El BOE de 2 de agosto publicó el Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional.

Se trata de una extensa norma, dividida en cuatro artículos, que actualiza los reglamentos de desarrollo de las principales leyes en el ámbito asegurador privado así como el de los planes y fondos de pensiones, siendo precisamente, en esta última materia donde se hallan las modificaciones más extensas y significativas. Desde el punto de vista jurídico mercantil a continuación se detallan algunas de esas modificaciones.

  1. En materia de planes y fondos de pensiones

En cuanto a las contingencias cubiertas por los planes de pensiones, por medio de la modificación se precisa en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones (en adelante, RPFP) la contingencia de jubilación de los partícipes sin posibilidad de acceso a dicha situación y los supuestos de anticipo de la prestación del plan correspondiente a jubilación. Así, cuando no sea posible el acceso de un partícipe a la jubilación, la contingencia se entenderá producida a partir de que cumpla los 65 años de edad, en el momento en que el partícipe no ejerza o haya cesado en la actividad laboral o profesional, y no se encuentre cotizando para la contingencia de jubilación en ningún régimen de la Seguridad Social (art. 7.2.a) del RPFP). No obstante, se establece que las especificaciones de los planes de pensiones también podrán prever el pago anticipado de la prestación correspondiente a la jubilación en caso de que el partícipe, cualquiera que sea su edad, extinga su relación laboral y pase a situación legal de desempleo en los casos contemplados en los artículos 49.1.g), 51, 52, y 57 bis) del Estatuto de los Trabajadores (art. 8.2 del RPFP).

En relación con los procedimientos de autorización e inscripción administrativa y comunicaciones de datos registrales de los fondos de pensiones se agilizan los procedimientos introduciendo cauces telemáticos, se suprime el requisito de autorización administrativa previa para las modificaciones y la inscripción de los planes de pensiones en el Registro Mercantil y se reduce a tres meses el plazo para resolver las solicitudes de autorización e inscripción (arts. 58, 59 y 60 del RPFP).

Respecto al silencio administrativo se recoge el criterio general de silencio positivo para los procedimientos de autorización e inscripción de fondos de pensiones y de sus entidades gestoras y depositarias, de conformidad con el anexo I del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio (Disp. Adicional segunda del RPFP).

En relación con la comercialización de planes de pensiones individuales, así como respecto del régimen de información a partícipes y beneficiarios, se desarrollan determinados aspectos relativos a la actividad del comercializador, y se revisan y actualizan las obligaciones de información a partícipes y beneficiarios con la finalidad de potenciar la transparencia y claridad en la información proporcionada sobre estos productos de ahorro-previsión, en sintonía con las tendencias regulatorias nacionales e internaciones de otros sectores del sistema financiero y con las recomendaciones emanadas de organismos internacionales. Con esta finalidad se desarrolla el documento con los datos fundamentales para el partícipe que la entidad gestora y los comercializadores facilitarán a los potenciales partícipes para que conozcan las principales características y riesgos que comportan estos productos, el cual deberá redactarse de forma objetiva, clara, precisa y en términos inequívocos (arts. 48, y nuevo 48.bis, además del art. 101, del RPFP, en materia de contratación del plan).

En relación con el régimen de inversiones, se adecua el marco normativo existente para clarificar ciertos aspectos referidos a las condiciones de aptitud exigidas a los activos, así como a los límites de inversión aplicables (arts. 70.9.a), 72, 74 y 75 del RPFP). Asimismo, se desarrolla el contenido de la declaración comprensiva de los principios de la política de inversión de los fondos de pensiones y se introducen aspectos referentes a la utilización de criterios extra financieros (éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno) en la selección de inversiones, con la finalidad de adaptar la normativa a las tendencias existentes en el ámbito internacional (arts. 81, 81.bis), 83, 84, 85.quáter, y 100 del RPFP).

Respecto a la actividad de las entidades gestoras y depositarias, se clarifican y desarrollan las funciones encomendadas a las mismas con el objeto de adaptarlas a la realidad de los mercados y para garantizar su adecuado cumplimiento. Con tal fin, en las entidades gestoras se aclaran aspectos como la función de control sobre la entidad depositaria, la conservación y custodia de la documentación relativa a los partícipes y beneficiarios, la delegación de funciones, a la vez que se modifica el régimen de comisiones aplicable a estas entidades. Respecto a las entidades depositarias, se desarrolla la función de custodia, la función de control de la entidad gestora, la delegación de funciones y se modifica el régimen de comisiones aplicable a estas entidades (arts. 78, 79, 80, 80.ter, 81 del RPFP).

