Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario (BOE de 10 de julio de 2014).

Esta ley tiene por objeto la regulación del procedimiento de consulta para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito nacional y la creación del Consejo Agrario como órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Cada cinco años se convocará una nueva consulta por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para determinar la representatividad de las organizaciones agrarias, calificándose como organizaciones agrarias más representativas a aquellas que obtengan, al menos, un quince por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, además, en seis comunidades autónomas, al menos un cinco por ciento de los votos válidos emitidos en la consulta en cada una de ellas.

En la consulta, que se efectuará simultáneamente en todo el territorio del Estado, podrán participar como electores las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la agricultura, ganadería o silvicultura como actividad económica habitual y se encuentren inscritas en el censo regulado en el artículo 6 de la ley, al que las personas físicas accederán por afiliación a la Seguridad Social por actividades empresariales agrarias, por la percepción de pagos directos de la política agrícola común superiores a 5.000 euros al año y por la declaración de rentas agrarias iguales o superiores al 25 % de la renta total. En cuanto a las personas jurídicas, el censo incluirá a las sociedades civiles y mercantiles cuyo objeto social único y exclusivo sea la actividad agraria que acrediten una facturación mínima de 10.000 euros en, al menos, uno de los dos ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta.

Respecto de las organizaciones agrarias candidatas, habrán de tener ámbito nacional y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 1 de la ley, así como presentar sus candidaturas en el plazo máximo de diez días desde la fecha del inicio del proceso de consulta establecido en la orden de convocatoria. La candidatura habrá de ir acompañada de la inscripción en el registro público competente; sus estatutos; los acuerdos de integración de coalición, en su caso, con otras organizaciones agrarias; el nombre del responsable de la candidatura y la dirección a efectos de notificaciones.

Con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en las cuestiones de interés general agrario y rural, se crea el Consejo Agrario como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Este órgano se compondrá de diez miembros propuestos por las organizaciones agrarias más representativas de acuerdo con los resultados de la consulta y en forma proporcional a los votos obtenidos.

Se crea el Consejo Agroalimentario del Estado, cuya composición y funcionamiento se determinarán reglamentariamente, como órgano colegiado de carácter consultivo y de participación de las asociaciones y organizaciones representativas de los diferentes operadores de la cadena alimentaria, con la finalidad de asesorar a la Administración General del Estado en materia de política agraria y agroalimentaria, correspondiéndole el ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 25 de la ley.

Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario (BOE de 17 de julio de 2014)

Este real decreto desarrolla la previsión contenida en el artículo 3.1.d) de la Ley 13/2013 mediante la concreción, por sectores productivos de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, de la facturación que la entidad asociativa ha de alcanzar para adquirir la condición de prioritaria. Así, se establece que si se solicita el reconocimiento para uno o varios productos determinados, la facturación anual de la entidad asociativa correspondiente a la producción comercializada de dicho/s producto/s deberá ser superior a la cuantía que se señala en el apartado a) del anexo I. En el supuesto de que se solicite un reconocimiento genérico, su facturación total anual correspondiente al conjunto de productos comercializados, habrá de ser superior a la cuantía que se señala en el apartado b) del anexo I. No obstante, en el caso de que la entidad solicitante sea una sociedad cooperativa agroalimentaria de primer grado, los valores de facturación indicados se reducirán un 30%.

La solicitud de reconocimiento como Entidad Asociativa Prioritaria se realizará por el representante legal de la propia entidad, o por sus promotores de encontrarse en proceso de constitución, e irá dirigida al Director General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que resolverá sobre la misma en el plazo de seis meses entendiéndose estimada la solicitud transcurrido dicho plazo, acompañada de: (i) un acuerdo de voluntades de la entidad o entidades que pretendan constituirse como Entidad Asociativa Prioritaria, o, en caso de entidad ya existente, un acuerdo del órgano de gobierno de obtener el reconocimiento como tal, con indicación de la denominación o razón social, domicilio y el número de identificación fiscal, lugar y fecha de otorgamiento; (ii) relación actualizada de todas las entidades que la integran, en su caso, con identificación de todos los productores que las componen, indicación del territorio de la comunidad autónoma donde desarrollan su actividad y documentación acreditativa para la verificación de si tienen ámbito supra-autonómico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 del presente real decreto; (iii) estatutos o disposiciones reguladoras de la entidad solicitante y de cada una de las que la componen; (iv) facturación de la entidad solicitante o la suma de la de las entidades que la integran y sus productores para los productos específicos o genéricos para los que se solicita el reconocimiento; y, (v) en el supuesto de que la entidad solicitante se acoja al periodo previsto en la disposición transitoria única, la correspondiente declaración o compromiso de la entidad solicitante y de las que la integran, de acuerdo con el anexo III, del presente real decreto.

Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta materia (BOE de 27 de agosto de 2014).

Las modificaciones operadas tienen por objeto adaptar el trámite de registro de productos alimenticios a los principios de aplicación general de la normativa reguladora del acceso y ejercicio de actividades de servicios dentro de la Unión Europea, impuesta a través de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. Para ello, y con el fin de contribuir a la eliminación de cargas administrativas e impulsar la actividad comercial, se suprime la exigencia de inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las aguas minerales naturales y aguas de manantial y de los productos alimenticios destinados a una alimentación especial, manteniendo los trámites precisos para dar cumplimiento a las exigencias de las disposiciones comunitarias, tanto la actualización del listado de aguas reconocidas en España citada en el apartado 1.b) 5.º del artículo 3 del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo humano, como el procedimiento de notificación de primera puesta en el mercado de productos alimenticios destinados a una alimentación especial previsto en el artículo 10 del Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elaboración, Circulación y Comercio de Preparados Alimenticios para Regímenes Dietéticos.

