La Comisión UE, a través de un comunicado de 24 de marzo de 2014, ha anunciado la aprobación final por parte del ECOFIN de la modificación de la Directiva 2003/48/CE de Fiscalidad del Ahorro y cómo tal movimiento enlaza con las actuales tendencias internacionales de lucha contra el fraude fiscal internacional a través de la articulación de mecanismos de transparencia y asistencia mutua, superando los antiguos estándares de confidencialidad y secreto bancario frente a las autoridades fiscales. En cierta medida, el acuerdo del ECOFIN refleja un nuevo hito histórico a nivel europeo que supera la tradicional oposición de algunas centros financieros europeos a ceder determinadas parcelas de su soberanía fiscal, lo cual debe ser contextualizado en el marco de los últimos acuerdos del G20 y la OCDE por desarrollar el nuevo estándar global de transparencia e intercambio automático de información sobre cuentas financieras.

La modificación de la Directiva se realiza de acuerdo con la propuesta de enmienda de 2008 (COM(2008)727 final de 13.11.2008) reformulada técnicamente en 2013 por la Comisión (ECOFIN, 24 March 2014, 7524/14 Presse 133).

Los 28 Estados miembros han adoptado por unanimidad tal modificación trascendiendo por tanto hacia un mecanismo intracomunitario de intercambio automático de renta del ahorro de personas físicas que contribuirá a un mejor control fiscal de este tipo de rentas financieras dentro del ámbito de la UE, así como del territorio de los cinco grandes centros financieros europeos (no UE) que adoptarán medidas similares.

Se supera por tanto el régimen de coexistencia (intercambio de información/retención en la fuente) y los Estados miembros que venían aplicando tal mecanismo (retención en la fuente) -Austria y Luxemburgo- aceptan tal cambio a efectos de alinearse con el estándar global de intercambio automático de información sobre cuentas financieras adoptado a nivel OCDE-G-20 cuyo formulación final se aprobará en principio por el G20 en septiembre de 2014, con efectos a partir de 1 de enero de 2017, sin perjuicio de que algunos países (lista de 44 jurisdicciones que se han posicionado como “early adopters”, entre los que se encuentra España) comiencen a realizar estos intercambios automáticos a partir de 1 enero de 2015.

La entrada en vigor y eficacia de las disposiciones de la nueva Directiva del Ahorro, en principio, tendrá lugar el 1 de enero de 2016, fecha en la que comenzarán a intercambiarse automáticamente datos sobre la obtención de rentas del ahorro por personas físicas residentes en la UE.

El Comisario UE de Fiscalidad Semeta también ha indicado que a finales de 2014 se adoptarán previsiblemente los acuerdos de intercambio automático con los cinco centros financieros europeos (no UE) que han concluido en el pasado acuerdos de medidas equivalentes a los previstos en la Directiva del Ahorro (Suiza, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y Andorra) que ya han manifestado su alineamiento con el estándar global OCDE de intercambio automático. En principio, la entrada en vigor de estos nuevos acuerdos de intercambio automático coincidirá con la de la Directiva del Ahorro modificada (1 enero de 2016).

El Comisario Semeta a su vez ha puntualizado como el alineamiento UE con el estándar global OCDE de intercambio automático de información sobre cuentas financieras de personas físicas y entidades se articulará a través de la referida modificación de la Directiva del Ahorro e implementando y aprobando la propuesta de modificación de la Directiva de Asistencia Mutua en materia tributaria que fue presentada el 12 de junio del año 2013, y que afectaría a personas físicas y entidades proyectándose sobre sobre dividendos, ganancias patrimoniales, cualquier renta generada por activos poseídos a través de una cuenta financiera, cualquier cantidad respecto de la cual una institución financiera sea deudor (pagos de rescate incluidos), y saldos de cuentas financieras.

No obstante, los intermediarios financieros europeos deberán cumplir con el estándar global OCDE y con FATCA, a efectos de que los Estados miembros cumplan sus obligaciones convencionales derivadas del Convenio OCDE/Consejo Europa Multilateral de Asistencia Mutua (Protocolo 2010) y de los propios acuerdos intergubernamentales bilaterales (IGAS-FATCA) concluidos con EE.UU., lo cual puede generar importantes costes de cumplimiento para el sector.

