A partir del mes de junio del presente año entrará a regir la Ley N°9742 “Ley Marco para la Regularización del Hospedaje No Tradicional y su intermediación a través de Plataformas Digitales”.

Dicha ley viene a regular el alquiler de casas, condominios y similares que sean utilizadas para turismo y por periodos no mayores a un año, así como la intermediación que realizan para dichos alquileres las plataformas digitales tales como Airbnb y otros intermediarios y/comercializadores. La misma viene a establecer una serie de obligaciones tanto para las empresas operadoras de dichas plataformas como para lo que denominada la ley como “prestatarios del servicio”, es decir los propietarios de los inmuebles que se dedican habitualmente a dicha actividad.

Lo anterior, implica que tanto los propietarios de los bienes inmuebles, las empresas intermediarias, llámase plataformas digitales o corredores de bienes raíces que se dediquen a esta actividad y reciban dinero por medio de sus plataformas de servicio, deben de cumplir una serie de obligaciones. Dichas obligaciones tienen a nuestro entender tres objetivos principales: (1) que el sector informal de alquileres para uso turístico pague impuestos (la realidad es que muchos propietarios de inmuebles para alquiler no tradicional no los pagan), (2) permitir a los hoteleros de alguna formar competir en condiciones similares (difícilmente serán de igualdad por la naturaleza del servicio) al sector del hospedaje no tradicional y (3) establecer algunas reglas mínimas relacionadas a la forma en que debe prestarse el servicio y los mecanismos de tutela de los usuarios.

En el caso de los prestatarios del servicio (propietarios de los inmuebles) sus principales obligaciones serán las siguientes:

a) Realizar la inscripción ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Dicha inscripción deberá realizarse a más tardar un año contado a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir a partir del 01 de junio del año 2021.

b) Inscribirse ante la DGT como contribuyente para el pago de los impuestos correspondientes.

c) Expedir factura digital y por ende hacer el cargo del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

d) Los inmuebles deben de cumplir con la Ley 7600 (Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad). Para este requisito se establece un plazo de 2 años para que los inmuebles cumplan con dicha ley (excluyendo aquellas aquellos inmuebles que sean parte de la vivienda habitada por el prestatario del servicio).

e) Aunque la ley no lo indica expresamente, nos parece que en principio los prestatarios del servicio deberían de obtener la patente municipal.

En el caso de las empresas comercializadoras o intermediarias (plataformas digitales, corredores, administradores de propiedades, por ejemplo), sus principales obligaciones serán las siguientes:

a) Realizar la inscripción ante la DGT y realizar el pago de los impuestos aplicables.

b) Facilitar la información requerida por instituciones del Estado (entre ellas la DGT) sobre los prestatarios del servicio (mediante este mecanismo probablemente la DGT hará controles cruzados para determinar que prestatarios del servicio no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias), y

c) Retener y pagar a la DGT en caso de que el pago se haga a través de su plataforma de servicio, los impuestos aplicables. En este punto se establece que las empresas comercializadoras o intermediarias son solidariamente responsables en caso de que la retención aplique, pero no se realice por parte de la empresa.

Evidentemente las anteriores obligaciones representarán una carga relevante no solo para los prestatarios del servicio (propietarios de los inmuebles), si no también encarecerán los alquileres de hospedaje no tradicional para los usuarios.

Un dato relevante, es que la Ley viene a indicar que, en aquellas zonas calificadas como residenciales, se podrá ejercer la actividad de hospedaje no tradicional siempre y cuando no alteren, perturben o incidan negativamente en el entorno al cual se encuentra circunscrita la propiedad en que se ejerza la actividad. Esta norma no solo es muy ambigua y probablemente generará problemas prácticos, si no que a nuestro criterio se contrapone a los derechos y las competencias tanto de las Municipalidades y el INVU como entes competentes para el ordenamiento y planificación urbana.

Con respecto a las sanciones, la Ley únicamente se limita a indicar que se aplicarán las “sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico para la realización de una actividad comercial ilegal”. Tomando en consideración lo anterior, entenderíamos que dichas sanciones podrían ser desde el cierre de la propiedad donde se realiza el hospedaje no tradicional hasta multas pecuniarias. En este punto se vuelve relevante el tema de la patente comercial, que por norma general sería requisito para ejercer la actividad comercial de hospedaje no tradicional, tal y como se indicó anteriormente.

Por último, es importante mencionar, que a la fecha todavía el ICT no cuenta con la plataforma para el registro de prestatarios de servicios de hospedaje no tradicional y todavía el reglamento a la Ley no ha sido emitido, por lo que podemos esperar la ampliación y aclaración de algunos conceptos de la ley en los próximos meses.