Con la entrada en funcionamiento de los Juzgados con competencia Ambiental en El Salvador, a partir del año 2014, se ha reflejado una clara tendencia de denuncias de los particulares y autoridades para el inicio de procesos de naturaleza ambiental en contra de titulares de proyectos cuyas actividades tienen incidencia en materia medioambiental.

Tales actuaciones revelan la necesidad tanto de autoridades como de privados, revisar el cumplimiento de las obligaciones dispuestas por La Ley de Medio Ambiente (LMA) la cual ha estado vigente en El Salvador por casi 20 años.

En el contexto empresarial, es necesario que el personal de una sociedad conozca las obligaciones legales y reglamentarias que deben cumplirse a fin de asegurar el cumplimiento de las mismas, y así garantizar a su vez la continuidad de las actividades de la empresa evitando contratiempos derivados de los incumplimientos, eventuales sanciones y responsabilidades para los representantes de la misma.

En la actualidad, el tema ambiental es uno de los aspectos que las autoridades gubernamentales, tales como ANDA, el Ministerio de Salud, entre otras, solicitan como requerimiento dentro de los trámites de otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, comprobación de la vigencia de permisos ambientales como condición previa para el otorgamiento de dichas autorizaciones, las cuales son a su vez necesarias para realizar operaciones y estar en cumplimiento con toda la normativa aplicable.