sabido, el derecho al olvido no es un derecho absoluto, y exige que los motores de búsqueda y, en su caso, las autoridades competentes deban realizar un juicio de ponderación de los derechos en juego a la hora de decidir sobre cada una de las solicitudes de retirada recibidas. A modo de ejemplo, en los últimos tres años Google ha recibido y estudiado más de un millón y medio de URLs, de las cuales el 43% han sido admitidas, de acuerdo con su Informe de Transparencia.

En este sentido, tanto los principales motores de búsqueda como las Agencias Europeas de Protección de Datos y el Grupo de Trabajo del artículo 29 parecen estar alineadas a la hora de considerar que el carácter "sensible" de los datos es un factor importante, pero no absoluto, a tener en cuenta a la hora de realizar dicha ponderación de derechos, pero no una condición que determine la necesaria desindexación automática de los resultados de búsqueda que enlacen a webs que incluyan datos "sensibles". No es difícil imaginar la posible presencia de datos "sensibles" (por ejemplo, que revelen la ideología política o antecedentes penales) en determinadas informaciones cuyo interés público sea manifiesto (por ejemplo, noticias periodísticas con relación a casos de corrupción política).

En definitiva, será interesante estudiar la respuesta que el TJUE ofrezca a la cuestión prejudicial planteada perfilando así detalles sobre los límites del derecho al olvido en su aplicación práctica.