Analizamos algunas de las últimas novedades más relevantes que han tenido lugar en los tribunales en el ámbito laboral.

No es discriminatorio que el permiso de paternidad tenga una duración inferior al de maternidad

El Tribunal Constitucional concluye que no existe discriminación aunque las duraciones sean distintas ya que el permiso por maternidad tiene como finalidad proteger la salud de la madre ante la maternidad biológica y permitir su recuperación ante la especial vulnerabilidad después del parto. Por su parte, el permiso por paternidad tiene una finalidad distinta, la conciliación de la vida personal y fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos de corta edad y tras el parto.

La empresa solo es responsable de abonar la prima de los planes de prejubilación

La sentencia declara que la formalización y pago de la prima de seguro para hacer frente a los compromisos de un plan de rentas (prejubilaciones) en el marco de un despido colectivo conlleva que la empresa ya no sea responsable, aunque la aseguradora haya devenido insolvente.

Concluye que no se puede apreciar responsabilidad de la empresa que cumplió con la obligación que le incumbía, la aportación de la suma comprometida a la compañía aseguradora, sin que la insolvencia de dicha compañía haga renacer la obligación de pago de la empresa frente al trabajador, pues su obligación de pago ya quedó extinguida.

La indemnización pagada por transferencia cumple los requisitos formales de los despidos objetivos

El Tribunal Supremo ratifica la doctrina judicial que entiende que el hecho de que el trabajador no reciba el importe de la indemnización por despido objetivo en su cuenta en el mismo día en el que se comunica el despido no significa que no haya existido la simultaneidad en el pago que exige la normativa laboral.

Considera que la transferencia bancaria no solo es un medio de pago eficaz que asegura que el mismo sea recibido por el trabajador a los pocos días de ordenarse su transferencia, sino que es un método incluso más seguro que el pago mediante cheque en papel.

La jurisdicción penal también aplica el 'test Barbulescu'

Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 489/2018 de 23 de octubre de 2018

El Tribunal Supremo aplica la doctrina existente sobre la posibilidad de la empresa de acceder al ordenador de los trabajadores (doctrina Barbulescu) en el marco de un procedimiento penal y concluye que la actuación de la empresa al acceder al ordenador del trabajador no fue correcta por cuanto esta no contaba con una política empresarial conocida por los trabajadores, no había informado tampoco al trabajador en ese sentido, ni existía ninguna cláusula en el convenio colectivo o pacto individual, donde se determinara que el uso del ordenador queda reservado a fines profesionales. Tampoco se había informado de la facultad de la empresa para acceder al contenido y a la información alojadas en el ordenador del empleado.

En tal caso, la empresa tan solo podía acceder al ordenador del trabajador y a su contenido solicitando el consentimiento del trabajador o autorización judicial, lo que no hizo. De esta forma, vulneró la razonable expectativa de privacidad y la prueba obtenida mediante el acceso al ordenador que se había obtenido no es válida.