Este jueves el Pleno del Congreso ha aprobado la nueva Ley de Contratos del Sector Público, rechazando todas las enmiendas introducidas en el Senado (a los a los artículos 122.2, 149.4. penúltimo párrafo y, 202.2., tercer párrafo, en las que se permitía a las empresas adjudicatarias priorizar un convenio de empresa sobre el sectorial) y poniendo fin así al procedimiento legislativo por el que se aprueba la nueva Ley de Contratos del Sector Público.  

El texto aprobado, consta de 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 16 disposiciones finales, y seis anexos, y supone la transposición al ordenamiento español de las Directivas europeas sobre contratación pública, en particular, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE; así como la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión sin perjuicio de lo incorporado respecto a esta última Directiva a través de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. El plazo para la transposición de las citadas Directivas finalizó el 18 de abril de 2016.

El objeto de esta norma es regular la contratación del sector público, con el fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Además, esta norma también recoge la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.

La Ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el BOE (salvo algunos artículos), lo que se espera que se producirá de manera inminente. Además, contiene varias disposiciones transitorias en las que se tiene en cuenta, por ejemplo, los expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma.