Conformidad a Derecho del Real Decreto 1461/2012, de 19 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 169/2010, de 19 de febrero, que establece las bases reguladoras de las ayudas en el marco del Programa Nacional de Reestructuración para el Sector del algodón. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4.ª), de 24 de junio de 2014.

Una asociación de desmotadores interpuso recurso contencioso-administrativo frente al Real Decreto 1461/2012, de 19 de octubre, instando su nulidad sobre la base de que, mientras en el Real Decreto 169/2010 objeto de modificación se limitaba la participación en el régimen de ayudas a aquellas plantas de desmotado afectas por la reestructuración que hubieran desmotado al menos tres de las cuatro campañas comprendidas entre 2006/2007 y 2009/2010, en la norma modificada se limitó la exigencia a haber desmotado al menos una de citadas cuatro campañas, lo que determinaba, a juicio de la recurrente, la nulidad de pleno derecho del Real Decreto de 2012 por incurrir en desviación de poder, ya que su finalidad sería no la de acotar los periodos de entrega del algodón indicada en su preámbulo, habida cuenta de que la capacidad desmotadora existente a la fecha de su publicación era suficiente para atender a la oferta, sino la de beneficiar a una concreta compañía que no cumplía con los requisitos exigidos en la redacción original del Real Decreto 169/2010.

El Alto Tribunal considera no acreditado que no se produjese la expansión del cultivo de algodón y aumento de los rendimientos motivado por el incremento de los precios en el mercado mundial a que se hacía referencia en el preámbulo de la norma en cuestión, señalando que, a la vista de las series de superficie y producción puestas de manifiesto en el procedimiento, entre las fechas del primer decreto y del que introduce la modificación objeto de controversia se produjo un ligero aumento en la superficie dedicada al cultivo de algodón acompañado de un incremento de la producción total superior al doble, de lo que resulta que la justificación ofrecida por la norma impugnada constituyó una realidad que desplaza la idea de desviación de poder en la que se basa el recurso. Por otra parte, el hecho de que la modificación introducida sólo beneficiase a una entidad por ser la única que se había interesado en acogerse al régimen de colaboración establecido por el Real Decreto 169/2010 y que le había sido denegado por haber desmotado en una sola de las campañas de referencia, no implica que la disposición reglamentaria haya incurrido en desviación de poder, pues su aptitud es acorde con el legítimo fin perseguido de incrementar la capacidad desmotadora sobre la base de una norma que objetiva las condiciones para participar en este incremento.