En nuestro anterior post expusimos cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años el tratamiento fiscal de las rentas del ahorro en el IRPF y cuál es la situación actual y el contexto en que la misma se desenvuelve. Dicho contexto, marcado por la crisis económica y los compromisos asumidos por el Estado español ante la Comisión europea tendentes a la reducción del déficit de la economía, es sobre el que se proyecta la actual reforma del impuesto, impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y enmarcada en la más amplia reforma del sistema tributario. Con ésta ya serán cinco las modificaciones estructurales del impuesto, y de nuevo la fiscalidad del ahorro vuelve a ser uno de los ejes de actuación.

El proyecto de ley a través del que se efectuaría la reforma, actualmente en tramitación parlamentaria, aboga por una significativa reducción de los tipos de gravamen en comparación con los actualmente aplicables, no sólo respecto de las rentas del esfuerzo personal sino también respecto de las rentas del ahorro.

Dejando al margen el comentario que puedan merecer las medidas incorporadas en el proyecto sobre la tributación de las rentas del esfuerzo personal y de naturaleza inmobiliaria, las medidas propuestas que afectan a la fiscalidad del ahorro y la inversión merecen varios comentarios y reflexiones.

En primer lugar, debe señalarse que la carga fiscal que actualmente soportan las rentas del ahorro es objeto de minoración. Los actuales tipos del 21%, 25% y 27% (marginal previsto para rentas del ahorro superiores a 24.000) se verá reducido progresivamente hasta llegar en 2016 a un tipo progresivo con tres tramos, siendo los tipos para cada tramo los del 19%, 21% y 23%, y quedando el tipo marginal para las rentas del ahorro superiores a 50.000 euros. Esta reducción de tipos es, en sí mismo, positiva, si se compara con los tipos actuales. Sin embargo, la reducción puede quedarse corta si se compara los nuevos tipos con el tipo fijo del 18% con que nació la Ley 35/2006 o con el tipo aplicable en 2012 (19%-21%). Parece que el modelo dual puro que se instauró en el año 2006 ya no volverá y que la progresividad vuelve a la tributación del ahorro para quedarse definitivamente.

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Sin perjuicio de la opinión que pueda merecer la minoración de los tipos de gravamen, puede afirmarse, en segundo lugar, que la tributación del ahorro experimenta una mejora en términos de neutralidad, gracias a la re-inclusión de las plusvalías cortoplacistas en la base imponible del ahorro y la posibilidad de compensar las rentas financieras de diferente signo y calificación en la base imponible del ahorro (rendimientos del capital mobiliario y alteraciones patrimoniales). Con ello se consigue que la opción por la inversión entre uno u otro producto financiero no esté condicionada por la fiscalidad aplicable ni por distorsiones asociadas al plazo de la inversión o la calificación fiscal de la renta. Ello garantiza que nuestros mercados financieros sean más competitivos y, sobre todo, funcionen con mayor libertad y sin distorsiones de tipo fiscal.

Aunque sigue inexplicablemente sin corregirse la inflación en las rentas del ahorro, es de destacar, en tercer lugar, el esfuerzo del legislador por regular incentivos fiscales al ahorro a largo plazo. Ejemplo de ello son los nuevos Planes Individuales de Ahorro a Largo Plazo y la aproximación entre éstos y los Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), así como el mantenimiento del diferimiento tributario por traspasos en la inversión colectiva. El inversor que desee ahorrar a largo plazo podrá suscribir en plano de igualdad contratos bancarios de depósito, seguros de vida o inversiones en instituciones de inversión colectiva sin que la calificación fiscal de la renta o su régimen fiscal condicione su libre elección.

En cuarto lugar, la fiscalidad de las inversiones en bolsa experimenta algunos cambios relevantes que merecen comentario aparte.

Se elimina la exención de 1.500 euros anuales para los dividendos, lo cual se hace sin una justificación convincente. No debe olvidarse que la exención se estableció en 2006 como compensación por la eliminación de la doble imposición interna de dividendos, de modo que la imposibilidad de aplicar esta exención a partir del 2015 hará menos atractiva la inversión en portfolios de valores con buen dividendo anual.

Asimismo, se ha decidido eliminar el diferimiento fiscal que hasta ahora correspondía a la venta de derechos de suscripción preferente, dado que el importe obtenido en la venta de derechos pasará a tributar como ganancia patrimonial en el período en que tenga lugar la transmisión de los derechos -y además con sometimiento a la obligación de retención a cuenta- en lugar de minorar el coste de la cartera. Tras esta medida está sin duda la corrección de una regla que, dicho sea de paso, era mal aplicada por los contribuyentes y escasamente controlada por la administración tributaria. Con el cambio proyectado se mejorará la recaudación y el control de esta tipología de rentas, de eso no hay duda, pero se producirá un claro perjuicio a las modernas fórmulas de retribución del accionista mediante ampliaciones de capital con cargo a beneficios no distribuidos (scrip dividends) que en estos años de crisis permite a algunas compañías sometidas a supervisión prudencial mantener su política de dividendos sin perjudicar sus fondos propios.

En quinto lugar, debe valorarse positivamente el esfuerzo por mantener la competitividad de nuestro sistema de previsión social complementaria mediante la conservación de los incentivos fiscales a los planes de pensiones pese a las fuertes presiones recibidas del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, que abogaban por su supresión. Sin embargo, no acaba de entenderse la incongruencia entre fomentar el ahorro previsional a largo plazo con la creación de un nuevo supuesto de liquidez en los planes de pensiones y resto de sistemas de previsión social una vez transcurridos 10 años, especialmente si se tiene en cuenta la preocupación de los poderes públicos por la sostenibilidad del sistema público de pensiones y las recomendaciones del Pacto de Toledo. Además, la creación de este nuevo supuesto de liquidez en planes de pensiones y demás instrumentos de previsión social abre una peligrosa puerta a la desnaturalización de estos instrumentos jurídicos como verdaderos sistemas de previsión social, quedando más próximos a los instrumentos de ahorro puro, lo que trae a colación la reflexión de si sería conveniente -por aquello de la neutralidad fiscal entre las diferentes fórmulas de ahorro- hacer tributar como renta del ahorro la rentabilidad financiera que se encuentre implícita en la cantidad que sea objeto de rescate en un plan de pensiones en el que ya hayan transcurrido diez años.

En último término, merece la pena comentar alguna de las medidas proyectadas para reforzar la lucha contra el fraude tributario. Me refiero a las modificaciones en el régimen especial de transparencia fiscal internacional y el nuevo exit tax. Los cambios en el régimen de transparencia fiscal internacional puede en algunos casos llevar a gravar exageradamente estructuras económicas de ahorro e inversión reales, que no responden a montajes puramente artificiales, impidiendo así la libre circulación del capital fuera de nuestras fronteras. En cuanto al nuevo exit tax, pensado sin duda para frenar determinados traslados de residencia que persigan una exclusiva finalidad tributaria, es posible que acabe perjudicando a multitud de contribuyentes cuya movilidad transnacional, en nada se deba a motivos fiscales. Ambas medidas, en el borde de la legalidad a la luz del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pueden erigirse en una gran traba a la movilidad de las personas y el capital.