El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para 2018 define, por primera vez, el Valor de Referencia de Mercado (VRM) de los inmuebles, lo que permitirá a ayuntamientos, Catastro y contribuyentes tener una referencia respecto de la adecuación de los valores catastrales a la realidad inmobiliaria.

Este concepto, básico en la normativa catastral se introducirá en la Ley del Catastro Inmobiliario. Concretamente, se propone la incorporación de una Disposición Final Tercera y de una Disposición Transitoria Novena, en las que, respectivamente, se establece la definición y el cálculo del VRM y su régimen transitorio.

El VRM se define, para cada inmueble, como el valor resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias realizadas y del resto de fuentes de información disponibles en la Dirección General del Catastro. Para ello, la Dirección General deberá establecer zonas homogéneas de valoración y en cada una de ellas asignar módulos de valor para cada producto inmobiliario tipo, que deberán publicarse, como mínimo de forma anual, en su sede electrónica.

Transitoriamente, y hasta que se apruebe el desarrollo reglamentario, deberá elaborarse un informe anual del mercado inmobiliario en base al cual se establecerán, también anualmente para cada municipio, los referides módulos, utilizando, para los inmuebles urbanos (y para las construcciones situadas en suelo rústico) las normas en vigor para el cálculo de los valores catastrales.

El VRM se incorporará como dato en la descripción catastral de cada inmueble, al igual que el valor catastral y otra serie de datos, y dado que el artículo 23 de la Ley del Catastro Inmobiliario prohíbe que los valores catastrales superen los valores de mercado, la asignación concreta de un VRM a cada inmueble facilitará a los contribuyentes una primera comparación entre ambas magnitudes.

Los VRM no modificarán los valores catastrales existentes aunque podrán servir de referencia para que los ayuntamientos y la Dirección General del Catastro puedan tener un mayor y más ordenado conocimiento de la evolución de los valores en cada zona. No obstante, también deberían permitir verificar a los contribuyentes tanto si las actualizaciones de los valores catastrales son correctas como si la ausencia de las mismas lo es o no.

En cualquier caso será necesario esperar a la aprobación de la LPGE y a la concreción de la metodología de cálculo por parte de la Dirección General del Catastro.