El pasado 20 de diciembre del 2017 se aprobó la Tax Cuts and Jobs Act (Ley de Recortes Fiscales y del Empleo) en los Estados Unidos, texto que ha implicado una importante revisión del sistema fiscal en ese país. Pues bien, aunque son muchas las modificaciones que se han introducido, nos limitaremos en estas líneas a exponer, desde el punto de vista societario, algunas de las más relevantes.

En el ámbito societario, son muchos y muy variados los cambios que se han introducido en el sistema tributario estadounidense de la mano de su reciente reforma fiscal. En ese sentido, cabe destacar la primera y más evidente de todas ellas, esto es, la que afecta directamente a la reducción del tipo de gravamen que ahora aplicarán las sociedades estadounidenses. Así, el tipo nominal anteriormente vigente del 35 % se ha reducido al 21 % para los ejercicios fiscales que comiencen tras el 31 de diciembre del 2017. Ciertamente se trata de una sustancial rebaja, aunque no puede olvidarse que la reforma también ha implicado la eliminación, en unos casos, y la reducción, en otros, de muchos de los beneficios fiscales existentes anteriormente.

Por otra parte, se ha eliminado el corporate alternative minimum tax, impuesto cuya principal función era garantizar un pago mínimo de impuestos por parte de entidades con elevados beneficios que, aprovechando las numerosas deducciones y resquicios legales existentes, contaban con la posibilidad de reducir significativamente su carga impositiva a nivel federal.

También a nivel corporativo ha de destacarse la posibilidad ahora introducida de aplicar como gasto el 100 % del coste de adquisición de determinados activos depreciables en el ejercicio en el que se incorporan a la actividad. Ahora bien, su aplicación se limita a elementos patrimoniales adquiridos tras el 27 de septiembre del 2017 y antes del 2023, año a partir del cual la deducción se reducirá en un 20 % para cada uno de los cinco ejercicios siguientes.

Otra modificación relevante para las sociedades estadounidenses guarda relación con el sistema de compensación de sus bases imponibles negativas. Así, mientras que con el régimen anterior éstas podían aplicarse desde los dos años anteriores a su generación y durante los veinte siguientes, ahora, y respecto de las bases imponibles negativas en las que se incurra a partir del 2018, se elimina la compensación por anticipado (carry back), pero se permite compensar por tiempo indefinido, aunque estableciéndose como límite el 80 % de los ingresos netos de la entidad, limitación que no opera respecto de las bases negativas generadas antes del  31  de diciembre del 2017.

Además de las novedades comentadas es necesario hacer referencia a una serie de medidas que ahora se han adoptado con el específico fin de prevenir la erosión de la base y que, como veremos, se han establecido en línea con la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) y con las directrices de la Unión Europa sobre medidas antiabuso (ATAD), por lo que no resultan ajenas a nuestro propio sistema impositivo. Entre ellas, destacan las siguientes:

a) La inclusión de reglas antihíbridos, que suponen la no deducibilidad en los Estados Unidos de los gastos por pagos realizados a entidades híbridas, o como consecuencia de transacciones híbridas, conceptos ambos definidos en la ley.

b) El establecimiento del límite a la deducción por intereses —de forma similar a la regla aplicable en España— en el 30 % del beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA) para ejercicios fiscales que comiencen tras el 31 de diciembre del 2017 y antes del 1 de enero del 2022, porcentaje que se aplicará sobre el beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) después de esa última fecha. Esta limitación, cuyo impacto habrá de evaluarse caso por caso para las entidades españolas que operen en Estado Unidos, dado el elevado nivel de apalancamiento de muchas de ellas, afecta a intereses pagados a entidades, vinculadas o no, independientemente de que residan o no en territorio estadounidense, y afectan igualmente a los grupos consolidados. Por otra parte, el interés que no fuese deducible en un ejercicio podrá aplicarse, con los mismos límites, en años posteriores y de forma indefinida.

c) También con el propósito antes mencionado se introduce una nueva figura impositiva, el impuesto antiabuso (BEAT: base erosion antiabuse tax). Se trata de un impuesto antierosión que afecta a entidades con, al menos, quinientos millones de dólares de ingresos brutos anuales promediados durante un periodo de tres años y con un porcentaje de erosión de la base por determinados pagos deducibles que, en términos generales, supere el 3 %. Con estos requisitos, el impuesto somete a gravamen la renta imponible que exceda de los pagos deducibles a entidades vinculadas extranjeras, considerándose como tales los pagos realizados en concepto de intereses, intangibles, servicios e inversiones en activos fijos, pero no los efectuados por adquisiciones de mercancías para su distribución. El impuesto que se habrá de pagar será la diferencia entre el importe del impuesto societario ordinario y el importe que resulte de aplicar el 10 % (el 5 % en el primer ejercicio y 12,5 % después del 2025) sobre la base ampliada en los pagos deducibles. Ciertamente, ésta es una de las novedades más controvertidas por la preocupación que ha suscitado especialmente entre las entidades que operan en sectores como el financiero o el asegurador y que, tal y como ya se advirtió desde la Unión Europea a la Administración estadounidense en el proceso de tramitación de la norma, podría llegar a causar distorsiones importantes en los mercados financieros a nivel mundial. En ese sentido, por ejemplo, preocupan las consecuencias que se derivarán de las transacciones internacionales que puedan llevarse a cabo entre entidades bancarias de un grupo a efectos de cumplir con sus requisitos de capital, ya que aquéllas resultarán afectadas por este tributo. 

