No es ningún secreto que los Gobiernos de buena parte de las Comunidades Autónomas, en connivencia con sus Asambleas Legislativas, creían haber dado con la piedra filosofal que les permitía blindar sus decisiones frente al siempre engorroso control de los órganos judiciales: aprobarlas como ley, con independencia de su contenido o alcance. Por poco más esfuerzo del preciso para aprobar un Decreto o Reglamento se aprobaba una ley, con la abierta —frecuentemente, expresada con naturalidad— finalidad de sustraer una decisión de contenido materialmente administrativo (o incluso de ejecución) de la fiscalización judicial.  

Aunque el Tribunal Constitucional había declarado con reiteración que nuestro sistema constitucional desconoce algo parecido a una reserva reglamentaria inaccesible al legislativo [SSTC 5/1981, 18/1982, o 173/2000, entre otras], ya había dado alguna pista de lo poco que le gustaba esa práctica, por el potencial lesivo que ello tenía en relación con el artículo 24 CE.  

En efecto, el TC amagó ya con la celebérrima sentencia 73/2000 (el caso del embalse Itoiz) y, fue mucho más allá con la sentencia 92/2013, por la que anuló la modificación de la Ley de Suelo de Cantabria, que imponía la tramitación del pertinente expediente de responsabilidad patrimonial con carácter previo a la ejecución de las sentencias de demolición de edificaciones autorizadas por decisiones administrativas ilegales [si bien esta anulación no se basó en vulneración del artículo 24 CE sino del 149.1.6, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de legislación procesal].  

Con la sentencia 129/2013, el TC va un paso más allá. En cuanto a los antecedentes, el TC afrontaba un recurso de inconstitucionalidad suscitado frente a la Ley 9/2002 de Castilla y León, para la declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de singular interés para la Comunidad. Resumidamente y a los efectos que ahora interesan, esta norma (i) establecía una reserva formal de ley para la aprobación de los proyectos de especial interés regional, al tiempo que permitía que las plantas de tratamiento de residuos fueran declaradas por ley proyectos regionales; y (ii) aprovechaba el viaje para declarar proyecto regional —lo que implica, entre otras cosas, que el proyecto no precisa de licencias municipales— una planta existente cuyas licencias de obra y actividad habían sido anuladas judicialmente.  

Pues bien, el TC declara la inconstitucionalidad de dichas previsiones por vulneración (esta vez sí) del artículo 24 CE, en la medida en que (i) el particular afectado carece de recurso frente a la aprobación de un proyecto regional —solo le cabe suscitar al órgano judicial el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad— (ii) el TC no puede llevar a cabo un verdadero control del proyecto como lo haría la jurisdicción contencioso-administrativa, por no poder fiscalizar cuestiones de contenido fáctico y de legalidad ordinaria o de derecho de la UE —de enorme incidencia en proyectos de infraestructuras de residuos—.  

La doctrina de esta sentencia tiene un enorme potencial transformador de la actuación de los ejecutivos y legislativos autonómicos (que no podrán ya confiar como venían haciendo en la intangibilidad de sus decisiones) y, desde una perspectiva procesal práctica, abre una rendija (no conviene tampoco dejarse llevar por la euforia) para afrontar situaciones en las que hasta ahora no existía solución. Aunque la decisión de plantear o no la cuestión de inconstitucionalidad es prerrogativa exclusiva del juez, la sentencia comentada permite suscitarlo ante él con vigor reforzado, en una materia en la que es además esperable encontrar un cierto grado de complicidad de los órganos judiciales.