El conflicto positivo de competencia tiene por objeto resolver el litigio instado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 1, primer párrafo; 2; 3.1, 2, 3 y 4; 4.1, 2, 3 y 5; 5 y 7 así como contra la disposición final primera del Real Decreto 405/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el uso del logotipo «Letra Q» en el etiquetado de la leche y los productos lácteos.

La Administración autonómica sostiene que la referida norma vulnera su competencia en dos ámbitos materiales: (i) la competencia exclusiva en materia de denominaciones de origen y otras menciones de calidad; y (ii) la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería.

La norma en cuestión regula los requisitos que deberán cumplir los distintos operadores para acceder a la utilización del logotipo «Letra Q», que consiste en la existencia de mecanismos o sistemas internos de garantía de la trazabilidad, desarrollados bajo la responsabilidad de aquéllos y que quedan sometidos, a su vez, a un proceso de control y certificación por parte de organismos externos e independientes acreditados para esta tarea.

El rasgo distintivo de esta regulación es el carácter voluntario para los operadores del uso del logotipo «Letra Q», rasgo predicable del conjunto de la regulación impugnada.

En relación con la distribución de competencias entre Estado – Comunidades Autónomas, la norma impugnada debe encuadrarse en las materias de ganadería y sector agroalimentario, por un lado, y consumo, por otro, ámbitos materiales de competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña, en los que pueden proyectarse o incidir determinadas competencias estatales.

No obstante, en este caso concreto, el Tribunal Constitucional concluye que «el Real Decreto 405/2010, por su declarada finalidad meramente informativa y, sobre todo, por el limitado alcance que le presta su naturaleza de normativa de cumplimiento voluntario para los operadores, constituye una medida de escasa entidad o repercusión económica, que en ningún caso homogeneiza o condiciona el acceso de aquéllos al mercado. Por ello, sólo presenta una débil vinculación con la ordenación económica general del subsector lácteo, que resulta a todas luces insuficiente para prevalecer frente a su contenido material.»

Tampoco el sistema de trazabilidad que fundamenta el concreto uso del logotipo «Letra Q» está asociado al cumplimiento de requisitos o controles sanitarios (como se señala por la abogacía del Estado).

Luego «los criterios informativos regulados por el Real Decreto 405/2010 forman parte, en consecuencia, del derecho a la información de consumidores y usuarios, que “es más bien resultado del ejercicio de la competencia legislativa sobre ‘defensa del consumidor y del usuario’, siendo éste el título a considerar”», lo cual determina que los preceptos impugnados del Real Decreto 405/2010 carezcan de cobertura competencial y hayan de reputarse contrarios al orden constitucional de distribución de competencias, por invadir las atribuidas a la Generalitat de Cataluña por los artículos 116.1 y 123 de su Estatuto de autonomía.