Andrés Manuel López Obrador ya ha fijado los ejes básicos de las medidas que adoptará en materia tributaria.

Aunque la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México para el próximo sexenio -el periodo de Presidencia se extiende por 6 años sin posibilidad de reelección- no se producirá hasta el próximo 1 de diciembre de 2018, determinados ejes básicos de su política presupuestaria y específicas medidas en materia fiscal ya han sido avanzadas en los meses precedentes.

Por lo que respecta al ámbito presupuestario el presidente electo y su equipo han manifestado de forma reiterada su apuesta por una política de austeridad, reducción del gasto corriente, reingeniería del gasto público y de incremento de la inversión sin recurrir al aumento de impuestos ni de la deuda pública. Estos planteamientos se recogen expresamente en el plan económico y programático denominado Proyecto de Nación 2018-2024 que dibuja los fundamentos esenciales que deberían regir la política del nuevo Gobierno.

En relación con estas cuestiones de índole presupuestaria el referido Proyecto de Nación señala lo siguiente:

"La propuesta fiscal del Proyecto de Nación establece como su primera prioridad el coadyuvar a la estabilidad macroeconómica a través de unas finanzas públicas en equilibro, sin aumentar las tasas impositivas ni crear nuevos impuestos, ya que la mayor parte del ajuste fiscal va a provenir de la nueva política en materia del gasto público [...].

Las principales fuentes de financiamiento de todos los proyectos serán la eliminación de la corrupción y un gobierno austero, así como llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias la austeridad republicana. En este sentido, se presentará un presupuesto distinto y su nueva orientación será la reducción del gasto corriente y el incremento en el gasto en inversión pública. Los recursos que se liberen se aplicarán a pocos, pero mejores proyectos. Además con estos recursos se contribuirá a financiar el desarrollo sin elevar impuestos. Si no se hiciera de esta manera para financiar el desarrollo se tendría que aumentar la deuda pública, lo cual contribuiría a incrementar los impuestos. [...]"

Por lo que respecta al ámbito propiamente fiscal, distintas medidas han sido igualmente anunciadas en el mencionado Proyecto de Nación así como en otros documentos y presentaciones públicas del propio presidente electo o de su equipo. Entre ellas cabe destacar, fundamentalmente, la creación de una "Zona Económica Libre" en la frontera norte del país.

Esta propuesta pretende dar impulso a la zona norte mediante, entre otras medidas, la creación de un régimen de baja tributación que reduciría la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas morales del 30% al 20% y la del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16% al 8%.

Recordemos que la frontera norte de México ya gozó de un régimen específico en materia de IVA, que estuvo en vigor hasta el año 2013, en virtud del cual se aplicaba una tasa impositiva del 11%.

En relación con esta cuestión hay que destacar igualmente que la implementación de esta medida supondría la coexistencia de tres regímenes fiscales diferentes en territorio mexicano a efectos de ISR e IVA, a saber: (i) el régimen aplicable con carácter general, (ii) el nuevo régimen que se generaría con la creación de la Zona Económica Libre en la frontera norte del país y (iii) el régimen aplicable a las Zonas Económicas Especiales (de aplicación en las Zonas Económicas Especiales de Coatzacoalcos, Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco) y que fue impulsado en el sexenio que está por concluir.

Otros anuncios del futuro Gobierno que podrían reseñarse en materia fiscal serían la elevación de la emisión de facturas falsas a la categoría de delitos graves (anunciada por el presidente electo durante el Quinto Congreso Nacional Extraordinario de su partido, Morena, que se celebró el pasado 19 de agosto), la intención de combatir los esquemas de outsourcing o tercerización abusivos (anuncio realizado por parte de Luisa María Alcalde, futura Secretaria de Trabajo, igualmente el pasado mes de agosto) o la negativa a la posibilidad de concesión de amnistías fiscales, a diferencia de lo ocurrido en sexenios anteriores (comunicada por Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de Presidencia también en fechas recientes).

Junto a estas medidas anunciadas, existe también una cuestión que ha estado en el debate político en México recientemente y que, a pesar, de no haber sido señalada por el presidente electo o su equipo hasta el momento, podría ser relevante en el futuro, sobre todo, si el ambicioso plan en materia de infraestructura y gasto social del Gobierno no es capaz de allegarse de los recursos necesarios para su financiación. Nos referimos al gravamen sobre las donaciones y herencias, que ha sido puesto sobre la mesa en el pasado por distintos partidos políticos y que ahora, con una amplia mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado, podría eventualmente llegar a cristalizar.

En suma, el Gobierno y su nuevo equipo han venido presentando un ambicioso proyecto que desde el punto de vista hacendístico o presupuestario tendría como ejes esenciales la reordenación y la eficiencia del gasto público sin llevar a cabo un aumento de los impuestos o la deuda, y que establecería únicamente medidas puntuales en materia impositiva. La pregunta que cabe hacerse, como es lógico, es si los cálculos realizados por el equipo económico del presidente electo serán correctos y, efectivamente, podrá conseguirse el equilibrio presupuestario planteado bajo esas premisas. Habrá que esperar para comprobarlo.