Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, cambios en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores

El Consejo de Ministros aprobó, con fecha de 31 de agosto de 2018, este Real Decreto-ley con el objetivo de incorporar varias Directivas que se encontraban pendientes de transposición. Así, una de las normas que se ha modificado tras la aprobación del mencionado Real Decreto-ley es la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por Decreto legislativo 1/2002 para incorporar la Directiva 2014/50/UE.

La principal novedad que se observa en lo relativo a la regulación de Planes y Fondos de Pensiones, es la reducción de obstáculos a la movilidad de trabajadores entre Estados miembros a través de la adquisición y mantenimiento de los derechos en los sistemas complementarios de pensión para la jubilación que han ido estableciendo las empresas en los últimos años, especialmente en lo que respecta a requisitos de antigüedad y de edades mínimas.

Con ello, se pretende, por un lado, favorecer la consolidación de derechos económicos de los trabajadores en los sistemas de previsión complementaria y mantener los mismos en los supuestos de cese de la relación laboral antes de la jubilación, y por otro, se busca regular el derecho a la información de los trabajadores sobre la adquisición de derechos derivados de los compromisos por pensiones para la jubilación asumidos por las propias empresas.

Para ello, el Real Decreto-ley establece que, en el supuesto de que finalice la relación laboral de los trabajadores asegurados, los derechos económicos adquiridos por los mismos se podrán mantener en el contrato de seguro o movilizarse a otro contrato de seguro o plan de pensiones.

Algunos de los requisitos que se implantan con la nueva regulación tienen el objetivo de que los contratos de seguro que se establezcan entre los trabajadores y la empresa puedan ser verdaderamente útiles. 

Así, por un lado, se trata de revestir la forma de seguro colectivo sobre la vida, plan de previsión social empresarial o seguro colectivo de dependencia, en los que la condición de asegurado corresponderá al trabajador y la de beneficiario a las personas en cuyo favor se generen las pensiones según los compromisos asumidos y, por otro, la individualización de las inversiones correspondientes a cada póliza, de modo que la cuantía del derecho de rescate no sea inferior al valor de realización de los activos que representen la inversión de las provisiones técnicas correspondientes.

Además, se incluye la posibilidad de establecer condiciones de adquisición de derechos económicos más favorables para los trabajadores en la articulación de los compromisos por pensiones para la jubilación asumidos por las empresas. Así, señala el Real Decreto-ley que el contrato de seguro deberá especificar el criterio de valoración de los derechos económicos adquiridos al tiempo del cese y durante su mantenimiento en el seguro tras el cese.

Igualmente, cabe señalar que la efectividad de los compromisos por pensiones y del cobro de las prestaciones causadas quedarán condicionados a su formalización a través de contratos de seguros, incluidos los planes de previsión social empresariales y los seguros colectivos de dependencia, a través de la formalización de un plan de pensiones o varios de estos instrumentos. 

Por último, se prevé los casos de incumplimiento por parte de la empresa, se constituyan una infracción muy grave.