El recurso objeto de análisis impugnaba la extensión del acuerdo de determinada organización interprofesional al conjunto del sector por medio del cual se fijaba la aportación económica para realizar actividades de promoción del aceite de oliva, mejorar la información y conocimiento sobre las producciones y los mercados y realizar programas de investigación y desarrollo, innovación tecnológica y estudios, durante las campañas 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014.

Antes de entrar en el fondo, la Sala aclara que nos encontramos ante una disposición general, pues «la Orden recurrida tiene vocación de ser aplicada reiteradamente, de tal forma que su repetida aplicación no solo no agota sus efectos, sino que refuerza su vigencia, sin que el carácter temporal de esta última desvirtúe la índole normativa de dicha Orden. Además, es evidente el carácter general y abstracto de la referida Orden, dirigida a una pluralidad de destinatarios, los productores y comercializadores de aceite de oliva. Por último, presenta la que tal vez sea la característica más relevante, pues se inserta en el ordenamiento jurídico, innovándolo y pasando a formar parte del mismo, a diferencia del acto administrativo que se limita a aplicarlo y actuar con sumisión al mismo.»

Por tanto, la información que la orden ministerial impugnada ofrecía sobre su recurribilidad resulta errónea, pues anunciaba que cabía la interposición de recurso potestativo de reposición como si de un acto administrativo se tratase.

En cuanto a los motivos de fondo, concluye el tribunal que la orden ministerial recurrida ha sido dictada siguiéndose el procedimiento de extensión de norma que establece el Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agrarias, pues el «nivel de exigencia y rigor con que ha de valorarse el incumplimiento de alguno de sus trámites debe atemperarse a las circunstancias concretas que concurran en cada caso en las disposiciones en las que se obliga a cumplir con este procedimiento, exigencia que compete respetar a quienes elaboren la norma, y en ello influirá de modo decisivo el objeto de cada disposición y las finalidades que cada una cumpla (STS de 6 de mayo de 2009).»