Por otro lado, con la finalidad de transponer al ordenamiento jurídico español en materia de fondos de pensiones el artículo 19.1 de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, se incluye la posibilidad de que las entidades gestoras de fondos de inversión alternativos puedan ser designadas para la gestión de las inversiones de los fondos de pensiones (art. 87.1 del RPFP).

Por último en este apartado, se establece que los planes y fondos de pensiones, los comercializadores y demás entidades afectadas por las modificaciones deberán adaptar su funcionamiento y actividad a las nuevas previsiones en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de las mismas (3 de agosto de 2014). En particular, dentro de dicho plazo deberán adaptarse las especificaciones de los planes de pensiones, las normas de funcionamiento y la declaración de principios de la política de inversión de los fondos de pensiones que no se ajusten a lo dispuesto por el citado Real Decreto (Disp. Transitoria única Real Decreto 681/2014).

  1. Respecto al principio de igualdad de trato

Como oportunamente se informó en su momento, la STJUE de 1 de marzo de 2011 (asunto C 236/09 “Test-Achats”, en relación con la aplicación del artículo 5 de la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004), declaró la invalidez del apartado segundo del citado artículo, el cual permitía a los Estados miembros, en determinadas condiciones, autorizar diferencias en función del sexo en las primas y prestaciones de seguro.

La sentencia se manifestó contraria a que los Estados miembros afectados pudieran mantener de modo ilimitado en el tiempo una excepción a la norma de primas y prestaciones independientes del sexo, por ser contraria a la consecución del objetivo de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Por esta circunstancia establecía que, a partir del 21 de diciembre de 2012, no podrían existir diferencias proporcionadas de las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente, en los casos en los que la consideración del sexo constituyera un factor determinante en la evaluación del riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y exactos. Dicha prohibición abarca únicamente a las pensiones y seguros privados, voluntarios y separados del ámbito laboral.

A la vista de la citada resolución judicial, La Unión Europea adoptó una Comunicación relativa a las “Directrices sobre la aplicación de la Directiva 2004/113/CE del Consejo a los seguros, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-236/09 (Test-Achats)” (2012/C 11/01).

La decisión judicial y las directrices europeas ya se han incorporado anteriormente a nuestro ordenamiento, por medio de las disposiciones finales 13ª y 14ª, así como la disposición transitoria 6ª de la Ley 11/2013, de 26 de julio. Ahora, se completa la modificación con su incorporación al Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (ROSSP), para especificar que, en el cálculo de las tarifas de los contratos de seguro no podrán establecerse diferencias de trato entre mujeres y hombres en las primas y prestaciones de las personas aseguradas, cuando las mismas consideren el sexo como factor de cálculo, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional duodécima del TR de la LOSSP; si bien, en ningún caso los costes y riesgos relacionados con el embarazo y el parto justificarán diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente (art. 76.7 ROSSP).

  1. En relación con el deber de información del tomador del seguro de vida

El art. 60.3 de la LOSSP establece la obligación de proporcionar determinada información en aquellos seguros de vida en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, además de exigir a las entidades cuando el tomador no asuma el riesgo de la inversión, que informen sobre la rentabilidad esperada de la operación considerando todos los costes.

Por medio de la modificación de los arts. 76.3 y 105.1.m) del ROSSP se determinan las modalidades de seguros de vida en las que se establece la obligación de informar, se define lo que se entiende por rentabilidad esperada y se regula la forma de ejercitar este derecho, previéndose que la regulación del método de cálculo de la rentabilidad esperada se desarrolle por medio de Orden ministerial. Asimismo, se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que, mediante resolución, pueda excluir de la obligación de información sobre la rentabilidad esperada otras operaciones de seguro de vida que tengan un alto grado de componente biométrico.

  1. En materia de mediación de seguros

Por último, el artículo 4 del Real Decreto 681/2014 modifica el Reglamento de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados (RMSRP) en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia profesional, procediendo a adelantar al 30 de abril del año siguiente a aquel a que se refiera, la fecha de remisión de la documentación estadístico contable para no mermar la necesaria información con la que debe contar la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para el ejercicio de sus funciones (arts. 7.1 y 9.1 RMSRP).