Henar González Durántez, socia del área de competencia de la oficina de Madrid, analiza las ventajas de la implementación de los programas de compliance como sistemas de prevención y mitigación de la responsabilidad por infracciones de las normas de defensa de la competencia, así como los factores que, desde nuestra experiencia, deben tenerse en cuenta en el diseño e implementación de estos programas para que sean efectivos y constituyan una herramienta útil.

Actualmente, los programas de compliance han adquirido una especial relevancia debido a las graves consecuencias que se derivan de la infracción de las normas de defensa de la competencia y a que cada vez son más las autoridades de defensa de la competencia que perciben estos programas como un factor atenuante en la determinación de la sanción, tal y como se ha puesto recientemente de manifiesto por la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es más, la Directiva 2014/24 sobre contratación pública y el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público excluyen la prohibición de contratar con la Administración en relación con aquellas empresas que habiendo falseado la competencia, adopten medidas de compliance adecuadas para evitar la comisión de futuras infracciones.

Henar González Durántez, partner of the Madrid competition practice, analyses the benefits of implementing compliance programmes, such as systems to prevent and mitigate liability from antitrust infringements; she also discusses the factors that, from our experience, should be taken into account when designing and implementing compliance programmes to ensure that they are effective and useful.

Compliance programmes have become particularly significant given the serious ramifications of breaching antitrust rules; the implementation of compliance programmes is also increasingly seen by competition authorities as a mitigating factor when imposing sanctions due to breach, as recently pointed out by the Spanish Markets and Competition Commission. Furthermore, Directive 2014/24, on public procurement, and Spain's Draft Bill of Public Sector Contracts are planning to lift bans on companies from entering into contracts with the public authorities imposed due to breaches of antitrust provisions if they adopt suitable compliance measures to prevent further offences.

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