A la espera de saber si finalmente se arregla la situación y se desconvoca la huelga, a día de hoy los estibadores han convocado varios días de huelga a partir del próximo 10 de marzo con paros parciales que se extenderán durante varias semanas, por estar programados en días alternos.

La problemática de la huelga de la estiba hará que muchos fabricantes o distribuidores de automóviles, por causas que no les son imputables, no puedan cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones de entrega de vehículos, tanto a los operadores de renting como a sus concesionarios; en este último caso, con los consiguientes retrasos también en la entrega a los clientes finales. Lo mismo aplica para la industria de componentes. ¿Deberán afrontar por ello el pago de indemnizaciones por el incumplimiento de los plazos de entrega?

Numerosas sentencias del Tribunal Supremo han definido qué debe entenderse como caso fortuito, previsto sin denominarlo así expresamente en el artículo 1105 del Código Civil. Se entiende por caso fortuito «todo suceso imposible de prever, o que, previsto, sea inevitable y por tanto realizado sin culpa del agente» (STS 23 de mayo de 2008, con muchos precedentes en el mismo sentido). La situación de la huelga de los estibadores queda encuadrada dentro de este supuesto, y en consecuencia —excepto por lo que indicaremos a continuación sobre la diligencia exigible al deudor en cuanto a la previsibilidad del caso fortuito—, mientras no se extinga la causa de fuerza mayor y persista la huelga de la estiba, se suspenderá la obligación del deudor de entregar los vehículos en el plazo acordado.

En el caso de la huelga de los estibadores y los disturbios previos que hayan podido ocasionar retrasos en las entregas, nos encontramos ante un supuesto de imposibilidad de cumplimiento del deudor por hechos provocados por terceros —que no son empleados del deudor—. Es preciso hacer esta matización porque el deudor contractual no puede alegar como hecho exoneratorio de sus obligaciones los incumplimientos contractuales cometidos por sus propios empleados que infringen sus obligaciones laborales. Este supuesto estaría dentro del concepto «riesgo de empresa», riesgo que debe asumir el deudor contractual y, por lo tanto, si la huelga hubiera estado provocada por empleados propios, el deudor sí sería responsable del pago de indemnizaciones por el incumplimiento de sus obligaciones de entrega.

El caso de la huelga de la estiba es distinto puesto que se trata de comportamientos de terceros ajenos al deudor y que van más allá de su control. Por ejemplo, en el caso de una huelga general, este supuesto si será considerado prima facie como caso fortuito porque su producción desborda el dominio posesorio del deudor y no es un riesgo interno de su organización que se le deba imputar (STS 23 de febrero de 1981), aunque su calificación final dependerá también de su previsibilidad (STS 16 de mayo de 2012) y de que el deudor contractual haya tomado las medidas oportunas para salvar la posibilidad de que se cumplieran los contratos pendientes.

Por ello se deberán analizar las particularidades del caso en concreto, porque la diligencia exigible al deudor marca en cada momento las fronteras del deber de indemnización por incumplimiento aun en los casos de incumplimiento por caso fortuito (STS 20 de Diciembre de 1985). A la vista de la previsibilidad del caso fortuito, se le puede exigir al deudor la adopción de medidas precautorias para neutralizar el efecto negativo que pueda producirse.

Por todo ello, ante la situación actual de huelga convocada y la previsibilidad de retrasos en los puertos, tiene especial relevancia que los fabricantes y distribuidores activen planes de contingencia para neutralizar los efectos adversos en la medida de lo posible: trasladar stock a las islas, prever la logística con traslados de vehículos disponibles a los concesionarios, o componentes a otros almacenes, etc.

Para evitar dudas interpretativas sobre estos conceptos legales que puedan dar lugar a posibles litigios entre las partes, en sectores como el de la automoción donde el transporte de la mercancía tiene un peso importante y puede verse afectado por actuaciones de terceros como la que comentamos, es muy recomendable incluir clausulas que delimiten exactamente los casos de fuerza mayor o caso fortuito en los contratos. En este sentido, se recomienda hacer mención expresa a las siguientes situaciones como supuestos de caso fortuito: los casos de interrupción continuada o discontinua y/o cesación parcial o permanente de los servicios por parte de los trabajadores de la empresa —cuando se trate de huelga general— o de cualquier otra empresa que forme parte de la cadena de distribución y/o transporte y/o carga y descarga del producto objeto del contrato con motivo del ejercicio del derecho de huelga, tanto si se desarrolla dicho derecho en cualquiera de las modalidades legalmente permitidas, como si se considera que los trabajadores están cometiendo actos ilícitos/abusivos. Del mismo modo, para abarcar otros posibles supuestos que ocasionen retrasos y que no se circunscriban al momento de la huelga formalmente convocada, es recomendable prever contractualmente como supuesto de caso fortuito cualquier forma de alteración (individual o colectiva) del régimen de trabajo distinta a la huelga que imposibilite la prestación del servicio/entrega del producto con la debida normalidad.