Una sentencia del Tribunal Supremo y una resolución del TEAC ponen en entredicho la potestad de la Administración a la hora de exigir el suministro indiscriminado de información.

La Ley General Tributaria prevé en su artículo 93 que cualquier persona está obligada a proporcionar a la Administración tributaria cualquier dato o información siempre que ésta tenga trascendencia desde el punto de vista impositivo. Esa información puede ser proporcionada por una persona respecto de ella misma al presentar una declaración o a requerimiento de la Administración o bien puede suceder que una persona aporte datos relativos a terceros, cuando esa información es solicitada por la trascendencia tributaria que tiene respecto de esa tercera persona, la cual puede ser tanto una persona física como jurídica.

Desde hace años es una cuestión controvertida cuáles son los límites de este deber de suministrar información a la Administración tributaria. Y ciertamente los tribunales de justicia han dado habitualmente la razón a la Administración centrando el debate sobre la existencia o no de trascendencia tributaria y concibiendo esta trascendencia con gran amplitud. En suma, cualquier persona estaría obligada a proporcionar información a la Administración o ceder a ésta datos de un tercero cuando éstos datos tengan una trascendencia tributaria real o potencial sin que tal trascendencia exija una sospecha de fraude o deba suponer que los datos forman parte del esquema de liquidación de un tributo bastando que los datos puedan servir para el mejor cumplimiento de sus fines por la Administración tributaria.

Por este motivo, llaman la atención dos resoluciones recientes, la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2018 y la resolución del TEAC del 4 de diciembre de 2018. En la primera, el Tribunal Supremo estima un recurso del Consejo General de la Abogacía Española contra un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial relativo a la cesión a la Agencia Tributaria de información concerniente a actuaciones procesales de abogados y procuradores. El Alto Tribunal se aparta del enfoque clásico y no centra su análisis en la trascendencia tributaria de los datos pedidos sino que, fijándose en la motivación de la petición de los mismos, pone en relación un requerimiento individualizado de información con el contenido del Plan de Control Tributario que le sirve de fundamento. Por este camino, la sentencia acaba exigiendo una especie de sospecha o motivación individualizada frente a la amplitud o generalidad del requerimiento cuestionado.

La resolución del TEAC afronta una cuestión tal vez más trascendente, como es un requerimiento dirigido a una compañía de seguros, respecto de datos con trascendencia en la comprobación tributaria de personas o entidades prestadoras de servicios sanitarios y en el que la ONIF requería datos tales como la identidad de los pacientes, la fecha de la intervención o asistencia y el tipo de servicio, aunque el órgano requirente advertía que no se requería ningún dato de naturaleza médica en cuanto a tratamiento, historial o patología del paciente. El TEAC anula el requerimiento en la medida que, asumiendo el planteamiento de la entidad requerida, los datos solicitados carecerían de trascendencia tributaria. El TEAC insiste en que los datos objeto de un requerimiento deben revestir esa trascendencia y que el requerimiento debe justificarla salvo que la misma sea evidente. Y por ello considera que en el concreto requerimiento impugnado los datos requeridos carecen de esa trascendencia cuando aluden a la identidad de la persona ingresada, fecha de la intervención o tipo se servicio. El TEAC añade que si bien en el requerimiento se advierte que éste no se extiende a ningún dato de naturaleza médica, lo cierto es que se están solicitando datos tales como el tipo de servicio médico recibido por el paciente.

Ahora bien, la solución del TEAC plantea una cuestión más allá de lo resuelto: ¿y si los datos hubieran tenido trascendencia tributaria por algún motivo? El TEAC ciñe su análisis al de la justificación de esta trascendencia pero tal vez éste sea un caso que pone en evidencia las limitaciones de este planteamiento como en realidad ya sucedió en el caso de la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 2016, en el cual el Alto Tribunal observó esa trascendencia en un requerimiento que terminó extendiéndose al detalle de los gastos escolares de los hijos de un contribuyente. Dejando de lado cuestiones como la necesidad o no de comunicar el requerimiento al tercero afectado por los datos requeridos o la aplicación en este terreno de la legislación sobre protección de datos más allá de la mera existencia de una ley tributaria que prevea la cesión, la cuestión sería si un requerimiento puede alcanzar a datos personales relativos, por ejemplo, a la salud de las personas o si estos datos forman parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad o al respeto de la vida privada de tal manera que la intromisión en esta esfera privada no puede estar justificada sólo por la hipotética trascendencia tributaria de los datos genéricamente solicitados, mucho menos cuando, además, esa trascendencia se referiría a la situación tributaria de un tercero como sería el prestador de los servicios médicos o sanitarios correspondientes. Cuando los datos archivados en sistemas de información alcanzan las proporciones actuales, el acceso y agregación de tales datos plantea cuestiones que van más allá de su posible trascendencia o del deber de confidencialidad de la propia autoridad a la que se ceden los mismos, cuando se trata de justificar la proporcionalidad de la intromisión en la esfera privada de una persona.