En esta Sentencia, el Tribunal Supremo abre una nueva e interesante vía jurisdiccional para obtener la ampliación de efectos de las sentencias anulato- rias de sanciones a quienes, aun sin haber recurrido contra ellas, fueron afectados por la misma resolu- ción sancionadora. Conviene recordar, brevemente, los hechos que dieron lugar a esta Sentencia.

  • Mediante una resolución  de  21  de  junio de 2007, el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, impuso multas de distinta cuan- tía a nueve empresas, por estimar que ha- bían incurrido en una práctica prohibida de la Ley de Defensa de la Competencia de concer- tación de precios mínimos en la venta al públi- co de sus marcas de aceite.
  • Una de las empresas sancionadas, SOS CUÉTARA, interpuso recurso ante la Audiencia Nacional contra la sanción a ella impuesta -que ascendía a dos millones de euros-, utilizando la vía de la protección jurisdiccional de los dere- chos fundamentales, por estimar que se había vulnerado su derecho a utilizar determinados medios de prueba esenciales para su defensa y, en consecuencia, el art. 24.2 de la Constitución.
  • La Sentencia de la Audiencia Nacional desesti- mó el recurso, por entender que no había re- sultado de modo convincente que la resolución del procedimiento hubiera sido absolutoria si se hubieran practicado las pruebas propues- tas, pero, recurrida en casación, el Tribunal Supremo dio razón a SOS CUÉTARA y proce- dió a casarla y a dictar otra anulando el acto recurrido. A juicio de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2009, concurría “una argumentación razonable y suficiente del recurrente de la pertinencia de la prueba inad- mitida y de su potencial relevancia para modi- ficar las resolución sancionadora”, y ello resul- taba determinante para estimar la vulneración del derecho fundamental a la prueba.
  • Otra de las empresas sancionadas (DIA), había recurrido también la multa, y su recurso fue es- timado por la Audiencia Nacional por aplicación de lo resuelto en esta Sentencia del Supremo. Sin embargo, MERCADONA SA no había recurri- do, ni en vía administrativa ni jurisdiccional, ni se había personado en ninguno de los recursos que interpusieron otras sociedades, conformán- dose con la resolución sancionadora.
  • En esta situación, se le asesoró a MERCADONA para que promoviera el incidente de ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional rechazó esta preten- sión, por estimar que “nuestro ordenamiento jurídico no contempla la solución propuesta por MERCADONA: el éxito obtenido por otro administrado que fue igualmente sancionado en su recurso contencioso-administrativo no extiende sus efectos a la situación del sancio- nado que no impugnó la sanción que le fue im- puesta, por más que la sentencia del Tribunal Supremo declare nulo el acto administrativo impugnado por otra empresa en un concreto litigio en el que la empresa MERCADONA no fue parte”.

La doctrina mantenida por la Audiencia Nacional parece responder a la regla de la irrecurribilidad de los actos firmes y consentidos, pero no lo ha entendido así la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2014 (n.º de rec. 467/2012), que ha estimado la pretensión hecha valer por MERCADONA SA en el incidente de ejecución for- zosa de la sentencia, y ha declarado que “su pleno cumplimiento exige la devolución del importe de la sanción (413.800 euros) que le impuso el Tri- bunal de Defensa de la Competencia por acuerdo de 21 de junio de 2007”.

La Sentencia, que destaca por su claridad expositi- va, no hace en realidad sino aplicar a la anulación de la resolución sancionadora la moderna doctrina jurisprudencial sobre la legitimación para promo- ver la ejecución de las sentencias firmes a todas las “personas afectadas”.

En este sentido, si bien la LJCA alude normalmente en los incidentes de ejecución de resoluciones ju- diciales a quienes hubieran sido parte en el proce- so (arts. 84.1 y 91.1), al tratar de la legitimación para pedir la ejecución forzosa de una sentencia firme, el art. 104.2 se refiere a “cualquiera de las partes y personas afectadas”. Pues bien, desde su primer reconocimiento en la STS de 7/6/2005 (rec. n.º 2492/2003), la interpretación jurisprudencial de estas normas se ha movido en el sentido de ex- tender a todos los casos la fórmula del art. 104.2, considerando legitimadas para promover la ejecu- ción forzosa de una sentencia no sólo a las partes del proceso, sino también a los terceros que ten- gan la condición de “personas afectadas”, aunque no hubieran comparecido en el proceso en que aquélla se dictó1.

Esta interpretación, según ha declarado el Tribu- nal Supremo “se proyecta sobre la ejecución de todas las sentencias que, por la naturaleza de su fallo, incidan en la posición de sujetos distin- tos de las partes procesales”, incluidas las dic- tadas en procedimientos de protección de los derechos fundamentales. Esta doctrina se circuns- cribe a las sentencias estimatorias de anulación (por aplicación de lo dispuesto en el art. 72 LJCA sobre los efectos de las sentencias), y aunque se admite la extensión de los efectos de dicha anu- lación, puede modularse el alcance de la perso- nación a aquella parte del fallo que afecta a to- dos por igual (vid., STS de 7 de octubre de 2013, rec. n.º 6980/2010). Hay que precisar, por otro lado, que únicamente se admite esta persona- ción cuando se trata de la ejecución definitiva de la sentencia, habiéndose negado que proceda en los casos de ejecución provisional (SSTS de 14 de enero de 2010,  rec.  n.º  5228/2007,  y  de  18 de marzo de 2009, rec. n.º 1104/2007).

La jurisprudencia sobre la “fuerza expansiva” de las  sentencias  estimatorias   de   pretensiones de anulación se ha aplicado a fallos de muy distin- to contenido (obligación de demoler derivada de anulación de licencia; indemnización sustitutoria de la anulación de un concurso; orden de cese de contaminación acústica; anulación  de  proyecto de desdoblamiento de carretera que discurría por varios términos municipales, entre otros), pero, salvo error, esta es la primera vez en que se pro- cede a extender el efecto de la anulación de una resolución sancionadora a una parte no personada en el procedimiento y que no había recurrido la sanción impuesta.

La doctrina contenida en esta Sentencia consti- tuye, por tanto, una novedad muy destacable, y si bien únicamente parece dirigida a aquellos su- puestos en los que una única resolución sanciona- dora “afecta” a varios sujetos y se impone como consecuencia de la conducta mantenida entre to- dos ellos -singularmente las multas por acuerdos colusorios de la competencia-2, no puede descar- tarse su aplicación a otros supuestos en los que se sancione por un mismo hecho (p.ej., un vertido contaminante) a varios posibles infractores, máxi- me teniendo en cuenta la admisión de la responsa- bilidad solidaria en el derecho sancionador admi- nistrativo (art. 130.3 de la Ley 30/1992).