A partir del 2 de enero de 2017 empezó a regir en la República de Panamá la Ley 12 del 19 de mayo de 2016, que establece un nuevo régimen de concurso e insolvencia económica.

Esta extensa ley modifica tanto en denominación como en numeración distintas normas del Código Judicial. De igual forma deroga un libro íntegro del Código de Comercio y modifica el Código Penal.

Se destaca la creación de una nueva jurisdicción con competencia privativa para atender esta materia, a cargo del denominado Cuarto Tribunal Superior de Justicia, así como los Juzgados de Insolvencia para cada Distrito Judicial. No obstante, lo anterior y mientras inician su operación, son competentes para conocer de este tipo de procesos, los Juzgados Civiles de Circuito y el Primer Tribunal Superior.

Son regulados de manera novedosa en esta ley, dos tipos de procesos: el Proceso Concursal de Reorganización y el Proceso Concursal de Liquidación.

Para el caso del proceso Concursal de Reorganización, este puede ser solicitado tanto por el deudor como por los acreedores, nacionales o extranjeros o por un representante de proceso de insolvencia en el extranjero. Nuestra legislación anterior no permitía esta posibilidad a los comerciantes, por lo que era inminente el cierre de las empresas.

La finalidad principal de introducir esta figura radica en concertar acuerdos entre los acreedores que permitan la reestructuración de las empresas para que permanezcan operativas o en el peor escenario, la liquidación de pasivos de manera organizada en favor de los acreedores, que estará a cargo de un Administrador Concursal, con responsabilidades específicas.

Es relevante la conformación de la Junta General de Acreedores quienes deberán aprobar o rechazar los créditos, así como suscribir el Acuerdo de Reorganización.

El proceso de Reorganización de culmina con un Acuerdo de Reorganización y su plan de ejecución con un acta final que se encuentra al juez una vez se haya cumplido o con la liquidación de la empresa en caso de que sea imposible cumplirlo.

Sin duda alguna esta nueva ley será materia de interés para las consecuencias en las relaciones comerciales en Panamá y la región.

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