La omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa no permite a la Administración oponer una pretendida inexistencia de contrato cuando ha recibido la prestación. Por el contrario, los defectos formales en la contratación deben ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa y por ello la Administración beneficiada con el bien o servicio, debe abonar el precio de lo recibido. Así lo ha concluido la Sentencia 939/2014, de 7 de mayo, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León1.

De los antecedentes y fundamentos de la Sentencia 939/2014 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León resulta que, en virtud de un “presupuesto de obra” fechado el 12 de julio de 2010, rubricado por el Señor X y sellado por la Alcaldía del Ayuntamiento Z, el Señor X acometió el encargo presupuestado, consistente en la ejecución artística de una bola del mundo ornamental en acero de un diámetro de seis metros.

Ejecutada la obra y requerido su pago, el Ayuntamiento opuso la inexistencia de contrato2, y dictó resolución desestimatoria de la reclamación de cantidad por incumplimiento del contrato efectuada por el recurrente; resolución frente a la que éste interpuso recurso contencioso administrativo.

La Sala de instancia3 desestimó el recurso negando la existencia de un contrato administrativo, ni siquiera un contrato menor, por no haberse acreditado la existencia de encargo de la obra artística por el Ayuntamiento así como por no apreciar la existencia de enriquecimiento injusto ni mala fe por parte de éste.

Señala el Tribunal Superior de Justicia en el fundamento jurídico segundo de la Sentencia referida que la celebración de un contrato administrativo, de Derecho Público, requiere de los trámites y las formalidades a que se hace referencia en la normativa aplicable al presente procedimiento que no es otra que la Ley 30/2007 de 30 de octubre4 , y que la omisión de los mismos conlleva la nulidad de pleno derecho, sin perjuicio de las indemnizaciones que pueden corresponder a quien realizó determinadas prestaciones a favor de la Administración Pública, sea por vía de responsabilidad patrimonial, sea por la de la doctrina del enriquecimiento injusto.

Da por reproducidas las argumentaciones esgrimidas en la sentencia apelada referidas a la necesidad de cubrir las formalidades prescritas en la ley para poder determinar la existencia del contrato administrativo5, pero discrepa en el valor que aquélla otorga a la documentación aportada, de la que se deduce la existencia incluso de una ubicación precisa y probable para la obra artística.

Por ello entiende el TSJCL que no es un hecho controvertido que la obra artística consistente en una bola del mundo de acero de amplias dimensiones fue encargada por el Ayuntamiento6, aun cuando únicamente existía un presupuesto de la misma, y ha sido efectivamente ejecutada, estando pendiente sólo su instalación. Pero la omisión de las formalidades necesarias para la contratación administrativa no comporta que la Administración no tenga que abonar la obra, antes bien, los defectos formales en la contratación deben ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa.

No admite la Sentencia del TSJCL el argumento del Ayuntamiento acerca de la inexistencia del contrato por omisión total del procedimiento de contratación, pues entiende que de ello no puede derivarse sin más la exención de pago del precio de la obra7. No acepta tampoco como argumento defensivo el que el Ayuntamiento no haya hecho uso o dado utilización al trabajo realizado por el particular, porque la imposibilidad de puesta directa a disposición de la administración de la obra depende de la obtención de autorizaciones administrativas8.

Por todo lo anterior y a la vista de la concurrencia de los elementos probatorios puestos de manifiesto a lo largo de la fundamentación de la sentencia9, el Tribunal considera que ha existido un encargo por parte de la Administración, al menos tácito10, que la obra se encuentra plenamente ejecutada y que si bien no ha sido objeto de entrega al Ayuntamiento, se encuentra a su disposición sin que exista por parte del reclamante obstáculo alguno para la instalación en la ubicación prevista (vía pública), todo lo que lleva a la obligación del Ayuntamiento de abonar la obra ejecutada en aplicación del principio de prohibición de enriquecimiento injusto de la Administración11.

Por su virtud, el Tribunal acoge el recurso y con él la reclamación de cantidad por incumplimiento de contrato en relación a la ejecución artística, condenando al Ayuntamiento a indemnizar al autor de la obra con el valor de la misma en la cuantía de 47.850’20 euros.