Analizamos la reciente sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 58/2018 de 2 febrero, que por primera vez se pronuncia en casación sobre si es o no imperativa para la entidad financiadora la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 16.2 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (LVPBM) en caso de venta de dicho vehículo para saldar la deuda ante el impago por parte del deudor.

Es una práctica común en el sector de la automoción que la entidad financiadora y el deudor, ante un supuesto de impago, firmen un contrato privado pactando la entrega del vehículo a la entidad financiadora para que ésta proceda a la venta del vehículo para saldar la parte de la deuda que dicha ejecución cubra. En muchos casos la venta del vehículo no va precedida del requerimiento notarial que exige el artículo 16.2 LVPBM, y la tasación del vehículo y de las reparaciones necesarias se hacen conforme a lo acordado por las partes, sin intervención de fedatario público.

La jurisprudencia sobre esta cuestión era contradictoria en las Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo ha considerado necesario aclarar si existe vulneración de los derechos de los consumidores en estos supuestos en los que no se respeta el procedimiento establecido en el artículo 16.2 LVPBM para la ejecución directa de los bienes por el acreedor. Se pronuncia expresamente también el Tribunal Supremo sobre la validez del pacto de trasladar al deudor los gastos propios de la ejecución. 

Supuesto de hecho y argumentación legal de las partes

El comprador (deudor) entrega voluntariamente el vehículo a la entidad financiadora ante la imposibilidad de pago de las cuotas financiadas y ambas partes firman un documento privado en el que consta la entrega del vehículo y las instrucciones a la entidad financiadora para que proceda a la venta del vehículo en nombre del deudor, aplicando el importe de la venta a cubrir la deuda hasta donde alcance, «una vez descontadas posibles cargas, multas, impuestos o reparaciones que deban hacerse en el vehículo».

Realizada la venta por la entidad financiadora en función del valor de tasación —calculado de la manera establecida en el contrato—, descontando los gastos del procedimiento de venta del vehículo y la depreciación por los desperfectos que el vehículo presentaba en el momento de la entrega, la entidad financiadora procede a reclamar judicialmente al deudor la cantidad adeudada no cubierta y el deudor se opone a la demanda y alega que no reconoce la cuantía reclamada.

El deudor alega infracción del artículo 16.2 LVPBM y del procedimiento establecido en dicho artículo para la protección de los consumidores y usuarios. Expone en particular la falta de información y transparencia del proceso seguido para la venta del vehículo y de las operaciones de liquidación de la deuda. Argumenta que la entidad financiadora no procedió a declarar formalmente el vencimiento anticipado del préstamo, con el correspondiente cierre de la cuenta deudora y certificación del saldo deudor, operaciones que se realizaron una vez producida la venta del vehículo.

La entidad financiadora, por su parte, considera que no es de aplicación lo establecido en el citado artículo 16.2 puesto que no puso en marcha el procedimiento establecido en el mismo, sino que fue el propio deudor quien entregó voluntariamente el vehículo para que se procediese a su venta ante la imposibilidad de pago de la deuda. En la enajenación del bien se respetaron los procedimientos de tasación del vehículo pactados en el contrato (tablas Eurotax) y los desperfectos mecánicos del vehículo quedaron acreditados en el procedimiento de instancia. El contrato preveía expresamente que los desperfectos del vehículo serían deducidos del valor de tasación. Argumenta la entidad financiadora que el deudor tampoco se opuso al importe de venta del vehículo cuando así le fue comunicado por dicha entidad.

Resolución del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo entiende lo siguiente:

1. El artículo 16.2 LVPBM no impide otros acuerdos entre las partes para la enajenación del bien para saldar la deuda, por lo que su aplicación no es imperativa.

2. La entrega del vehículo a la entidad financiera no extingue per se la deuda como pretendía el deudor. En este caso en concreto, además, las partes acordaron que se descontarían del valor de tasación del vehículo los desperfectos y otros conceptos.

El derecho del acreedor a recuperar el importe de la deuda no cubierto por el valor del bien (según establece el artículo 16.2.e) LVPBM) debe ser aplicado con independencia de que se haya utilizado formalmente dicho procedimiento o no, e incluso con independencia de que en este caso concreto el deudor alegue que se entregó el vehículo para la venta a un tercero y no para su adjudicación por el acreedor, que es el supuesto que recoge el artículo 16.2.e).

3. El Tribunal Supremo considera que el importe de la deuda no puede considerarse incierto por el hecho de que la entidad financiadora no procediera a expedir una certificación de la liquidación del saldo deudor, porque se ha seguido un juicio ordinario en el que ha quedado acreditado el importe de la deuda, la valoración del vehículo y sus desperfectos. La propia entrega del vehículo por el deudor libera a la entidad financiadora de la necesidad de declarar en ese momento el vencimiento anticipado de la obligación de pago.

4. El Tribunal da la razón al deudor en un punto: los gastos consistentes en los servicios de gestión de la deuda y venta del vehículo no deben ser asumidos por el deudor. No son gastos necesarios para la ejecución del bien, conforme al artículo 1168 Código Civil y la entidad financiadora no puede imponer al consumidor estos gastos en un contrato no negociado. Ya en la sentencia del Tribunal Supremo 705/2015 se consideró abusiva la cláusula que imponía al deudor todos los gastos pre-procesales, procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento del deudor de sus obligaciones de pago en el caso de un préstamo hipotecario.