Susceptibilidad de control jurisdiccional de los defectos de la adscripción de bienes de dominio público marítimo terrestre para la ampliación de puertos sin perjuicio de la implícita adscripción que conlleva la aprobación del proyecto ex artículo 49 de la Ley de Costas.

Por el Ayuntamiento afectado y la empresa se interpuso recurso de casación frente a la Sentencia de 4 de mayo de 2009 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, por la que se declaró la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a la Resolución de 25 de febrero de 2002 por la que se formalizó el acto de adscripción a la comunidad autónoma andaluza de los terrenos de dominio público marítimo terrestre ocupados por las obras relativas al “Proyecto de ampliación de la zona sur del Puerto Deportivo Punta de la Mona”. Tal inadmisibilidad se basó en que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, la aprobación definitiva de los proyectos lleva implícita la adscripción del dominio público en que estén emplazadas las obras, así como, en su caso, la delimitación de una nueva zona de servicio portuaria y, habiéndose aprobado la ampliación mediante Resolución de 12 de junio de 1987, la adscripción se produjo implícitamente en dicho momento, tratándose la Resolución impugnada de una mera confirmación de otro acto anterior firme y consentido.

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto indicando que la Resolución de 25 de febrero de 2002 impugnada define y perfila por primera vez los contornos a los que se extienden las obras de ampliación del puerto deportivo poniendo de manifiesto la singularidad de la adscripción, acotando y definiendo de modo concreto y preciso qué parte del dominio público costero se destina a las obras portuarias y a las vías de transporte de su competencia, en contraste con los traspasos generales en materia de puertos realizados con anterioridad, de lo que resulta que tales diferencias sustanciales constituyen un complemento o novedad que impide entender que la citada resolución sea una mera confirmación o reproducción de la Resolución de 1987 que aprobó la ampliación del puerto deportivo.

Por otra parte, si bien el citado artículo 49 de la Ley de Costas establece que la aprobación del proyecto llevará implícita la adscripción del dominio público en que estén emplazadas las obras, tal adscripción tiene sustantividad, procedimiento, requisitos y efectos propios, como regulan los artículos 103 a 106 del Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas. Así, los defectos formales y sustantivos de la adscripción de bienes de dominio público marítimo terrestre no pueden tener vedado el acceso a la jurisdicción en virtud de la implícita adscripción del dominio público que se produce ex artículo 49 de la Ley de Costas, que simplemente pretende soslayar o minimizar los obstáculos derivados de la realización de puertos o de su ampliación por las Comunidades Autónomas sobre terrenos que necesariamente han de ser de dominio público marítimo terrestre.

Manifiesta, además, el Alto Tribunal, que los puertos de interés general quedan fuera del ámbito de la Ley de Costas, regulándose por su normativa específica en atención a las peculiaridades que comportan. Ahora bien, aunque la Ley de Costas tampoco regula, con carácter general, los puertos titularidad de las Comunidades Autónomas, sí establece lo que resulta imposible dejar fuera de su ámbito, esto es, la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre que inexcusablemente ha de ocupar la construcción o ampliación, de los puertos de competencia autonómica. Por ello se regula el régimen de adscripción de dichos bienes a las Comunidades Autónomas siguiendo la pauta marcada por los Decretos de traspaso de servicios en materia de puertos, según indica la propia exposición de motivos de la citada Ley de Costas.