La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que entiende que no es necesario registrar la jornada de trabajo ordinaria, obliga a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a modifi car su criterio en la Instrucción 1/2017, complementaria a la Instrucción 3/2016 de 21 de marzo sobre intensifi cación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias.

La anterior Instrucción 3/2016 de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social determinaba que la llevanza de un registro de la jornada de trabajo por parte de la empresa constituía el presupuesto necesario que permitía la contabilización de todas las horas de trabajo y la consiguiente acreditación de las horas extraordinarias.

En concreto, la Instrucción 3/2016 establecía que la adecuada llevanza del registro de la jornada era el medio habilitado por la ley para la oportuna comprobación y prueba de la jornada efectiva, así como de su adecuación a la legalidad. A este respecto, se destacaba el papel esencial del registro en la regulación del tiempo de trabajo, siendo así que el incumplimiento de dicha obligación debía ser considerado una transgresión de las normas en materia de jornada de trabajo. Esta postura se apoyaba en la interpretación que del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores se venía haciendo por los Tribunales y, especialmente, por la Audiencia Nacional (véase Sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015).

Siguiendo esta línea, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social venían apreciando la existencia de una infracción grave, sancionable con multas de entre 626 y 6.250 euros, del artículo 7.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (“LISOS”), por “la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en materia de jornada de trabajo, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones , permisos y, en general, el tiempo de trabajo a que se refi eren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores”.

La situación cambió con la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2017, cuyos pronunciamientos fueron luego reiterados en su Sentencia de 20 de abril de 2017. En estas resoluciones, el Tribunal Supremo corrigió el criterio de la Audiencia Nacional y estableció que la obligación del empresario de registrar las horas de trabajo se extendía únicamente a las horas extraordinarias, sin perjuicio de lo dispuesto con carácter especial para los contratos a tiempo parcial, trabajadores móviles, de la marina mercante y ferroviarios. El Tribunal Supremo insistía en que no existe en el Estatuto de los Trabajadores una obligación general del empresario de anotar las horas de trabajo de sus empleados, como tampoco contiene la LISOS ninguna infracción en este sentido. Los incumplimientos en materia de documentación de horas, cuando procedan, sólo podrían ser sancionados como una falta leve con multas de entre 60 y 625 euros.

En aras de ajustarse al criterio impuesto por el Tribunal Supremo, la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha visto obligada a dictar la Instrucción 1/2017 por la que se modifi ca la anterior Instrucción 3/2016 en el sentido de señalar a los miembros del cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que la omisión del registro de la jornada diaria de trabajo por parte de las empresas no es constitutiva, en cuanto tal, de una infracción del orden social, salvo en los supuestos de contratos a tiempo parcial, trabajadores móviles, de la marina mercante y ferroviarios, o cuando se realicen horas extraordinarias.