Constituye el objeto del recurso la impugnación de la Sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 2 de junio de 2009, mediante la que se desestimó el recurso interpuesto contra el acto de la concesionaria del puerto deportivo de Alcalá de Xivert por el que se practicaba la liquidación de gastos del año 2005 y el presupuesto de 2006, así como contra la resolución que lo confirmaba en alzada.

Dicho puerto, en cuyo terreno de dominio público hay un enclave de propiedad privada («poblado marinero») dotado de apartamentos, se gestiona en régimen de concesión administrativa, régimen dentro del que se prevé que los usuarios del puerto –entre ellos, los propietarios de inmuebles allí radicados- han de contribuir proporcionalmente al sostenimiento de los gastos que genera su mantenimiento, para lo cual se autoriza a la concesionaria a cobrar dichos gastos. Así, en el Anexo II del reglamento de explotación, policía y tarifas del puerto deportivo se regula la contribución a sus gastos de conservación y mantenimiento, estableciendo su artículo 9.1 que corresponde a los titulares de los derechos de uso y disfrute de amarres, locales comerciales, pañoles, talleres y a los propietarios de los apartamentos sufragar todos los gastos de administración, vigilancia, electricidad o iluminación general o especial de la zona, marinería, gas, limpieza, conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones, tasas, arbitrios y seguros, así como cualquier gasto de carácter general que pudiese surgir. Habilitada por este reglamento, la sociedad concesionaria elaboró la liquidación y el presupuesto que fueron posteriormente impugnados por el propietario de un inmueble del citado poblado marinero.

El Tribunal Supremo reitera que los conceptos integrados en la liquidación girada –gastos de mantenimiento- no se deben a una contraprestación por la ocupación o aprovechamiento especial del dominio público ni a la compensación de servicios prestados por una entidad de Derecho Público en régimen de monopolio, es decir, que no tienen el carácter de tarifas o tasas portuarias ni de otras prestaciones patrimoniales de carácter público –por lo que no se requiere para su establecimiento y regulación esencial de una norma con rango de ley- sino que responden a la simple operación de imputar y distribuir los gastos comunes entre los distintos partícipes, sin que la condición de concesionaria que posee la entidad liquidadora y la presencia del dominio público del puerto modifiquen per se la naturaleza de las prestaciones exigidas.

Por otra parte, estima el Tribunal que el reglamento de explotación y policía se enmarca dentro del régimen concesional y que su validez y eficacia no se condicionan a la publicación en boletín oficial, entendiéndose satisfechas las exigencias de publicidad de la norma con que ésta se encuentre a disposición de los interesados en las dependencias de la entidad concesionaria del puerto deportivo, y ello en atención a la proyección netamente interna de la norma en la medida en que se dirige a un colectivo de personas determinadas e identificadas.