La Unión Europea aprueba «medidas de contingencia» en la coordinación de la seguridad social para prever los efectos del brexit. Protege, de este modo, a quienes han ejercido su derecho a la libre circulación y han confiado en un sistema de seguridad social con igualdad de trato, totalización de cotizaciones y reconocimiento de prestaciones en el ámbito europeo. De no haberse hecho así, la aplicación de la normativa europea dudosamente ampararía los derechos derivados de cotizaciones anteriores a la salida del Reino Unido.

1. La Unión Europea acaba de aprobar el Reglamento (UE) 2019/500 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo del 2019 (DOUE de 27 de marzo), por el que se establecen medidas de contingencia en el ámbito de la coordinación de la seguridad social a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión. La justificación parece clara: salvaguardar los derechos de seguridad social de quienes han ejercido la libre circulación en el ámbito de la Unión Europea y proporcionar una garantía jurídica que, con el brexit, pudiera resultar resentida en una materia de trascendencia social. Y su entrada en vigor se prevé con carácter urgente el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, aplicándose a partir del día siguiente a aquel en que los tratados dejen de aplicarse al Reino Unido, salvo que para entonces haya entrado en vigor un acuerdo de retirada celebrado con el Reino Unido.

Como recuerda el preámbulo de este reglamento, el 29 de marzo del 2017 el Reino Unido presentó la notificación de su intención de retirarse de la Unión de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Los tratados dejarán de ser aplicables al Reino Unido a partir de la fecha de entrada en vigor de un acuerdo de retirada o, en su defecto, dos años después de la notificación de la retirada, esto es, a partir del 30 de marzo del 2019, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con el Reino Unido, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo. De no producirse un acuerdo de retirada o una prórroga del periodo de dos años tras la notificación de la retirada, también dejarán de aplicarse al Reino Unido y en él a partir del 30 de marzo del 2019 las normas de la Unión en materia de coordinación de la seguridad social previstas en los reglamentos núms. 883/2004 y 987/2009, respectivamente, tan importantes para la protección social de los trabajadores y de los ciudadanos europeos. Como consecuencia de ello, las personas que, en su condición de ciudadanos de la Unión, han ejercido legítimamente el derecho de libre circulación o la libertad de establecimiento consagrados en los artículos 45 y 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea antes de la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión, así como los miembros de sus familias y sus supérstites, ya no podrán invocar las normas de la Unión en materia de coordinación de la seguridad social en relación con sus derechos de seguridad social basados en hechos y acontecimientos ocurridos antes de la fecha de retirada y en periodos de seguro, empleo, trabajo por cuenta propia o residencia completados antes de la fecha de retirada en los que esté implicado el Reino Unido.

2. Pues bien, con el objetivo de salvaguardar los derechos de seguridad social de las personas afectadas, «los Estados miembros deben seguir aplicando los principios de la Unión relativos a la igualdad de trato, la asimilación y la totalización establecidos en los reglamentos núms. 883/2004 y 987/2009 citados, así como las normas de dichos reglamentos necesarias para aplicar dichos principios, por lo que respecta a las personas afectadas y a los hechos y acontecimientos ocurridos y los periodos completados antes de la retirada del Reino Unido de la Unión» (considerando cuarto del preámbulo). A tal fin, este reglamento resultará aplicable, según su artículo 2: a) a los ciudadanos de un Estado miembro, los apátridas y los refugiados que estén, o hayan estado, sujetos a la legislación de uno o más Estados miembros y que estén, o hayan estado, en una situación en la que haya estado implicado el Reino Unido antes de la fecha de aplicación del presente reglamento, así como a los miembros de sus familias y a sus supérstites; y b) a los ciudadanos del Reino Unido que estén, o hayan estado, sujetos a la legislación de uno o más Estados miembros antes de la fecha de aplicación del presente reglamento, así como a los miembros de sus familias y a sus supérstites. Por lo demás, se aplicará a todas las ramas de la seguridad social previstas en el artículo 3 del Reglamento núm. 883/2004.

