Después de que el Gobierno Nacional retiró su proyecto inicial de reforma tributaria, la Ley de Inversión Social fue aprobada sin mayores sorpresas por el Congreso de la República con un alcance claramente limitado frente a las pretensiones del primer proyecto, enfocando el recaudo en las personas jurídicas.

El proyecto no resuelve temas de fondo ni técnicos ni de recaudo, pero es un alivio dentro de la viabilidad política de una reforma tributaria en las actuales circunstancias. Aprobada esta reforma tributaria, sin duda una próxima se avecina en el año 2022 o 2023.

Dentro de las medidas aportadas, además del aumento en tarifa del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, se limita el descuento del ICA en este impuesto y vuelven a implementarse amnistías tanto con la creación nuevamente del Impuesto de Normalización Tributaria (amnistía patrimonial), así como en el pago, y frente a los procesos administrativos y judiciales, siendo esto ya un mecanismo tradicional de todas las reformas para la mejora del recaudo.

Así, la tributación se recarga más en las sociedades, alterando la tendencia que se venía manejando en las últimas reformas de desplazarla hacia las personas naturales siguiendo los estándares internacionales, a los que seguramente se aspirara a regresar una vez sea superada la coyuntura generada por la pandemia.

Puede consultar AQUÍ el documento completo con los detalles de la nueva regulación.