China

Un tribunal del HIAK dirimirá una controversia china sobre satélites

El Hong Kong International Arbitration Centre (HIAC) dirime una controversia entre la sociedad de las Islas Vírgenes Británicas Bronzelink, accionista mayoritario de una start-up de tecnología de satélites registrada en Caimán, y sus fundadores estadounidenses Emil Youssefzadeh y Umar Javed, que afirman haber sufrido represalias después de reclamar por supuestas injerencias del gobierno chino en el proyecto.

Bronzelink presentó notificación de arbitraje conforme al acuerdo entre accionistas de 2016 relativo a la empresa de satélites Global IP, reclamando indemnización de daños a los fundadores de Global IP, Youssefzadeh y Umar Javed, a los que acusaba de comprometer el proyecto y de hacer que fracasara un acuerdo para el lanzamiento de un satélite sobre el continente africano en colaboración con la compañía aeroespacial de EEUU Boeing y con SpaceX, de Elon Musk.

En el origen de la disputa está el lanzamiento por Global IP de un satélite de gran capacidad en relación con el cual contrató a Boeing para la construcción del satélite y a SpaceX para ponerlo en órbita.

En 2016, los dos fundadores vendieron una participación mayoritaria en Global IP a Bronzelink a cambio de un pago en efectivo de 175 millones USD y una línea de crédito de 25 millones USD. Aunque sabían que la financiación procedía de una entidad cuya propiedad y control estaba en manos del gobierno chino, los fundadores afirmaron haber recibido garantías de que Bronzelink sería independiente del gobierno. Dicen que posteriormente fueron víctimas de una trama del gobierno chino para conseguir acceso a la tecnología y datos del satélite y del lanzamiento, incumpliendo las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos.

INDIA

Un tribunal de la LCIA estudiará la controversia entre los accionistas de la aerolínea india IndiGo

El conflicto, que afecta a los cofundadores de la mayor línea aérea de India, InterGlobe Aviation (IndiGo), se va dirimir por un tribunal de la LCIA, con sede en Delhi o en Londres.

El conflicto trae causa del acuerdo entre accionistas de IndiGo, aerolínea india de bajo coste cofundada por InterGlobe Enterprises y su consejero Rahul Bhatia (conjuntamente, el Grupo IGE) y el millonario estadounidense nacido en Kolkata Rakesh Gangwal. Bhatia es consejero no ejecutivo de la aerolínea, en la que él y sus asociados tienen una participación del 38%. Por su parte, Gangwal, antiguo Consejero Delegado de US Airways Group, antecesor de American Airlines Group, tiene una participación del 37% en IndiGo.

Según ha informado IndiGo, la demanda ante la LCIA se presentó por el incumplimiento por parte de RG Group del acuerdo entre accionistas y de los estatutos.

FILIPINAS

Dictan una resolución favorable al propietario de un casino estadounidense en una controversia sobre un complejo de juego en Manila

El propietario estadounidense de un importante complejo de juego en Manila, Global Gaming Asset Management (GGAM) ha recibido un laudo favorable de un tribunal de la CNUDMI contra dos filiales de la filipina Bloomberry Resorts, a las que ha condenado a pagar más de 296 millones USD por la compra de las acciones que GGAM tenía en Bloomberry Resorts.

El conflicto surgió de un contrato de servicios de gestión suscrito por Bloomberry Resorts con GGAM para la gestión del Solaire Resort & Casino, en Manila. Bloomberry firmó un contrato de gestión a cinco años con GGAM en 2012 pero lo resolvió solo unos meses después de que abriera el casino, acusando a GGAM de no cumplir los términos del contrato y aduciendo problemas con el diseño y el trazado del casino. GGAM presentó demanda de arbitraje de conformidad con el contrato de gestión en septiembre de 2013.

El tribunal arbitral con sede en Singapur resolvió que Bloomberry había resuelto indebidamente el contrato de gestión, desestimando las alegaciones de la compañía filipina según las cuales había sido engañada para firmar el contrato.

Chevron presenta una demanda de inversión contra Filipinas ante un tribunal de la CPA

Un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) es el encargado de dirimir la demanda de inversión presentada por Chevron contra Filipinas en relación con un yacimiento de gas marino.

La demanda fue presentada por Chevron Overseas Finance, filial suiza de la petrolera estadounidense, invocando el tratado de inversión bilateral entre Suiza y Filipinas de 1997, en relación con un yacimiento de gas en Malampaya, a 80 kilómetros al norte de la isla de Palawan, que es objeto de una antigua controversia fiscal que ha dado lugar a demandas ante la CCI y el CIADI contra el gobierno.

Chevron tiene una participación del 45% en el yacimiento, al igual que Shell, el operador del yacimiento, y el resto está en manos de la estatal Phillippine National Oil Company.

En virtud de un contrato de prestación de servicios suscrito en 1990 con Filipinas, el consorcio entre Chevron y Shell estaba exento de todos los impuestos salvo del impuesto sobre sociedades. El conflicto surgió en 2015, cuando el organismo que supervisa las finanzas públicas, determinó que la práctica del departamento de energía de cubrir los impuestos del consorcio con cargo a la parte de los ingresos del gobierno constituía una exención fiscal ilegal. Más tarde ese mismo año, Shell y Chevron presentaron una demanda ante la CCI.

MALDIVAS

Maldivas se enfrenta a un arbitraje de inversión relacionado con un proyecto de desarrollo

Maldivas ha recibido una demanda de arbitraje de inversión de la compañía malaya WZR Property en relación con un contrato de 123 millones USD para el desarrollo de un complejo de oficinas en una isla artificial.

La demanda se ha presentado ante el Asian International Arbitration Centre (AIAC) en Kuala Lumpur, en relación con la adjudicación a WZR de la construcción de un complejo de oficinas de 25 plantas. WZR suscribió un contrato de 123 millones USD con el gobierno de Maldivas en 2016.

En 2017, WZR y el gobierno suscribieron un contrato de novación con Housing Development Corporation (HDC) propiedad del estado de Maldivas, que es la entidad responsable de acometer los proyectos de construcción en Hulhumalé.

WZR dice que no ha recibido ningún pago en relación con el contrato de 2016 a pesar de haber completado un 20% del trabajo total del proyecto y de haber instalado el 60% de las bases para los cimientos.