La Asamblea Legislativa, mediante Decreto No. 856 de fecha 15 de diciembre de 2017, aprobó la “Ley de Procedimientos Administrativos” (LPA) que entrará en vigencia doce meses después de su publicación en el Diario Oficial. Mientras la LPA entra en vigencia, la Asamblea Legislativa emitió las “Disposiciones Transitorias del Procedimiento Administrativo y del Régimen de la Administración Pública”, a efectos de complementar y facilitar la aplicación de la “Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa” que entra en vigencia el 31 de enero del presente año.

La LPA cuenta con 168 artículos que regulan con carácter general y uniforme los procedimientos para resolver conflictos entre el Estado y ciudadanos, y desarrolla los principios que deben regir la actividad de la Administración Pública, estableciendo los requisitos de validez y eficacia, límites y medios de ejecución de los actos administrativos que impongan obligaciones a los administrados; lo cual permitirá que el respeto a los derechos fundamentales logre mayor efectividad.

Esta nueva Ley también establece los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, tales como el derecho a la buena Administración - que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad y que sean resueltos en un plazo razonable y al servicio de la dignidad humana -, al acceso a la información pública, archivos y registros, a presentar quejas, sugerencias y reclamaciones ante la Administración Pública, entre otros.

Asimismo, la LPA promueve la agilización de trámites y procedimientos ante las instituciones del Estado mediante la eliminación de requisitos innecesarios, la estandarización de los formularios oficiales, y el uso de tecnologías de la información y comunicación para simplificar las actuaciones y optimizar los recursos de la Administración, en beneficio de los ciudadanos.

Esta Ley será aplicable a todas las oficinas del Estado - incluyendo a las municipalidades - en relación a los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que contraríen la LPA, salvo algunas excepciones previstas en la misma Ley. Esta Ley no será aplicable a los procedimientos iniciados antes de que la misma entre en vigencia, los cuales continuarán rigiéndose por la normativa anterior.