El pasado sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-Ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, aprobado por el último Consejo de Ministros y que se encuentra en vigor desde el pasado sábado 7 de octubre.

La norma modifica el artículo 285.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y aclara cuál es el órgano competente para aprobar el cambio de sede social por parte de las sociedades que así lo decidan, solventando de este modo las discrepancias que, tal y como señala la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley, se produjeron en la interpretación del artículo tras su modificación por la Ley 9/2015.

Se clarifica en este sentido que, salvo disposición contraria de los estatutos, será el órgano de administración (y no, por tanto, la junta general) el competente para acordar el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional. La norma aclara que se considerará que hay disposición contraria de los estatutos sólo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia. Y, con respecto a los estatutos ya aprobados a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley, exige que tal disposición contraria se haya introducido mediante modificación estatutaria aprobada con posterioridad a dicha fecha de entrada en vigor.

La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal, ya avanzó en esta línea, al modificar el mismo artículo 285.2 y ampliar la competencia del órgano de administración a los cambios de domicilio social dentro del territorio nacional, si bien limitando de nuevo dicha competencia a que no existiese una disposición contraria en los estatutos.