El Consejo del Poder Judicial (CGPJ) puede establecer, según dispone el artículo 98 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, de 1 de julio, órganos jurisdiccionales especializados en el conocimiento de determinadas materias. Los requisitos para ello son:

  • Que exista más de un juzgado de la misma clase en la circunscripción correspondiente.
  • Que la decisión se adopte previo informe de la Sala de Gobierno.
  • Que se publique el acuerdo en el BOE.

Pues bien, en este sentido, el pasado 21 de Diciembre el CGPJ acordó atribuir en exclusiva a ciertos Juzgados de algunas Comunidades Autónomas el conocimiento de los asuntos civiles surgidos al amparo de la nueva Ley de Patentes 24/2015 (que entrará en vigor el próximo mes de abril), de la Ley de Marcas 17/2001 y de la Ley de Protección Jurídica del diseño. En particular designó:

  • Cataluña:
  • Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: patente y diseño industrial.
  • Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9: marcas.
  • Madrid:
  • Juzgados de lo Mercantil números 7, 8, 9 y 10 de Madrid.
  • Comunidad Valenciana:
  • Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: patentes.
  • Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3: marcas y diseño industrial.

El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el viernes 30 de diciembre de 2016.

Es evidente que con esta medida se busca generar una mayor seguridad jurídica creando tribunales preparados y capaces de resolver con solvencia técnica asuntos complejos en materia de propiedad industrial.

Autor: José Antonio Pontijas Sánchez

 

¿Puede una empresa utilizar cámaras ocultas para grabar a sus empleados en el puesto de trabajo cuando existe una fundada sospecha de incumplimiento laboral?

 

Loewe comprobó que faltaba un número considerable de prendas en la empresa y, sospechando que la sustracción de las prendas podía haberse llevado a cabo por personal interno, decidió contratar a una agencia de detectives privados para instalar cámaras ocultas durante un breve periodo de tiempo (del 19 al 23 de agosto) en los puestos donde se creía que se había producido la sustracción. De ello se informó a la presidenta del comité de empresa, pero no con el comité, ya que uno de los sospechosos era miembro del mismo. De este modo, se comprobó que precisamente este empleado se había llevado diversos productos, y la empresa procedió a su despido disciplinario.

El Juzgado de lo Social número 2 de Madrid desestimó la demanda por despido del trabajador, convalidando la extinción de la relación laboral sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación. La sentencia de 9 de febrero de 2015 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la sentencia de instancia.

Alegaba el empleado que la empresa debería haber inscrito un fichero de datos en el Registro General de Protección de Datos, colocado carteles informativos en las zonas de grabación, facilitado formularios para el ejercicio de los derechos de protección de datos y notificado a los representantes de los trabajadores.

A la vista de los antecedentes de hecho arriba descritos y de que las imágenes captadas se utilizaron exclusivamente para su presentación en juicio, entiende el Tribunal que la grabación tiene base legal en la facultad de control que atribuye el Estatuto de los Trabajadores al empresario. Además, señala el Tribunal, la medida adoptada supera además el triple juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que la ponderación entre el derecho fundamental del trabajador a la protección de sus datos y el derecho fundamental de la empresa a la tutela judicial efectiva debe resolverse a favor de este último.

Remarca también el Tribunal que sería absurdo exigir a la empresa que comunicase a los trabajadores la instalación de las cámaras y que colocase carteles dando publicidad a este hecho, porque con ello se frustraría la finalidad buscada, esto es, la averiguación del ilícito laboral, y considera, por tanto, admisible la sustitución de la información a los trabajadores por la realizada a la presidenta del comité de empresa (no al comité, porque el trabajador despedido era miembro de este).