El pasado día 1 de septiembre entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (TRLC). De este modo, la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal queda derogada casi en su totalidad.

Según se establece en el Preámbulo del TRLC, este texto refundido se ha creado ante la imprescindible necesidad de reordenación, clarificación y armonización tanto de la Ley Concursal como de las normas que con rango de ley que modificaron la misma.

De este modo, el TRLC será de aplicación a todos los procedimientos concursales, tanto a los anteriores que ya se encontrasen en tramitación como a los que se declaren con posterioridad a su entrada en vigor. Con la salvedad de las excepciones que se encuentren expresamente previstas en las disposiciones derogatoria y transitoria.

En lo que respecta al régimen transitorio, la disposición transitoria única establece que el contenido de los artículos 57 a 63, 84 a 89, 560 a 566 y 574.1 todos ellos inclusive, que corresponda a las modificaciones introducidas en los artículos 27 (condiciones subjetivas para el nombramiento de administradores concursales), 34 (retribución de la administración concursal) y 198 (Registro Público Concursal) de la Ley Concursal, no entrarán en vigor hasta que no se produzca su desarrollo reglamentario.

En concreto, el novedoso TRLC está dividido en tres libros: el primero, dedicado al concurso de acreedores; el segundo, al derecho preconcursal; y, el tercero, a las normas de derecho internacional privado. Es decir, en total, el TRLC, cuenta con 752 artículos, lo que supone más del triple de los artículos de la Ley Concursal, la cual contaba con 242 artículos y ocho disposiciones adicionales.

Por tanto, las características más relevantes serían que el nuevo TRLC (i) contiene una nueva redacción, estructura y enumeración; y (ii) incorpora la doctrina jurisprudencial que durante los últimos años ha venido interpretando la Sala Primera del Tribunal Supremo.

Conviene destacar que, las medidas urgentes que fueron adoptadas con motivo de la crisis del Covid-19, en especial las contenidas en el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, no resultan derogadas por este TRLC sino que las mismas coexistirán en el tiempo.

En este sentido, dentro del ámbito específico que regulen las mismas, en aplicación del principio de especialidad que se le otorga a esas medidas excepcionales, estas medidas prevalecerán frente a lo dispuesto en el TRLC durante el tiempo que estén previstas.