Las principales modificaciones que incorpora la nueva Directiva del Ahorro vendrían a ser básicamente las siguientes:

  • Regla referida al concepto de Beneficiario Efectivo y pagos a entidades y acuerdos legales (fiducias) establecidos fuera de la UE: frente al problema de la interposición de entidades y acuerdos legales de fiducia (v.gr. trusts) en terceros países que no gravan tal renta, a efectos de evitar la aplicación de la Directiva se modifica la definición de beneficiario efectivo adoptándose un enfoque de transparencia/look-through, de manera que si un residente comunitario participa en el 25% o más del capital de dichas entidades o acuerdos, el agente pagador suministrará a las autoridades de su Estado de residencia la información relevante. Tal enfoque se desarrolla a partir de la información obtenida en aplicación de normativa que establece obligaciones de diligencia debida sobre clientes (blanqueo) a efectos de que los agentes pagadores comunitarios usen tal información para determinar el beneficiario efectivo de cualquier vehículo interpuesto (fundación, entidad, trust) situado en un país tercero que no grave la renta del ahorro satisfecha. Se establece, asimismo, una lista que comprende cierto tipo de entidades y fiducias establecidas o gestionadas en jurisdicciones no UE que no gravan la renta del ahorro obtenida por tales entidades, a los efectos de aplicar este mecanismo de transparencia.
  • Regla relativa al concepto de Agente Pagador dentro de la UE: frente al problema de la interposición de entidades y fiducias en Estados miembros UE a efectos de evitar la aplicación de la Directiva, la nueva regla clarifica el concepto del agente pagadores por extensión basada en las características del agente de manera que comprenda a acuerdos legales (fiducias, trusts) o entidades no sujetas a tributación en el Estado miembro donde está su sede de dirección efectiva, en casos donde los operadores económicos (upstream) no puedan identificar a los beneficiarios efectivos (potencialmente residentes comunitarios). El pago a entidades de este tipo se entiende realizado por cuenta del individuo o individuos que puedan recibir legalmente los activos o rentas de la entidad o acuerdo legal o de las personas que hayan contribuido a los activos de la entidad o acuerdo. Se articulará una lista de entidades/figuras fiduciarias que puedan estar concernidos cuando estén situados y efectivamente gestionados en Estados miembros UE. También se establece la obligación de los agentes por extensión de aplicar la Directiva en un momento posterior cuando se conoce la identificación del beneficiario efectivo de la renta, allí donde tal identificación no fue posible en un primer momento (trusts discrecionales).
  • Regla referida al concepto de “Intereses”: frente a la utilización de productos financieros que no caen en el ámbito de la Directiva pero que son sustancialmente similares a intereses del ahorro pero jurídicamente clasificados de otra forma, se extiende el ámbito de aplicación de la Directiva a productos financieros similares:
  1. cualquier renta vinculada a valores de cualquier tipo en la que las condiciones de devolución del capital definidas en el momento de la emisión incluyen el compromiso hacia el inversor de que reciba la menos, al final del período de inversión, el 95% del capital invertido, o las condiciones definidas en la fecha de emisión vinculan al menos el 95% del valor a intereses o renta de determinados tipos definidos en la Directiva como intereses; y
  2. beneficios derivados de contratos de seguro de vida si el contrato contiene una garantía relativa a la devolución de renta o cuando la rentabilidad del contrato está vinculadas en más del 25% a determinado tipo de intereses o renta equivalente cubierta por la Directiva (salvo productos como planes de pensiones a largo plazo).
  • Regla de igualación de condiciones de competencia de los Fondos de Inversión: frente a la limitación de la Directiva actual a renta obtenida a través Instituciones de Inversión Colectiva autorizadas de acuerdo con la Directiva 85/611/CEE (UCITs), se establece una regla que persigue articular un level playing field para fondos de inversión incluyendo en el ámbito de aplicación de la Directiva toda la renta relevante distribuida o capitalizada por todo tipo de IICs (UCITs y Non-UCITs), con independencia de su forma (con y sin personalidad jurídica) y cualificación técnica. La renta relevante de todos los Fondos de Inversión no UE resulta igualmente cubierta.

Por tanto, estamos ante cambios muy relevantes que afectan a todos los operadores implicados en la gestión de patrimonios tanto a nivel UE como a nivel internacional.