La disposición final tercera de la Ley 25/2013, de impulso a la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público (“la Ley”, en adelante), modifica el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) en materia de clasificación de los empresarios y de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica. Pasamos a reseñar las novedades introducidas.

  1. Reducción de los supuestos de exigencia de clasificación del empresario (art. 65 y DT Cuarta de la TRLCSP)
  • Para los contratos de obras, la exigencia de que el empresario se encuentre debidamente clasificado únicamente se impone a los contratos con un valor estimado igual o superior a 500.000 euros (hasta ahora, era de 350.000 euros).
  • Se suprime la exigencia de clasificación para los contratos de servicios.
  • Se precisa que “la clasificación no será exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos”.
  • Se pospone la entrada en vigor de esta nueva regulación de la exigibilidad de clasificación al momento en que lo precisen las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en las que se clasifican los contratos de obras y de servicios. En todo caso, y desde la entrada en vigor de la Ley, “no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000 euros” (disposición transitoria cuarta del TRLCSP).
  1. Nueva regulación de los medios de acreditar la solvencia económica y financiera por el empresario (art. 65 TRLCSP)
  1. Para los contratos de obras y de servicios exentos de la obligación de clasificación, los empresarios podrán acreditar su solvencia indistintamente mediante:
    1. Su clasificación, en su caso, como contratista, en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato.
    2. Acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato (según la obligación de su especificación que introduce esta Ley). En defecto de estos requisitos específicos, la acreditación se efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, teniendo esta regulación carácter supletorio respecto de los que puedan figurar en los pliegos.
  2. Para los demás tipos de contratos, los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato. Reglamentariamente se podrán establecer los medios y requisitos que, en defecto de los establecidos en los pliegos, y atendiendo a la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato acrediten la solvencia para poder ejecutar estos contratos.
  1. Nueva regulación (más estricta) de la acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera (art. 75 TRLCSP)
  • Esta acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario “se efectuará mediante la aportación de los certificados y documentos que para cada caso se determinen reglamentariamente”.
  • Se precisa que, “en todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas de las Administraciones Públicas acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario”.
  • Se suprime la posibilidad de que el órgano de contratación pueda permitir, por razones justificadas que alegue el empresario, que la acreditación de la solvencia se haga por “cualquier otro documento que considere apropiado”.
  1. Obligación de que el órgano de contratación concrete en el anuncio de licitación y en los pliegos los criterios de solvencia (nuevo art. 79 bis)
  • Este nuevo precepto exige que “la concreción de los requisitos mínimos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica o profesional exigidos para un contrato, así como de los medios admitidos para su acreditación, se determinará por el órgano de contratación y se indicará en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallará en los pliegos, en los que se concretarán las magnitudes, parámetros o ratios y los umbrales o rangos de valores que determinarán la admisión o exclusión de los licitadores o candidatos”.
  • En defecto de tal concreción, “serán de aplicación los establecidos reglamentariamente para el tipo de contratos correspondiente, que tendrán igualmente carácter supletorio para los no concretados en los pliegos”.
  • Deberá, asimismo, especificarse en el anuncio de licitación y en los pliegos, “código o códigos del Vocabulario «Común de los Contratos Públicos» (CPV) correspondientes al objeto del contrato, los cuales determinarán el grupo o subgrupo de clasificación, si lo hubiera, en que se considera incluido el contrato”. Ello es a los efectos de que los empresarios puedan utilizar su clasificación en el grupo o subgrupo para acreditar su solvencia, precisando este precepto que tal clasificación se tendrá siempre como “prueba bastante” para ello.
  1. Mayor objetivación de los criterios que puede utilizar el órgano de contratación para la acreditación de la solvencia económica y financiera (art. 75 TRLCSP)

La reforma establece criterios más objetivos y exige que en el anuncio de licitación o invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se especifiquen cuáles serán los medios, de entre los recogidos en este precepto, admitidos para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los empresarios que opten a la adjudicación del contrato, con indicación expresa del importe mínimo, expresado en euros, de cada uno de ellos. Estos criterios son:

  1. “Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
  2. En los casos en que resulte apropiado, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.
  3. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente”.
  1. Facturas electrónicas en los procedimientos de contratación pública (DA decimosexta del TRLCSP)

A la necesidad de autenticar, mediante firma electrónica, todos los actos y manifestaciones de voluntad con efectos jurídicos que se emitan en el procedimiento de contratación que contempla esta disposición adicional, la Ley añade que las facturas electrónicas que se emitan se regirán por lo dispuesto en sus preceptos1