En virtud del principio de jerarquía normativa, el Convenio Colectivo ha de someterse a lo dispuesto en la ley, pero no sólo en la ley formal, sino en toda aquella norma que tenga un rango superior. Por esta razón, la normativa autonómica, dictada dentro de su ámbito competencial, puede modificar las condiciones laborales, en este caso, la supresión de una mejora establecida en la negociación colectiva: el seguro médico privado para los trabajadores.

1. Como consecuencia de lo previsto en la ley de presupuestos de una comunidad autónoma, una empresa decide una reducción salarial del 5 % y la supresión del seguro médico privado establecido en el Convenio Colectivo de aplicación. La norma presupuestaria autonómica señalaba que debían «cesar las aportaciones a planes de pensiones y (suprimirse) cualquier tipo de seguro médico privado con cargo a los entes (del sector público)».

Comoquiera que se trataba de una situación que también se había planteado a nivel nacional y que se había resuelto en la Sentencia del Tribunal Constitucional 42/14, también se cuestionó la constitucionalidad de esta norma presupuestaria al considerar que el legislador autonómico carecía de competencia para llevar a cabo esta regulación. Tal objeción no prosperaría por considerar que el contenido de esta regulación no venía inducido por la normativa estatal básica ni quedaba afectado por la cuestión de inconstitucionalidad planteada en su día respecto de la legislación estatal. Se trata de una limitación establecida por el legislador autonómico que afecta a un ente público integrante del sector público autonómico y que se realiza dentro del ámbito competencial de la comunidad autónoma. Nada sugiere que exista un desconocimiento de las bases de la actividad económica general dictadas por el Estado (art. 149.1.13 de la Constitución española o CE) ni que resulte vulnerado el principio de coordinación de la autonomía financiera de las comunidades autónomas, atribuido asimismo al Estado (art. 156.1 CE). 

Se entiende, pues, que en un contexto de crisis económica, las comunidades autónomas pueden efectuar restricciones o recortes en sus correspondientes Administraciones Públicas al objeto de racionalizar y contener el gasto y el déficit públicos y para cumplir el principio de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo exigido por la Unión Europea y con lo establecido por el artículo 135 de la Constitución: «… de ordinario mediante la modificación o suspensión, normalmente a la baja, de las condiciones laborales pactadas en acuerdos, pactos y convenios colectivos aplicables al conjunto de los empleados públicos» (FJ). El hecho de que el papel rector en esta materia corresponda al Estado no implica que las comunidades autónomas no puedan afrontar, dentro de un marco general común, ajustes propios que afecten exclusivamente al respectivo sector público autonómico.

2. En este contexto, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 18 de octubre del 2017, Ar. 277459, considera que el cese de las aportaciones por parte del ente público al mantenimiento de un seguro médico a favor de sus empleados no es fruto de una decisión empresarial unilateral, producto del mero voluntarismo de sus gestores. Bien al contrario, la medida se evidencia como una consecuencia directa e inmediata de lo establecido en la ley de presupuestos autonómica, en la que se suspende la aplicación de la contribución de los entes del sector público a seguros médicos de carácter privado que tuvieran como beneficiarios a los trabajadores de las empresas públicas.

Ya en su Sentencia de 13 de octubre del 2016, Ar. 5442, el Tribunal Supremo, tras plantear cuestión de inconstitucionalidad, dictaminó que «la norma de rango legal de las comunidades autónomas posee capacidad para adoptar medidas relativas a la reducción del gasto público y se impone a todas las normas de rango jerárquico inferior, entre las que se incluye el convenio colectivo». En dicha sentencia se reconocía que «las dudas de constitucionalidad han quedado despejadas por el ATC 145/2016, del pasado 19 de julio del 2016, que entiende aplicable la doctrina sentada por los  ATC  228/2015  y  229/2015  (de  15  diciembre 2015) y 83/2016 (de 26 abril 2016), respondiendo a cuestiones de inconstitucionalidad análogas planteadas por las Salas de lo Social de lo[s] Tribunales Superiores de Justicia de Canarias y Murcia. Para el TC las medidas estatales de contención del gasto de personal se encuadran en las bases y coordinación de planificación general de la actividad económica del art. 149.1.13 CE y encuentran cobertura competencial también en el principio de coordinación con la Hacienda estatal del art. 156.1 CE. Sostiene el TC que ambos preceptos presuponen, no obstante, «la capacidad de las comunidades autónomas para definir sus gastos», capacidad que sólo queda desplazada o modulada en la mediada en que el Estado haya ejercido sus competencias ex articulo 149.1.13  CE. Entiende, en suma, que «las comunidades autónomas están obligadas a respetar las medias de contención del gasto de personal establecidas por el Estado, pero, respetando las existentes o no existiendo tales medidas, su competencia en materia económica l[a]s faculta para llevar a cabo las medidas de contención del gasto de personal que crean necesarias». [...] Tras dicho pronunciamiento del intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LOTC), no le es posible a esta Sala IV del Tribunal Supremo albergar ya dudas de constitucionalidad como las que suscitaba inicialmente la cuestión planteada por los recurrentes, puesto que «los preceptos cuestionados de la Ley 1/2012, al prever la reducción de las retribuciones y de determinados complementos por incapacidad temporal y un aumento de la jornada laboral, se limitan a establecer medidas de contención del gasto público que entran dentro de la competencia autonómica», a no existir norma estatal de la que derive la imposibilidad de llevar a cabo dichas medidas.» (FJ 2). 

3. Aceptada esta competencia autonómica y rechazada la inconstitucionalidad de la medida, sólo procede recordar la jurisprudencia, ya consolidada, del Tribunal Constitucional en la que reconoce que, en virtud del principio de jerarquía normativa, es el Convenio Colectivo el que debe respetar y someterse no sólo a la ley formal, sino, más genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico, y no al contrario (SSTC 177/88, FJ 4; 171/89, FJ 2; 92/94, FJ 2, y 62/01, FJ 3). Nada impide, por tanto, que un Convenio Colectivo estatutario vigente pueda ser modificado por una ley. Se trata de una preeminencia de la ley sobre la regulación convencional que no sólo es predicable de la ley estatal, sino también de la ley autonómica, siempre que uno y otro instrumento normativo se desenvuelvan dentro las competencias atribuidas por la Constitución y los estatutos a cada poder público. No queda, pues, vedado a las comunidades autónomas intervenir en virtud de sus competencias en materia económica, aunque con ello se produzca una afectación a las relaciones laborales de los empleados públicos con las Administraciones o entidades públicas para las que prestan sus servicios.

4. En conclusión, no existe ningún límite a la posibilidad de que una ley modifique lo pactado en un Convenio Colectivo estatutario vigente. Es el contenido del Convenio Colectivo el que debe someterse a la ley, pero no solamente a ésta, sino también a las normas de mayor rango jerárquico, cualquiera que sea su naturaleza.