El Consejo de Ministros del pasado 13 de septiembre ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones

I. Objetivos de la reforma

La nueva ley tiene dos objetivos principales: 1º) Facilitar el despliegue de las redes de nueva generación fijas y móviles, ampliando su cobertura; 2º) Mejorar la oferta a los ciudadanos de servicios innovadores, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, impulsando unas condiciones más efectivas de competencia.  

II. Medidas adoptadas  

Según las declaraciones del Ministro de Industria, Energía y Turismo que impulsa la reforma1, -que deberán ser corroboradas a la vista del texto del proyecto enviado al Congreso-, para lograr los objetivos señalados, se adoptan las medidas que se exponen a continuación y que giran en torno a cuatro líneas de actuación. Al final de este documento se incluye un gráfico que resume el contenido de la nueva Ley.  

  1. Impulso de la competencia y mejora de los servicios a los usuarios. Para la consecución de este resultado, se prevén las siguientes medidas:  
  • Análisis periódico de los distintos mercados;  
  • Clarificación de la actuación de las Administraciones Públicas (AAPP) en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones. A tenor de esto, se ha de señalar que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha lanzado una consulta pública a fin de recabar opiniones para actualizar la circular que regula la actividad de las AAPP en el sector de las telecomunicaciones2;  
  • Mejora de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones relacionados con la protección de datos de carácter personal y la privacidad (en particular, respecto al uso de cookies);  
  • Fortalecimiento de la potestad inspectora y sancionadora de la Administración. En esta línea, se definen nuevas infracciones (ej. relativas al uso fraudulento del espectro radioeléctrico) y se elevan las cuantías de las sanciones hasta los 20 millones de euros para infracciones muy graves;
  • Creación de una Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud.  
  1. Recuperación de la unidad de mercado y reducción de la dispersión normativa. Las medidas adoptadas son:  
  • Adopción de mecanismos de coordinación y colaboración del Estado con las CCAA y las Entidades Locales que faciliten el despliegue de nuevas redes;  
  • Definición de las redes públicas de comunicaciones electrónicas como equipamiento de carácter básico, cuya instalación se configura como obra de interés general. Se obliga a instalar estas redes en zonas de nueva urbanización;  
  • Imposición de requisitos técnicos comunes para el despliegue de redes, así como límites máximos únicos en todo el territorio nacional de emisión y exposición a campos electromagnéticos.  
  1. Simplificación administrativa. Conscientes de que hasta ahora las trabas administrativas han supuesto un obstáculo importante para el desarrollo de nuevas redes, se adoptan varias medidas tendentes a facilitar las relaciones entre operadores y las diversas Administraciones Públicas implicadas. Algunas de estas medidas son las relacionadas a continuación:  
  • Se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico;  
  • Se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.  
  1. Fomento del despliegue de redes. Además de la simplificación de los procedimientos administrativas, otras medias pretenden impulsar el despliegue de nuevas redes:  
  • Se facilita el despliegue de las redes fijas de telecomunicación en los edificios y se garantiza el derecho de cualquier usuario a acceder a las redes ultrarrápidas. Los operadores podrán utilizar los elementos comunes de los edificios en régimen de propiedad horizontal para instalar dichos accesos ultrarrápidos.  
  • Se incentiva el uso compartido de modo que para desplegar las nuevas redes de telecomunicación, los operadores podrán reutilizar las canalizaciones, conductos y emplazamientos de titularidad pública o de otras redes de operadores privados, al objeto de minimizar las obras  

III. Oportunidad de la reforma  

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo justifica la aprobación de la nueva norma en la necesidad de impulsar un sector productivo clave para la economía española y de adaptar la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, un norma de hace diez años a las novedades tecnológicas del sector (despliegue de redes de fibra óptica ultrarrápida, comercialización de servicios sobre redes móviles 4G), pretendiendo que los beneficios de la liberalización iniciada en el año 1998 lleguen de forma efectiva a los usuarios.  

No obstante, considerando que en el ámbito de la Unión Europea se está gestando una nueva modificación de la normativa reguladora de las comunicaciones electrónicas (cfr. Propuesta de Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) n.º 1211/2009 y (UE) n.º 531/2012 (COM(2013) 627 final 2013/0309. Bruselas, 11.9.2013), cuyos objetivos son similares a los de la nueva norma española, lo prudente sería esperar a que la normativa comunitaria fuera definitiva.

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