Orden ECC/1391/2014, de 25 de junio, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados del ejercicio 2014 (BOE de 30 de julio de 2014)

Esta orden tiene por objeto establecer el régimen de reaseguro aplicable al Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014, si bien su aplicación se entenderá automáticamente prorrogada al ejercicio 2015, y es aplicable a las operaciones de seguro correspondientes al Plan, con independencia de su momento de liquidación.

Establece diferentes regímenes de reaseguro a cargo del Consorcio entre las líneas de seguro que figuran en los Grupos A, B y C. Con independencia del encaje que tenga cada línea en un grupo de reaseguro u otro, se regulan las excepciones de los módulos y riesgos o garantías que, encontrándose en una línea que pertenezca a un determinado grupo de reaseguro, pertenezcan a otro grupo. En cuanto al tratamiento que a estos efectos ha de darse a la reserva de estabilización, las entidades aseguradoras deberán constituirla de forma independiente para cada uno de los grupos a efectos del reaseguro, hasta alcanzar los límites máximos previstos.

Orden AAA/1446/2014, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de las explotaciones agrarias afectadas por la sequía.

Mediante esta orden se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones estatales destinadas a: (i) facilitar que los titulares de los préstamos concedidos al amparo de los Reales Decretos 613/2001, de 8 de junio, para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, y 204/1996, de 9 de febrero, por el que se dictan normas relativas a la modernización de las explotaciones agrarias, acuerden con las entidades financieras una carencia de un año de duración en la amortización de los citados préstamos, cuyo coste financiero podrá ser sufragado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los términos previstos en el capítulo I; (ii) sufragar el coste de los avales concedidos por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria necesarios para la obtención de préstamos de entidades financieras a titulares de explotaciones ganaderas afectadas por la sequía de 2014, en las condiciones y términos regulados en el capítulo II.

La solicitud de subvención se presentará en el mismo documento en el que se solicite la carencia en la entidad financiera en la que se hubiera formalizado el préstamo. La entidad comunicará al Ministerio la relación de solicitudes presentadas, con indicación de las carencias aceptadas, siendo el plazo de presentación de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente orden.

Orden AAA/1548/2014, de 28 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para programas de información y promoción de productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países (BOE de 30 de agosto de 2014) y Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se convocan ayudas para programas de información y promoción de productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países (BOE de 3 de septiembre de 2014).

Podrán ser beneficiarias de las ayudas las organizaciones profesionales e interprofesionales representativas del sector agroalimentario en España que lleven a cabo programas de información y promoción en el mercado interior y terceros países, según lo indicado en el artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 3/2008 del Consejo. En el supuesto de que varias organizaciones presenten un programa de forma conjunta, deberán aportar un acuerdo en el que se establezca la distribución de responsabilidades entre ellas.

Las acciones que podrán ser objeto de las ayudas en el marco de un programa son: (i) acciones de relaciones públicas, promoción y publicidad destinadas a destacar las características intrínsecas y las ventajas de los productos comunitarios en lo referente a calidad, seguridad de los alimentos, métodos de producción específicos, aspectos nutricionales y sanitarios, etiquetado, bienestar de los animales y respeto del medio ambiente; (ii) campañas de información sobre los regímenes comunitarios aplicables a las denominaciones de origen protegidas, indicaciones geográficas protegidas, especialidades tradicionales garantizadas y producción ecológica, así como otros regímenes comunitarios relativos a las normas de calidad y etiquetado de los productos agrícolas y alimenticios y los símbolos gráficos establecidos en la legislación comunitaria aplicable; (iii) campañas de información sobre el régimen comunitario de los vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, los vinos con indicación de la variedad de uva de vinificación y las bebidas espirituosas con indicación geográfica protegida; (iv) estudios de evaluación de los resultados obtenidos con las acciones de información y de promoción.

En el mercado interior, las medidas anteriores podrán incluir campañas de información sobre el consumo responsable de alcohol y los problemas asociados con su consumo peligroso, pudiendo consistir también en la participación en salones, ferias y exposiciones de importancia nacional o europea, mediante el montaje de puestos que se destinen a valorizar la imagen de los productos comunitarios.

En terceros países, las acciones mencionadas podrán adoptar también la forma de acciones de información sobre el régimen comunitario aplicable a los vinos de mesa; participación en salones, ferias y exposiciones de importancia internacional, especialmente mediante puestos destinados a valorizar la imagen de los productos comunitarios; estudios de nuevos mercados necesarios para la búsqueda de nuevas salidas comerciales y misiones comerciales de alto nivel.

Las solicitudes, cuyo plazo de presentación finaliza el 30 de septiembre de 2014, han de dirigirse al Presidente del FEGA cumplimentadas según el modelo que figura como anexo a la Resolución de 1 de septiembre, acompañado del formulario para la presentación de programas de promoción cofinanciados por la UE establecido por la Comisión Europea y del resto de documentación indicada en el anexo II de la Orden AAA/1548/2014, de 28 de agosto.