El Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, albergó diversas disposiciones de tipo so- cio-laboral, algunas de ellas referidas a reestructu- raciones laborales en empresas concursadas.

La tramitación parlamentaria de esta norma ha desembocado en la Ley 1/2014, de 28 de fe- brero, que mantiene el texto originario inaltera- do. La publicación de la nueva norma (BOE 1 de marzo 2014), con todo, invita a refrescar su con- tenido, aplicable a los procedimientos concursales que se encontraran en curso a la fecha de entrada en vigor del RDL 11/2013.

Modificación de la Ley Concursal

De las varias medidas de reestructuración que una empresa en crisis puede adoptar, el art. 64 de la Ley 22/2003, Concursal, selecciona cuatro de ellas  (traslados,  modificaciones  sustanciales de carácter colectivo, suspensiones contractuales, despidos colectivos) y las somete a un régimen singular, caracterizado por la intervención decisora del Juez de lo Mercantil.

La reforma laboral de 2012 omitió toda referen- cia a las empresas en concurso, generando así importantes incertidumbres sobre cómo les afec- taban las nuevas  coordenadas  legales  respec- to de las cuatro figuras señaladas. El binomio RDL 11/2013-L 1/2014 intenta corregir esta situa- ción al menos parcialmente, introduciendo cam- bios en el art. 64 de la Ley Concursal para acom- pasarlo a lo dispuesto en el (modificado) Estatuto de los Trabajadores, si bien mantiene ciertas par- ticularidades.

Las modificaciones versan exclusivamente sobre la sustanciación del período de consultas que ha de convocar el Juez, con participación del concursado, los representantes de los trabajadores y la admi- nistración concursal.

  1. Autocomposición de la comisión negocia- dora

La administración concursal, el deudor o los tra- bajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales, pueden solicitar del Juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de traba- jo en que sea empleador el concursado.

Ahora queda claro que la representación de los trabajadores es la prevista en el art. 41.4 ET, en el orden y condiciones allí especificados1, de modo que operan las siguientes reglas:

  • Comisión única de un máximo de 13 miem- bros.- La consulta se llevará a cabo en una única  comisión  negociadora,  si  bien,  de  existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. Los representantes de los trabajadores serán un máximo de trece2.
  • Prioridad de las secciones sindicales.- La in- tervención como interlocutores ante la di- rección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales siempre que se cumplan dos si- guientes requisitos:
  1. Que así lo acuerden las propias secciones sindicales.
  2. Que tengan la representación mayorita- ria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados3.

Dándose esas dos notas, las secciones sindi- cales representarán a todos los trabajadores de los centros afectados.

La regla sobre prioridad negociadora de las secciones sindicales comporta la entrada en juego del resto de previsiones solo de ma- nera supletoria, es decir “en defecto de lo previsto” para aquéllas.

  • Reestructuración monocéntrica.- Cuando las secciones no asuman la interlocución, si el procedimiento puesto en marcha afecta a un único centro de trabajo, este papel corres- ponde al comité de empresa o a los delega- dos de personal.

¿Qué sucede si en el único centro de tra- bajo afectado por la medida que desea im- plantar la empresa no existen delegados de personal o comité de empresa? Los traba- jadores pueden atribuir su representación a una comisión ad hoc, de un máximo de tres miembros, integrada bien por empleados de la propia empresa y elegida democrática- mente, bien por personas designadas, se- gún su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colec- tivo de aplicación a la misma4.

  • Reestructuración policéntrica.- Mayor comple- jidad, como es lógico, surge cuando el proce- dimiento afecta a más de un centro de traba- jo, en cuyo caso se abre el siguiente cuadro de posibilidades (siempre en defecto de que opere la prioridad de las secciones sindicales).
  1. Comité Intercentros

Si existe un Comité intercentros que tenga atribuida esa función en el con- venio colectivo que hubiera acordado su creación, le corresponde a él la in- terlocución5.

  1. Comisión representativa

La complejidad regulatoria surge cuan- do la empresa promueve medidas que afectan a varios centros de trabajo y no se cuenta con un Comité Intercen- tros, en cuyo caso forzosamente hay que atender a los propios delegados de personal o comités de empresa, con la evidente posibilidad de que no todos los centros de trabajo cuenten con este tipo de representación unitaria.

Primera hipótesis: todos los centros de trabajo afectados por el procedi- miento cuentan con representantes le- gales de los trabajadores. En tal caso, la comisión estará integrada por todos ellos, en el número máximo de trece.

Segunda hipótesis: alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de los tra- bajadores y otros no. En tal supuesto la complejidad es mayor, puesto que pue- den plantearse varios supuesto:

  • Si en ningún centro carente de re- presentación se promueve la desig- nación de la comisión ad hoc, la co- misión estará integrada únicamente por representantes legales de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes6.
  • Si los trabajadores de los centros sin representantes legales desig- nan delegados ad hoc, la comi- sión representativa se integra por los representantes legales y por tales delegados, en proporción al número de trabajadores que representen.
  • Cuando algún centro de trabajo sin representantes legales no designa delegados, su representación acre- ce la de los representantes legales, en proporción al número de trabaja- dores que representen.

Tercera Hipótesis: ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representan- tes legales de los trabajadores. En este caso la comisión representativa estará integrada por quienes  sean elegidos por y entre los delegados ad hoc, en proporción al número de trabajadores que representen.

  1. Composición de la comisión negociadora por el Juez concursal

Aunque la aplicación de las reglas legales para componer la comisión negociadora es suma- mente compleja, ello no obsta a que deba rea- lizarse con cierta inmediatez, y se fijen conse- cuencias para el caso de que no se haga así.

En este sentido, el art. 64 de la Ley Concur- sal mantiene la posibilidad de que el Juez del Concurso acuerde la intervención de una co- misión máxima de tres miembros, integrada por los sindicatos más representativos y los representativos del sector al que pertenezca la empresa. Pero, mientras antes el Juez po- día acordar su intervención una vez transcu- rrido el plazo de cinco días, ahora, en cambio, opera una remisión a “los plazos indicados en el referido artículo [41 ET] sin que los traba- jadores hayan designado representantes”7. Es decir: siete días, que se extienden a quince cuando alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no cuente con representantes legales de los trabajadores8.

  1. Adopción de acuerdos

Igual que en las empresas de régimen común, el período de información y consultas entre la admi- nistración concursal y los representantes de los trabajadores persigue idealmente la consecución de un acuerdo respecto de las medidas a adoptar.

El legislador trae a la Ley Concursal el régi- men de mayorías internas que el Estatuto de los Trabajadores exige para la adopción de acuerdos por parte  de  la  representación de los trabajadores: se requiere el concurso de la mayoría de  los  representantes  legales de los trabajadores o, en su caso, de la ma- yoría de los miembros de la comisión repre- sentativa de los trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.