El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza la interpretación que debe hacerse de los requisitos establecidos a efectos del impuesto sobre el valor añadido para la deducción de cuotas soportadas por servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración; repara especialmente en la vinculación de tales condiciones con las exigidas en el ámbito de la imposición directa para admitir la deducción de dichos gastos.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en su Resolución de 26 de enero del 2017 (JT 2017/4) analiza el supuesto de una entidad a la que le fueron notificadas dos liquidaciones provisionales del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en las que se le denegaba el derecho a deducir un conjunto de cuotas de tal impuesto, en concreto, las soportadas por servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración. Tales actos administrativos fueron recurridos por la entidad ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña que, en lo que aquí interesa, estimó la pretensión de la recurrente.

El tribunal regional partió en sus consideraciones del análisis del artículo 96.uno.6.º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, en el que se deniega el derecho a deducción de «[l]os servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo que el importe de los mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto sobre sociedades». Pues bien, dicho tenor literal fue interpretado por el tri‑ bunal en el sentido de entender que «para que las cuotas soportadas por IVA no sean deducibles, no basta con que no sean fiscalmente deducibles los gastos correspondientes en la imposición di‑ recta, sino que, además, es necesario que la Administración haya regularizado de manera efectiva la situación del obligado tributario en relación con los impuestos directos». Esta posición parte del entendimiento, tal y como apuntó el tribunal regional, de que si la Administración, para denegar la deducibilidad de las cuotas de tal impuesto, hubiera de limitarse tan sólo a acreditar que el gasto no es deducible en los impuestos directos, sin necesidad de regularizar previamente la situación del obligado tributario respecto de estos últimos, se produciría la incongruencia de no admitir el gasto en el impuesto sobre el valor añadido y admitirlo en la imposición directa, admisión que, por el transcurso del tiempo, daría lugar a su consolidación. 

Esta posición no fue compartida por la Administración, por lo que el director del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria interpuso un recurso de alza‑ da para la unificación de criterio ante el Tribunal Económico‑Administrativo Central, que finalmente ha estimado las pretensiones de la Administración sobre la base de varios argumentos.

Así, en primer lugar, atendiendo a la literalidad del citado precepto de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, es evidente para el Tribunal Central que en ningún momento se exige que para negar la deducibilidad de las cuotas de tal impuesto hayan tenido que regularizarse los gastos correspon‑ dientes en el ámbito de la imposición directa del obligado tributario.

Por otra parte, el tribunal central analiza también el argumento esgrimido por el tribunal regional cuando señala que mantener una postura diferente a la sostenida en la resolución ahora recurrida conduciría a «la incongruencia de no admitir el gasto en el IVA y admitirlo en la imposición directa», asimetría que además podría consolidarse por el transcurso del tiempo.

Pues bien, tampoco el tribunal central comparte tal argumento, ya que considera que, si dicha in‑ congruencia se consolidara, no sería una consecuencia de la aplicación del citado artículo 96, sino que se debería exclusivamente a la inacción de la Administración que, tras la denegación de la deducción de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido, no regulariza el impuesto directo co‑ rrespondiente cuyo plazo de prescripción no ha finalizado. Del mismo modo, si al tiempo de iniciarse la comprobación del impuesto sobre el valor añadido estuviera prescrito el derecho a liquidar el impuesto directo —situación factible tal y como lo explica la propia resolución—, la consolidación de la incongruencia que supondría, según el Tribunal Económico‑Administrativo Regional, regularizar el impuesto sobre el valor añadido no se debería a la aplicación literal de la norma, sino a la inacción de la Administración que no regularizó el impuesto directo cuando todavía podía hacerlo.

Todas las consideraciones anteriores condujeron al Tribunal Económico Administrativo Central a concluir que la regla recogida en el citado artículo 96.uno.6.º no exige para su aplicación que la Administración tenga que acreditar que los gastos de desplazamiento o viajes, hostelería y restau‑ ración han sido objeto de regularización en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto sobre sociedades. Y ello, porque la expresión «tener la consideración de gasto fiscal‑ mente deducible a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto sobre sociedades» alude al cumplimiento de los requisitos objetivos de deducibilidad contenidos en los ci‑ tados impuestos directos, pero en ningún momento determina o exige que la verificación de dichos requisitos haya de hacerse necesariamente o en primer término en el seno de una comprobación concerniente a los impuestos directos.

En definitiva, la vinculación requerida por el precepto objeto de controversia es objetiva y no pro‑ cedimental, pues presupone o exige la comprobación de determinados requisitos objetivos sin im‑ poner límites procedimentales para ello.