1. La obligada actualización del sector.

El sector cooperativo –compuesto en España por cerca de 4.000 entidades y 1.200.000 socios con una incidencia en el conjunto de la producción agroalimentaria de casi 17.500 millones de euros en 2011- está caracterizado por su atomización, debiendo impulsarse la integración cooperativa y asociativa para mejorar su competitividad y aumentar su internacionalización. Tales objetivos constituyen los fines prioritarios de la Ley 13/2013, de 2 de agosto (en el BOE de 3 de agosto), de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.  

Una decidida política de fomento de fusiones de entidades asociativas agrarias (denominación mucho más amplia que, como se verá, desborda el estricto ámbito de las cooperativas) va a ser acometida por el Gobierno, para lo que se ha fijado un horizonte de seis meses dentro del cual habrá de presentar el denominado Plan Estatal de Integración Asociativa.  

Coordinando Programas de Desarrollo Rural (siempre en el marco de la Política Agrícola Común) y priorizando ayudas y subvenciones, Administración General del Estado y Comunidades Autónomas tratarán de incentivar lo que parece que de por sí debe tener un atractivo propio indiscutible. Promover la constitución de grandes grupos cooperativos y otras agrupaciones de entidades asociativas tendrán por finalidad alcanzar lo que ha de ser el gran objetivo de la reforma: la creación de entidades asociativas de gran dimensión y ámbito supraautonómico (artículo 1.1).  

Veamos en qué consiste la nueva figura jurídica.  

2. Las nuevas entidades asociativas agroalimentarias.  

Se entiende por entidades asociativas a los efectos de esta ley (artículo 1.3) las sociedades cooperativas, las cooperativas de segundo grado, los grupos cooperativos, las sociedades agrarias de transformación, las organizaciones de productores con personalidad jurídica propia, reconocidas de acuerdo con la normativa comunitaria en el ámbito de la Política Agraria Común y las entidades civiles o mercantiles, siempre que más del 50 por ciento de su capital social pertenezca a sociedades cooperativas, a organizaciones de productores o a sociedades agrarias de transformación. En el caso de que estas entidades económicas tengan la forma de sociedad anónima, sus acciones deberán ser nominativas.  

La anterior definición supone una importante expansión y rebasamiento del primitivo concepto de entidades agrarias tradicional: se incluyen ahora (bien que ceñidas al ámbito agroalimentario de forma preferente) otras sociedades de capital que pueden impulsar el fin pretendido. Bienvenida sea la modificación y actualización del concepto tradicional, con la idea clara de buscar las más cualificadas, las cuales, según la ley (artículo 1.2) solo con determinados requisitos serán denominadas “prioritarias”.  

Los fines son claros (artículo 2): fomentar la agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria favoreciendo el dimensionamiento y puesta en valor de las producciones; mejorar la formación de los responsables de su gestión; mejorar la renta de los productores agrarios vinculados a dichas entidades y favorecer la creación de entidades asociativas prioritarias. Eso sí (constante recordatorio muy de actualidad en todas las nuevas normas del sector agrario): siempre de acuerdo con el Derecho Comunitario y la legislación de Defensa de la Competencia (artículo 2.2).  

Cualificándose entre las nuevas entidades asociativas agrarias, serán calificadas como “prioritarias” solo las que cumplan los requisitos del artículo 3:  

  1. Ser entidad asociativa agroalimentaria de las dispuestas en el artículo 1.3 de esta ley.  
  2. Tener implantación y un ámbito de actuación económico que sean de carácter supraautonómico.  
  3. Llevar a cabo la comercialización conjunta de la totalidad de la producción de las entidades asociativas y de los productores que las componen (aquí conviene tener presente la existencia de un régimen transitorio que se establecerá reglamentariamente, sólo tras el cual se exigirá estrictamente este apartado, sin duda de los más exigentes).  
  4. Que la facturación de la entidad asociativa solicitante, o la suma de las facturaciones de las entidades que se fusionan o integran alcance, al menos, la cantidad que se determine reglamentariamente.  

Dicho montante económico se determinará según los sectores productivos, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, y será revisado periódicamente, en función de la evolución del proceso de integración sectorial y del valor de las producciones comercializadas.  