Los principios afectados son, básicamente, dos. Por una parte, el de la igualdad de trato, principio que resultará aplicable a todas las personas recogidas en este reglamento en relación con cualquier situación ocurrida antes de la fecha de aplicación de éste. Por otra parte, el de la asimilación y totalización, un principio de aplicación a todas las prestaciones o a los ingresos adquiridos y a los hechos o acontecimientos ocurridos en el Reino Unido antes de la fecha de aplicación del presente reglamento. En concreto, el principio de totalización se aplicará con respecto a los periodos de seguro, empleo, trabajo por cuenta propia o residencia en el Reino Unido completados antes de la fecha de aplicación del presente reglamento. 

3. Con todo, conviene advertir una serie de limitaciones. En primer lugar, este reglamento extenderá su aplicación, según su artículo 6, sin perjuicio de los convenios y acuerdos de seguridad social existentes entre el Reino Unido y uno o más Estados miembros siempre que aquéllos se ajusten a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento núm. 883/2004 —que regula las relaciones entre el reglamento de coordinación europeo y otros instrumentos de coordinación, fijando la prioridad aplicativa del reglamento, salvo aquellas disposiciones de convenios de seguridad social anteriores que resulten más favorables para los beneficiarios y siempre que hayan sido inscritas de forma expresa en los anexos en el citado Reglamento núm. 883/2004— y en el artículo 9 del Reglamento núm. 987/2009 —sobre procedimientos de aplicación acordados entre dos o más Estados miembros distintos de los establecidos y siempre que dichos procedimientos no afecten negativamente a los derechos y obligaciones de los interesados—.

En segundo lugar, también se considerará aplicable este reglamento, sin perjuicio de los convenios y acuerdos de seguridad social entre el Reino Unido y uno o más Estados miembros celebrados con posterioridad a la fecha en que los tratados dejen de aplicarse al Reino Unido en virtud del artículo 50.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y que abarquen el periodo hasta la fecha de aplicación del presente reglamento, siempre que «dichos convenios y acuerdos apliquen los principios establecidos en el artículo 5, apartados 1 y 2, del presente reglamento, apliquen las disposiciones a que se refiere el artículo 5, apartado 3, del presente reglamento, se basen en los principios del Reglamento (CE) núm. 883/2004 y estén en consonancia con su espíritu». No en vano, se admite expresamente la vigencia de este reglamento sin perjuicio de la posibilidad de que la Unión o los Estados miembros adopten medidas que aborden la cooperación administrativa y el intercambio de información con las instituciones competentes del Reino Unido con el fin de dar cumplimiento a los principios del presente reglamento. Además, este nuevo reglamento no afecta a ninguna competencia, ni de la Unión ni de los Estados miembros, para celebrar convenios y acuerdos en materia de seguridad social con terceros países o con el Reino Unido que cubran el periodo posterior a la fecha en que los tratados dejen de aplicarse al Reino Unido (considerando quinto de su preámbulo).

En tercer lugar, procede subrayar que este reglamento no afecta a los derechos adquiridos o en curso de adquisición con arreglo a la legislación de un Estado miembro durante el periodo anterior a la fecha de aplicación del presente reglamento. Expresamente, se considera que «una buena cooperación es necesaria para garantizar la protección y el respeto de esos derechos. Es importante garantizar que las personas concernidas dispongan de información adecuada y oportuna sobre sus derechos» (considerando sexto de su preámbulo).

La Comisión se compromete, finalmente, a presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación de este reglamento. En dicho informe se abordarán, en particular, los problemas prácticos para las personas concernidas, incluidos los derivados de la falta de continuidad en la coordinación de los sistemas de seguridad social.

4. En consecuencia, se trata de una decisión normativa que llega justo a tiempo e impide todo un periplo de discusiones judiciales sobre la posible aplicación de los derechos derivados de las cotizaciones a la Seguridad Social efectuadas antes del abandono del Reino Unido —de producirse éste— y que difícilmente admitirían el devengo correspondiente de prestaciones de la Seguridad Social una vez materializado el brexit. Existían tantas dudas sobre la aplicación de los Reglamentos núms. 883/2004 y 997/2009 que este nuevo Reglamento núm. 2019/500 las disipa.