La Directiva sobre las prácticas comerciales desleales (Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior) dispone en su artículo 3, apartado 9, que por lo que respecta a los “servicios financieros” definidos en la Directiva 2002/65/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y a los bienes inmuebles], los Estados miembros podrán imponer requisitos más exigentes o más restrictivos que los previstos en la Directiva sobre prácticas desleales en el ámbito objeto de la aproximación que ésta realiza.  

Pues bien, el Tribunal de Justicia ha interpretado este precepto para analizar si se opone o no a una disposición normativa de un Estado en la que se establece una prohibición general de las ofertas conjuntas propuestas al consumidor de las cuales por lo menos una parte es un servicio financiero. Así lo ha hecho el Tribunal de Justicia en la sentencia de la Sala Primera de 18 de julio de 2013, asunto C‑265/12, Citroën Belux NV y Federatie voor Verzekerings en Financiële Tussenpersonen (FvF).

En este pronunciamiento el Tribunal de Justicia recuerda que las ofertas conjuntas constituyen actos comerciales que se inscriben claramente en el marco de la estrategia comercial de un operador y que tienen directamente por objeto la promoción y el incremento de sus ventas, de tal manera que constituyen prácticas comerciales en el sentido del artículo 2, letra d), de la Directiva 2005/29. Por ese motivo, las ofertas conjuntas de las cuales por lo menos una parte es un servicio financiero, constituyen igualmente prácticas comerciales  

También recuerda el Tribunal que la Directiva 2005/29 lleva a cabo, en principio, una armonización completa de las normas relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores a escala comunitaria, de tal manera que los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que las definidas en ésta, ni siquiera para garantizar un grado más elevado de protección de los consumidores Sin embargo, el artículo 3, apartado 9, de la Directiva 2005/29, prevé una excepción a la finalidad de armonización completa en lo que se refiere, en particular, a los servicios financieros en el sentido de la Directiva 2002/65.  

A este respecto, destaca la sentencia del TJ ahora analizada, que “la redacción del artículo 3, apartado 9, de la Directiva 2005/29 se limita a permitir a los Estados miembros adoptar normas nacionales más estrictas en lo que se refiere a los servicios financieros sin mayor precisión. En consecuencia, no impone ningún límite en cuanto al grado de restricción de las normas nacionales a este respecto, y no establece criterios relativos al grado de complejidad o de riesgo que deben implicar los referidos servicios para ser objeto de normas más estrictas”.  

En suma, según el TJ, “no debe limitarse la aplicación del artículo 3, apartado 9, de la Directiva 2005/29 a las ofertas conjuntas compuestas por varios servicios financieros o a las ofertas conjuntas que conlleven un servicio financiero complejo”.

De igual modo, también entiende el Tribunal de Justicia que el artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que establece una prohibición general, sin perjuicio de los supuestos enumerados taxativamente en la normativa nacional, de las ofertas conjuntas propuestas al consumidor de las cuales por lo menos una parte es un servicio financiero. (Recuérdese que según el referido art. 56 TFUE quedan prohibidas las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación).