El pasado viernes, el Consejo de Ministros recibió el informe sobre el Anteproyecto de Ley sobre información no financiera de grandes empresas. 

Mediante este Anteproyecto, se traspondrá la Directiva Europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad por parte de las grandes empresas y determinados grupos empresariales, que persigue medir el impacto social de las empresas. Las empresas afectadas por la norma, deberán dar determinada información sobre cuestiones medioambientales, sociales, derechos humanos y corrupción, entre otras.

La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social corporativa contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. De acuerdo con la Directiva, las empresas deberán presentar esta información incluyendo una descripción de las políticas y resultados en estas materias. Esta información deberá incorporarse al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.

1. Objetivos de la norma

Modificará el artículo 49 del Código de Comercio, los artículos 252 y 540 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas con un doble objetivo:

  • Aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en lo relativo a cuestiones sociales y medioambientales, así como información sobre el personal, el respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción. El objetivo es identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad.
  • Ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.

En cuanto a cuestiones medioambientales, la Directiva Europea señala que las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del agua y la contaminación atmosférica.

Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales. En relación con los derechos humanos, se incluirá información sobre prevención y medidas, así como en lo relativo a corrupción.

2. Empresas afectadas

Estos cambios van a afectar a empresas grandes con consideración de entidad de interés público que reúnan los siguientes requisitos:

  • Número medio de los trabajadores durante el ejercicio superior a quinientos.
  • Que durante dos ejercicios consecutivos reúna al menos dos de las siguientes circunstancias:
    • que el total de las partidas del activo sea superior a €20 millones.
    • que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los €40 millones.
    • que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

El texto será remitido al Consejo de Estado para recibir dictamen antes de aprobarse como proyecto de ley y su posterior tramitación parlamentaria.