Nos encontramos en una época muy interesante que seguramente marcará el rumbo para El Salvador por al menos la siguiente década. Ahora que se han concluido las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y Concejos Municipales, y como preámbulo a las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo año, es importante que nos enfoquemos en las elecciones de segundo grado que la Asamblea Legislativa llevará a cabo para nombrar 5 integrantes de la Corte Suprema de Justicia, 4 de los cuales compondrán a la Sala de lo Constitucional por los siguientes 9 años. Ante esto, el rol de fiscalización de la sociedad civil será fundamental para que los diputados nombren magistrados acordes a los requerimientos establecidos por la Constitución de la República.

Tomando como parámetro las actuaciones desempeñadas por los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional que concluyen sus funciones el presente año, las cuales estuvieron marcadas por la defensa inexorable de la Constitución, sentencias con contenido técnico jurídico alto, y -sobre todoabsoluta independencia al momento de emitir sus sentencias, la Asamblea Legislativa tendrá la dura labor de encontrar a los próximos magistrados que puedan ejercer sus cargos con la misma integridad que los magistrados salientes.

En este proceso de elección, será fundamental que todos los ciudadanos exijan que sus representantes dentro de la Asamblea Legislativa elijan abogados que cumplan expresamente con los parámetros establecidos por la Constitución, específicamente con lo siguiente:

1. Independencia judicial: Se necesitan abogados ligados exclusivamente al texto constitucional, que no se encuentren atados por ningún vínculo político-partidario y que utilicen sus conocimientos con el exclusivo afán de defender la Constitución (Art. 172 de la Constitución). Se necesitan magistrados dispuestos a cumplir bajo su palabra de honor, ser fieles a la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución, según la protesta que tomarán según lo indicado en el artículo 235 de nuestro texto constitucional.

2. Competencia notoria: La más alta magistratura requiere profesionales altamente capacitados, que puedan acreditar el conocimiento de los aspectos técnicos más elevados y novedosos para la defensa de la Constitución.

3. Moralidad notoria: Requerimos de profesionales que dentro de la vida personal y profesional hayan demostrado cumplir con los más altos estándares éticos en su actuar a lo largo de toda su carrera.

Como sociedad tendremos que seguir muy de cerca este proceso y procurar, a través de nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, que los magistrados que resulten electos sean independientes, técnicamente competentes y con los más altos estándares éticos, dado que de ellos dependerá la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho durante los próximos nueve años, y en gran parte, la seguridad jurídica para el correcto desarrollo económico y social en El Salvador. La independencia judicial es construida por todos y en beneficio de todos, por lo que la sociedad tiene una gran tarea que cumplir durante los siguientes meses en pro de El Salvador.