Por último, es necesario hacer referencia a algunas de las modificaciones que se han introducido en relación con la fiscalidad internacional y que, como veremos, entre otras consecuencias podrán conducir a las entidades estadounidenses a replantearse las estructuras con las que hasta ahora operaban en el extranjero.

Así, en primer lugar, ha de destacarse el establecimiento de la exención total que podrán aplicar las sociedades residentes en los Estados Unidos —y no los accionistas personas físicas— sobre los dividendos de fuente extranjera que sean distribuidos tras el 31 de diciembre del 2017. Esta medida, que supone la implantación de un sistema territorial de gravamen en sustitución del anterior sistema global o mundial, va a permitir a las corporaciones estadounidenses —siempre que posean al menos una participación del 10 % sobre la filial extranjera durante un periodo no inferior a un año— repatriar los dividendos distribuidos por sus filiales extranjeras (salvo que resulten aplicables las reglas de transparencia fiscal internacional) por medio de una exención del 100 % sobre tales rentas. No obstante, dicho beneficio fiscal no afectará a los dividendos que hubieran sido deducidos por la corporación extranjera al calcular sus impuestos. Debe advertirse que, pese a la semejanza que esta medida puede presentar con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades vigente en nuestro país, la exención establecida ahora para las corporaciones estadounidenses no alcanza a las ganancias patrimoniales, limitándose, como se ha señalado, a rentas distribuidas en concepto de dividendos.

Importante impacto tendrá también para los accionistas estadounidenses —en este caso, tanto personas físicas como jurídicas— de entidades extranjeras, el establecimiento del llamado toll charge. Se trata de impuesto extraordinario, que se devengará una sola vez, en el  2018, sobre todos los ingresos netos (earnings and profits) generados desde 1986 y no distribuidos por las entidades foráneas. Por tanto, esta nueva figura impositiva gravará la repatriación presunta de utilidades que no hayan tributado previamente en los Estados Unidos, aplicando un tipo de gravamen del 15,5 % sobre las ganancias representadas por efectivo y sus equivalentes, y del 8 % en el caso de que se trate de activos ilíquidos. Sobre el importe resultante, cuyo pago podrá fraccionarse en un periodo de ocho años, los contribuyentes podrán compensar —con límites— los impuestos extranjeros que hayan gravado las aludidas utilidades. Ciertamente, y como ya advertíamos anteriormente, ésta es una de las medidas que puede provocar un cambio en la forma y en las estructuras con las que importantes entidades estadounidenses han venido operando en el extranjero, en muchos casos mediante la deslocalización de su actividad, ya que el diferimiento de su tributación dejará de ser un objetivo prioritario. 

Además de las anteriores, la reforma ha introducido otra importante novedad, que no ha hecho sino ampliar las reglas que afectan a la transparencia fiscal internacional. Nos referimos a un nuevo concepto de ingreso (GILTI:  global intangible low‑taxed income) que las entidades estadounidenses deberán computar a efectos fiscales. Se trata de los ingresos generados por filiales extranjeras por el uso de intangibles que no se hayan sometido a imposición o lo hayan estado a tipos muy bajos. En esas condiciones, el impuesto se traducirá en el resultado de aplicar un tipo del 10,5 % (el 13,125 % después del 2025) a los ingresos que excedan del rendimiento rutinario del  10  %  de los activos tangibles depreciables utilizados en el negocio. No obstante, existe la posibilidad de aplicar un crédito fiscal limitado al 80 % del importe de los impuestos extranjeros que hubieran recaído sobre tales ingresos.

Ya para terminar, y al hilo de la fiscalidad de los intangibles, interesa poner de relieve que, pese a la medida anterior, la reforma incorpora también una especie de patent box, estableciendo un régimen de baja tributación sobre los ingresos derivados de la explotación, desde los Estados Unidos, de intangibles en el exterior. En ese sentido, dichos ingresos soportarán tipos de gravamen reducidos: del 13,125 % hasta el 2025 y del 16,406 % desde entonces.

Las novedades comentadas constituyen una muestra de la importante revisión a la que se ha visto sometido el sistema fiscal estadounidense, cuyo alcance terminará de conocerse con mayor exactitud cuando culmine el desarrollo reglamentario que complementará la norma comentada. A la luz de todo ello, las entidades españolas que operen en territorio estadounidense, y viceversa, podrán estudiar con mayor precisión las consecuencias que para cada una de ellas se derivarán de la reforma, análisis que habrá de llevarse a cabo caso por caso atendiendo a la situación particular de cada entidad.