El Boletín Oficial de las Cortes Generales núm. 49, de 21 de junio de 2013, ha publicado el Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Se trata de una norma dirigida a reconducir la actividad y organización de una parte del sector financiero especialmente dañada, tanto económicamente como en su credibilidad, por las consecuencias de la crisis económica. Como se sabe, la casi totalidad de las cajas de ahorros se han visto afectadas por aquellas consecuencias, de manera que, en la actualidad, se encuentran inmersas en diversos procesos de integración, reestructuración o resolución, con arreglo a las diferentes disposiciones que se han tenido que ir aprobando durante estos últimos cinco años.

La norma proyectada persigue ordenar y simplificar las normas vigentes en este ámbito, para lo que establece el régimen jurídico tanto de cajas de ahorros como de las fundaciones bancarias, figura novedosa, que se introdujo por la Disposición final decimotercera de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, que, a su vez, era nueva respecto a las que contenía el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, sobre restructuración y resolución de entidades de crédito, del que traía causa la citada Ley.

Entre las importantes disposiciones que se proyectan, destacan las previsiones en materia de gobierno corporativo que se hace para ambas instituciones.

1. Órganos de gobierno de las cajas de ahorros

La administración, gestión, representación y control de las cajas se encomienda a la asamblea general, el consejo de administración y la comisión de control. Además, en el consejo se constituirán comisiones de inversiones, de retribuciones y nombramientos y de obra social.  

La aprobación del proyecto de ley significará un importante avance en la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas, lo cual conlleva para todos los miembros del consejo de administración de la correspondiente caja, la exigencia de conocimientos y experiencia específicos para el ejercicio de las funciones propias. Hasta ahora, como bien se sabe, este requisito solo se exige para la mayoría de los miembros del consejo, pero no para su totalidad.  

Por lo que respecta a la composición de la asamblea general de las cajas, también se producirá una importante modificación respecto al modelo vigente. La reforma implica una reducción en el porcentaje de participación de las Administraciones públicas en el órgano colegiado, de manera que se pasará de un 40 a un 25 por ciento. También se refuerza el papel de los impositores mediante la previsión de un nuevo mecanismo para la designación de sus representantes en la asamblea (consejeros generales), así como incrementando su presencia en la misma, hasta alcanzar un porcentaje entre el 50 y el 60 por ciento del total de miembros del órgano.  

Destaca, igualmente, el establecimiento de un riguroso régimen de incompatibilidades para todos los miembros de los órganos de gobierno, equiparable al previsto para los órganos de administración y cargos equivalentes de los bancos, añadiendo que el ejercicio del cargo será incompatible con el de todo cargo político electo; con cualquier cargo ejecutivo en partido político, asociación empresarial o sindicato; con el de alto cargo de la Administración del Estado, las comunidades y local, así como con las entidades del sector público, de derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquéllas. La incompatibilidad se extenderá durante los dos años siguientes a la fecha del cese de los altos cargos.

2. Las fundaciones bancarias  

El art. 32 del Proyecto ofrece una definición de fundación bancaria, al establecer que será aquella que mantenga una participación en una entidad de crédito que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad, o que le permita nombrar o destituir algún miembro de su órgano de administración. Su finalidad será social y orientará su actividad principal a la atención y desarrollo de la obra social y a la adecuada gestión de su participación en una entidad de crédito. Por lo que respecta a la denominación, se deberá hacer constar la expresión «fundación bancaria», si bien, no hay inconveniente en que en la denominación y en su actividad puedan utilizar las denominaciones propias de las cajas de ahorros de las que procedan.  

En todo lo no previsto en el Proyecto, las fundaciones bancarias quedarán sujetas, con carácter supletorio, al régimen jurídico previsto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones (art. 33).  

3. Órganos de gobierno de las fundaciones bancarias  

Se establecen como órganos de gobierno el patronato, el director general, las comisiones delegadas del patronato así como cualquier otro órgano o comisión previsto por los estatutos de acuerdo con la normativa general de fundaciones. Por ello hay que tener en cuenta que la Ley de Fundaciones excluye expresamente la delegación de la aprobación de las cuentas y del plan de actuación, la modificación de los estatutos, la fusión y la liquidación de la fundación, así como “aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado” (art. 16.1 Ley 50/2002). El protectorado de las fundaciones bancarias de competencia estatal será ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad, mientras que si su ámbito de actuación es regional, lo ejercerá la correspondiente Comunidad Autónoma (art. 45), mientras que las funciones de supervisión y control serán competencia del Banco de España (art. 46).  

4. Reglas de gobierno corporativo para ambos tipos de entidades  

Tanto a las cajas de ahorros como a las fundaciones bancarias se les impone la obligación de cumplir con las normas de gobierno corporativo propio de las entidades de crédito así como con las exigencias respecto a profesionalidad, independencia, transparencia y eficiencia máximos, que impidan poner en riesgo la solvencia de las entidades en las que participan.  

En el caso concreto de las fundaciones, la aplicación de esta normativa se prevé escalonada, y únicamente será exigible a aquellas fundaciones bancarias que tengan una participación cualificada (igual o superior al 30%) o de control en una entidad de crédito; si la participación es superior al 50% el grado de intervención de la normativa estatal será más riguroso y se exige la elaboración de un plan de diversificación de sus inversiones para minimizar riesgos y constituir un fondo de reserva para garantizar la financiación de la entidad participada, si se presentaran dificultades (Plan financiero, art. 44).  

Las cajas de ahorros deberán elaborar un Informe de gobierno corporativo y un Informe anual sobre remuneraciones de los miembros del consejo de administración y de la comisión de control, con arreglo al contenido y estructura previsto por el artículo 31 del Proyecto, en el que se distingue si la caja emite valores admitidos a negociación o no. En el primero de los casos, los Informes, que tendrá la consideración de hecho relevante, se comunicarán para su publicación a la CNMV, la cual, a su vez, remitirá copia de los mismos al Banco de España y a las Comunidades Autónomas. Si no emiten valores, los Informes se comunicarán al Banco de España para que sea éste el que remita copia a la CNMV y a las Comunidades Autónomas.  

Las fundaciones bancarias, como hemos señalado anteriormente, también deberán cumplir con obligaciones de gobierno corporativo, que se traducen en la elaboración, con carácter anual, de un Informe de gobierno corporativo, cuyo contenido mínimo se establece en el art. 48 del Proyecto (detalle de los órganos de gobierno; política de inversiones; remuneraciones; operaciones vinculada; conflictos de interés; y, actividad de la obra social), si bien su estructura y requisitos de publicación deberán ajustarse a lo que disponga más adelante el Ministro de Economía y Competitividad.