El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación al apreciar que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia determinar si —en aras de la seguridad jurídica, la igualdad y la legalidad en materia tributaria— la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2a y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales obliga en todo caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica.

Como es sabido, a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017, de 11 de mayo, en la que se declaró que los artículos 107.1, 107.2a y 110.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales eran inconstitucionales y nulos, han sido muchas las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones que, con el objeto de obtener la devolución de ingresos indebidos, han sido presentadas por aquellos que resultaron obligados a satisfacer la cuota tributaria del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana pese a no haber experimentado incremento de valor alguno con la transmisión de tales elementos patrimoniales.

Pues bien, en aquellos casos en los que estos sujetos han terminado acudiendo a la vía judicial para lograr la efectividad de su pretensión, se da la paradoja de que los tribunales no se han manifestado al respecto de forma unánime, llegando incluso a modificar en poco tiempo su propio criterio. La duda surge de la diferente interpretación que en los juzgados se ha venido dando a la aludida Sentencia del Tribunal Constitucional, por cuanto en ella se declaró que los citados preceptos eran inconstitucionales y nulos, «pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor».

En ese sentido, una de las posiciones sustentadas al respecto es la que mantuvo, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la Sentencia de  24  de octubre del 2017 (rec. 61/2016). En ella consideró que, una vez expulsados del ordenamiento jurídico los artículos 107.1, 107.2a y 110.4 de la ley de haciendas locales —al considerarse inconstitucionales y nulos en la medida en que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor—, «no hay forma de determinar si ha existido o no hecho imponible o hallar la base imponible», extremo que, a juicio del tribunal, sólo puede concretar el legislador.

El mismo razonamiento se esgrimió también en la Sentencia de 7 de julio del 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo número  2  de Zaragoza, que estimó el recurso del contribuyente sin dar cabida a la acreditación de la existencia de incremento o decremento en el valor del terreno de naturaleza urbana, ya que en su opinión debe procederse a «la anulación de todas las liquidaciones, bien las directamente recurridas, bien cuando se ha pedido la devolución de un pago indebido». Igual que en el caso anterior, y partiendo del hecho de que el Tribunal Constitucional no procedió a interpretar, sino a anular y expulsar del ordenamiento jurídico los citados preceptos —y con ello el modo en el que debía determinarse el incremento patrimonial en cada caso—, el juzgado considera que la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa.

Así las cosas, desde su punto de vista, es el legislador quien debe llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Por ese motivo, en dicha sentencia se sostiene que los tribunales de justicia no pueden continuar dictando sentencias sobre la base de determinar, conforme al criterio propio de cada órgano judicial, si ha existido o no incremento patrimonial. Defender lo contrario, en su opinión, implicaría sostener que los jueces y tribunales deben salirse de la ley inventado los elementos que lleven a determinar si hubo o no incremento patrimonial en cada caso, extremo que vulneraría tanto la seguridad jurídica como el principio de legalidad.

Una posición contraria a la expuesta la ha defendido más recientemente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que, en la Sentencia de  16  de noviembre del  2017 (rec. 62/2017), modifica expresamente el criterio sustentado en su fallo de octubre del mismo año, ya comentado. Considera ahora que «el sistema normativo regulador del IIVTNU no es, con carácter general, contrario a la Constitución española, en su configuración actual, siéndolo únicamente en aquellos supuestos en los que someta a tributación situaciones que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Una vez constatada la existencia del hecho imponible, resultarán de aplicación las reglas objetivas de cuantificación de la base imponible previstas en el artículo 107 del [Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales]». De ese modo, estima el tribunal que la simple negación del hecho imponible no será suficiente, sino que el sujeto pasivo debe aportar un principio de prueba acerca de la inexistencia de incremento de valor del elemento patrimonial transmitido, trasladándose entonces la carga de la prueba a la Administración local en el caso de que quiera cuestionar el decremento alegado. 

Pues bien, en la misma línea se ha posicionado ahora el Ayuntamiento de Zaragoza al interponer recurso de casación contra la citada sentencia del Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo número  2, aduciendo que la posición maximalista defendida por éste podría generar un grave daño al interés general; podría afectar a un gran número de situaciones, trascendiendo del caso objeto del proceso; supondría la aplicación errónea de la doctrina que dimana de la  aludida sentencia del Tribunal Constitucional; vulneraría el deber de contribuir al admitir las pretensiones de los recurrentes sin necesidad de acreditar si existe un incremento o un decremento patrimonial, y reduciría la autonomía financiera de los entes locales (art. 142 de la Constitución española —CE—).

Ante esta situación de incertidumbre y dadas las consecuencias derivadas de la existencia de fallos contradictorios respecto de la cuestión analizada, el Tribunal Supremo, mediante su Auto de 23 de noviembre del 2017 (JUR 2017\297220), ha decidido admitir a trámite dicho recurso al considerar que concurre interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia.

A nuestro modo de ver, la doctrina que acabe fijando el Tribunal Supremo puede ser particularmente relevante si, finalmente, la ley de haciendas locales se modifica en el sentido del proyecto de ley que ya se ha presentado —dando así cumplimiento a la tarea que el Tribunal Constitucional encomendó al legislador— con la finalidad de solucionar esta cuestión. Y es que, a tenor del Proyecto de Ley de Modificación del Impuesto de Plusvalía Municipal en la Ley de Haciendas Locales, la inexistencia de incremento de valor en la transmisión de un terreno —calificada como un supuesto de no sujeción— podrá acreditarse mediante el cálculo de la diferencia entre los valores reales de transmisión y adquisición de aquél, ahora bien, lo anterior, según lo previsto en dicho proyecto de ley, se establecería «con efectos desde el 15 de junio del 2017».

De ese modo, los sujetos que, con carácter previo a esa fecha, hubieran soportado el impuesto pese a la inexistencia de incremento patrimonial alguno, no podrían ampararse en la modificación de la ley, debiendo atenerse a lo que en ese sentido disponga el Tribunal Supremo, salvo que, finalmente, termine arbitrándose un procedimiento especial para esos supuestos. Cabe recordar que precisamente la mayor parte de las reclamaciones que pueden tener como finalidad la devolución de ingresos indebidos guardarán relación con transmisiones de terrenos efectuadas durante los años en los que la crisis económica afectó de manera muy especial al sector inmobiliario, traduciéndose en muchos casos en enajenaciones de terrenos por debajo de su valor real de adquisición.