1. REAL DECRETO-LEY 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.

La Exposición de Motivos justifica la introducción de las nuevas medidas por razón de que todos los indicadores exteriorizan una moderada recuperación de la economía española, que paulatinamente irá traduciéndose en la reducción del número de personas desempleadas. No obstante, se entiende que la introducción de medidas adicionales puede contribuir a la aceleración de la creación de nuevos puestos de trabajo.

Como regla general, la entrada en vigor de la norma se ha producido en fecha 2 de marzo de 2014, pero hay que tener en cuenta las especialidades que se irán desgranando a continuación.

Descripción de la “tarifa plana”

La norma tiene como objetivo establecer una “tarifa plana” que suponga la reducción de las cuotas de Seguridad Social. De este modo, y con efectos de 25 de febrero de 2014, cuando se cumplan las condiciones y requisitos que se expresarán más adelante, la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes se reducirá, en los supuestos de contratación indefinida, a las siguientes cuantías:

  • Si la contratación es a tiempo completo: 100 € mensuales.
  • Si la contratación es a tiempo parcial:
  • Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 75% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable: 75 € mensuales.
  • Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 50% de la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable, 50 € mensuales.

Estas reducciones se aplicarán durante un período de 24 meses, computados a partir de la fecha de efectos del contrato, que deberá formalizarse por escrito, y respecto de los celebrados entre el 25 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014. Así pues, habrá que ver si el Gobierno opta por prorrogar la medida para los contratos que se celebren en el 2015.

En todo caso, finalizado el indicado período de 24 meses, y durante los 12 meses siguientes, las empresas que al momento de celebrar el contrato al que se aplique la reducción cuenten con menos de diez trabajadores tendrán derecho a una reducción equivalente al 50% de la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado de manera indefinida. Es decir, la norma opta por reducir las cotizaciones a las pequeñas empresas más allá de los 24 meses iniciales.

Obviamente, y para resolver cualquier duda que se pudiera suscitar, cuando las fechas del alta y de la baja del trabajador en el régimen de Seguridad Social que corresponda no sean coincidentes con el primero o el último día del mes natural, el importe de la aportación empresarial indicada se reducirá de forma proporcional al número de días en alta en el mes.

Requisitos que deben cumplir las empresas

¿Qué requisitos deberán cumplir las empresas para tener derecho a las reducciones indicadas?

  • Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, tanto en la fecha de efectos del alta de los trabajadores como durante la aplicación de la aportación empresarial reducida. Si durante el período de aplicación de la reducción existiese una falta de ingreso, total o parcial, de las obligaciones en plazo, se producirá la pérdida automática de la reducción a partir del mes en que se produzca el incumplimiento.
  • No haber extinguido contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados judicialmente como improcedentes en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la reducción. Tampoco podrán haberse extinguido contratos de trabajo por despidos colectivos realizados en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la reducción. Nótese que respecto los despidos colectivos la norma no entra a valorar si dichos despidos no son impugnados o son declarados procedentes: es indiferente, la prohibición es total. Es importante señalar que no se tendrán en cuenta las extinciones que se hayan producido antes del 25 de febrero de 2014.
  • No haber sido excluidas del acceso a los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo.
  • Celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa en los treinta días anteriores a la celebración del contrato.
  • Mantener durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato indefinido con aplicación de la reducción, tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación.

Nivel de empleo

Como las empresas saben bien, se trata de un requisito que se ha ido introduciendo en los últimos tiempos y que complica mucho la toma de decisiones en esta materia, además de la gestión diaria de la empresa y, en general, dificulta la seguridad jurídica. No resulta baladí resaltar que es difícilmente previsible para una empresa saber a ciencia cierta si podrá mantener el nivel de empleo durante 36 meses, lo que provoca que aunque el empresario no tenga ninguna voluntad de incumplir la norma, dicho incumplimiento devenga de forma inevitable.

La norma establece que se examinará el mantenimiento del nivel de empleo indefinido y del nivel de empleo total cada doce meses. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito. A efectos de examinar el nivel de empleo y su mantenimiento en la empresa, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes.

Exclusiones

Las reducciones no se aplicarán, entre otros (existen especialidades en el sector público), en los siguientes supuestos:

  • Relaciones laborales de carácter especial. Por ejemplo, la reducción no sería de aplicación a los altos directivos, entre otras tipologías de trabajadores.
  • Contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, así como las que se produzcan con estos últimos. Se exceptúa de dicha exclusión la contratación de los hijos que reúnan ciertos requisitos previstos en el Estatuto del trabajo autónomo.
  • Contratación de trabajadores cuya actividad determine su inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.
  • Contratación de trabajadores que hubieren estado contratados en otras empresas del grupo de empresas del que formen parte y cuyos contratos se hubieran extinguido por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido unos u otros declarados judicialmente como improcedentes, o por despidos colectivos, en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a la reducción. Tal exclusión no será de aplicación en el caso de extinciones que se hayan producido antes del 25 de febrero de 2014.
  • Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido. Tal exclusión tampoco será de aplicación para el supuesto de trabajadores cuyos contratos de trabajo se hubieran extinguido antes del 25 de febrero de 2014.
  • A la cotización por horas complementarias que realicen los trabajadores a tiempo parcial cuyos contratos den derecho a la reducción.

Consecuencias del incumplimiento de la norma

Para poder tomar correctamente una decisión es indispensable conocer cuáles puede ser las consecuencias jurídicas de incumplir la norma. En los supuestos de aplicación indebida de la respectiva reducción, por incumplir las condiciones ya explicadas, procederá el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con el recargo y el interés de demora correspondientes, conforme a lo establecido en la normativa recaudatoria de la Seguridad Social.

Ahora bien, existe un régimen más benevolente para un supuesto muy concreto. Tal y como se ha explicado anteriormente, la empresa ha de mantener durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato indefinido con aplicación de la reducción, tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación. Pues bien, en caso de incumplimiento de dicho requisito quedará sin efecto la reducción y se deberá proceder al reintegro de la diferencia entre los importes correspondientes a las aportaciones empresariales a la cotización por contingencias comunes que hubieran procedido en caso de no aplicarse la reducción y las aportaciones ya realizadas desde la fecha de inicio de la aplicación de la reducción, en los siguientes términos:

  • Si el incumplimiento de la exigencia del mantenimiento del nivel de empleo se produce a los 12 meses desde la contratación: corresponderá reintegrar el 100% de la citada diferencia.
  • Si tal incumplimiento se produce a los 24 meses desde la contratación: corresponderá reintegrar el 50 por 100 de la citada diferencia.
  • En caso de que el incumplimiento se produjera a los treinta y seis meses desde la contratación: corresponderá reintegrar el 33% de la citada diferencia.

Sólo en relación a dicho supuesto, la norma prevé que no procederá exigir recargo e interés de demora. Por el contrario, y como es habitual, sí puede ser impuesta la correspondiente sanción administrativa.

  1. AUTO del Tribunal Constitucional de fecha 12 de febrero de 2014 sobre el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Por la relevancia de la materia tratada, la posible inconstitucionalidad de la reforma laboral, la resolución fue dictada por el Pleno del Tribunal. Dicha resolución encuentra su origen en la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social 34 de Madrid en el contexto de un procedimiento de despido tramitado por dicho órgano jurisdiccional.

El extenso Auto del Tribunal Constitucional inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por considerar que los aspectos de la reforma laboral que el Juzgado de lo Social consideraba que podían incurrir en inconstitucionalidad se ajustan a la Constitución.