El Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 7 de marzo del 2013, asunto C-343/12, Euronics Belgium CVBA contra  Kamera Express BV, Kamera Express Belgium BVBA, ha declarado que la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo del 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional que establece una prohibición general de poner a la venta o de vender bienes a pérdida, en la medida en que dicha disposición persigue finalidades relacionadas con la protección de los consumidores.

El auto se dicta al hilo de la ley belga de 6 de abril del 2010 relativa a las prácticas comerciales y a la protección de los consumidores, en la que se dispone que «se prohíbe a las empresas poner a la venta o vender bienes a pérdida», entendiendo por tal «cualquier venta a un precio que no sea al menos igual al precio al que la empresa adquirió el bien o que la empresa debería pagar para reabastecerse, una vez deducidos los eventuales descuentos concedidos y obtenidos de modo definitivo», y aclarando que «para determinar la existencia de una venta a pérdida no se tendrán en cuenta los descuentos concedidos, de forma exclusiva o no, a cambio de compromisos de la empresa distintos a la compra de bienes».

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta un auto y no una sentencia sobre la base de lo dispuesto en el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento, según el cual, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia podrá, tras oír al abogado general, resolver en cualquier momento mediante auto motivado que haga referencia a la jurisprudencia aplicable.  

El Tribunal de Justicia considera que la respuesta a la cuestión planteada puede deducirse claramente de las sentencias de 14 de enero del 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C‑304/08, Rec. p. I‑217, apartados 35 a 51), y de 9 de noviembre del 2010, Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag (C‑540/08, Rec. p. I‑10909, apartados 15 a 38), y de los autos de 30 de junio del 2011, Wamo (C‑288/10, Rec. p. I‑0000, apartados 20 a 40), y de 15 de diciembre del 2011, INNO (C‑126/11, apartados 22 a 32).  

Por lo demás, el TJUE destaca que «acciones de venta a pérdida como las que son objeto del litigio principal, que funcionan, como pone de manifiesto el tribunal remitente, como un reclamo, persiguen atraer a los consumidores a los locales comerciales de un comerciante e incitarlos a comprar. Por tanto, se inscriben en el marco de la estrategia comercial de un operador y tienen por objeto directo la promoción y el incremento de las ventas de éste. De ello se deduce que constituyen prácticas comerciales en el sentido del artículo 2, letra d, de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales y, en consecuencia, están incluidas en el ámbito material de aplicación de ésta (véanse en este sentido la sentencia Mediaprint Zeitungsund Zeitschriftenverlag antes citada, apartado 18 y jurisprudencia citada, y el auto Wamo antes citado, apartado 31)».  

Con ese presupuesto, el auto del TJUE recuerda que la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales lleva a cabo una armonización completa a escala comunitaria de las reglas relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas con respecto a los consumidores y, por tanto, como prevé expresamente su artículo 4, los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las definidas en esta directiva, ni siquiera para garantizar un grado más elevado de protección de los consumidores.