  1. Constar expresamente en los estatutos o disposiciones reguladoras correspondientes a las distintas entidades que componen la entidad asociativa prioritaria, así como en los de esta entidad, la obligación de los productores de entregar la totalidad de su producción, para su comercialización en común.  
  2. Los estatutos o disposiciones reguladoras de la entidad asociativa prioritaria y de las entidades que la integran deberán contemplar las necesarias previsiones para garantizar a sus productores asociados el control democrático de su funcionamiento y de sus decisiones, así como para evitar la posición de dominio de uno o varios de sus miembros.  

Como puede verse, quedan aún bastante flecos que deberán ser concretados reglamentariamente, más allá de los cuales las entidades asociativas agroalimentarias reconocidas como prioritarias, las entidades que las integren y los productores que formen parte de las mismas, que no cumplan con los requisitos exigidos para mantener su condición, no podrán beneficiarse de las ayudas y beneficios previstos en las normas reguladoras de su concesión. También reglamentariamente (artículo 3.3) se determinará la forma y condiciones en que se deba acreditar el mantenimiento de los requisitos y las consecuencias de su pérdida.  

3. Ayudas y beneficios  

En lógica correspondencia con el apoyo brindado por la nueva Ley, el artículo 4 (intitulado “situaciones de preferencia”) señala el hecho de que las entidades asociativas reconocidas como prioritarias podrán tener preferencia (siempre de acuerdo con la normativa especifica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, a las que habrá que estar) en la concesión de subvenciones y ayudas en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y comercialización; en el acceso a actividades formativas y de cooperación; en materia de internacionalización, de promoción y de I+D+i; en el acceso a las líneas ICO de financiación preferente, que específicamente se establezcan; u otras de las que puedan ser beneficiarias, así como en las actuaciones contempladas en los Programas de Desarrollo Rural, a favor de la competitividad, la transformación y la comercialización; y en cualesquiera otras que para estos mismos fines se determinen reglamentariamente.  

En segundo lugar, y respecto de las entidades asociativas integradas en las antes señaladas entidades asociativas reconocidas como prioritarias, también podrán tener preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas similares: en materia de inversiones materiales o inmateriales destinadas a mejorar los procedimientos de gestión y transformación; en el acceso a actividades formativas y de asistencia técnica; en las contrataciones de pólizas que puedan establecerse para estas entidades en el marco del Sistema de Seguros Agrarios Combinados; en el acceso a programas o actuaciones en I+D+i y en nuevas tecnologías; enfocadas específicamente a la mejora de la competitividad, la transformación y la comercialización; o en cualesquiera otras que para estos mismos fines se determinen reglamentariamente.  

Cerrando el tercer círculo de ayuda (tras las nuevas entidades y las antiguas que en ellas se integran) los propios productores agrarios que formen parte de entidades asociativas prioritarias o de las entidades asociativas que la componen, podrán tener preferencia, de acuerdo con la normativa especifica contenida en las bases reguladoras de cada convocatoria, en la concesión de subvenciones y ayudas para mejorar su competitividad y orientar su producción al mercado en el marco de la entidad asociativa prioritaria de la que formen parte, respecto a los productos para los que ha sido reconocida; y en cualesquiera otras que para estos mismos fines reglamentariamente se determine.  

4. Otros contenidos de la ley y una conclusión final.  

Además de la creación del Registro Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias (donde se inscribirán las cualificadas entidades asociativas que gocen de tal carácter) el Gobierno asume la presentación en el plazo de seis meses de un Plan Estatal de Integración Asociativa que seguro ilustrará aún más sobre la relevante tendencia iniciada.  

Complementariamente se contiene en la norma una modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas para incluir ya la denominación cooperativas “agroalimentarias” (en lo que antes eran solo “agrarias”, explicando la tendencia integradora de toda la industria agroalimentaria), se añaden algunas novedades sobre su ordenación (entre las que destaca notablemente el hecho de los nuevos servicios que pueden ser prestados por las cooperativas), se verifican ajustes del siempre complejo Fondo de Educación y Promoción (el cual puede ser aportado ahora no sólo a las cooperativas sino a sus Uniones o Federaciones) y se modifica –igualmente para extender el ámbito de aplicación - la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Cooperativas.  

La conclusión es muy clara: fusionarse y alcanzar dimensión suficiente no es ya sólo una tendencia de los planes de negocio del sector asociativo agroalimentario. Se ha convertido es una política pública fomentada y apoyada económicamente de modo indubitado por los poderes públicos.