El día de hoy, fue publicado en el Diario de Centroamérica de Guatemala el Acuerdo Gubernativo 189-2019, el cual recoge normativa relevante en materia ambiental, cuya aplicación se extiende a nivel nacional estableciendo la prohibición del uso y distribución de los siguientes materiales:

a) Bolsas plásticas de un solo uso en sus diferentes presentaciones formas y diseños;

b) Pajillas plásticas en sus diferentes presentaciones, formas y diseños;

c) Platos y vasos plásticos desechables en todas sus presentaciones, formas y diseños;

d) Mezcladores o agitadores plásticos desechables;

e) Contenedores o recipientes para almacenamiento y traslado de alimentos de plástico desechables o de poliestireno expandido (duroport), en sus diferentes presentaciones, formas y diseños.

Dicho acuerdo fija el plazo de dos años, contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo Gubernativo (un día después de su publicación), para que las todas las personas individuales o jurídicas, que utilicen los productos indicados en el artículo anterior los sustituyan, en forma definitiva, por otros artículos o insumos elaborados con material compostable que cumpla con la norma de la Unión Europea UNE-EN 13432, según la disponibilidad de los mismos en el mercado nacional.

Es importante mencionar que esta disposición legal contempla la excepción de los materiales e insumos para fines médicos o terapéuticos, así como los productos o insumos importados que estén sellados de fábrica con material plástico o poliestireno expandido (duroport).

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, como ente rector, a través de sus dependencias, deberá verificar, inspeccionar y monitorear el cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo Gubernativo, asimismo, deberá asesorar y capacitar a las personas individuales y jurídicas para su adecuado cumplimiento y en caso contrario, aplicar las sanciones contenidas en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

Dentro de las sanciones establecidas en las Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente se encuentran las siguientes:

a) Advertencia, aplicada a juicio de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y valorada bajo un criterio de evaluación de la magnitud del impacto ambiental;

b) Tiempo determinado para cada caso específico para la corrección de factores que deterioran el ambiente con participación de la Comisión en la búsqueda de alternativas viables para ambos objetivos;

c) Suspensión cuando hubiere variación negativa en los parámetros de contaminación establecidos para cada caso específico por la Comisión Nacional del Medio Ambiente;

d) Comiso de las materias primas, instrumentos, materiales y objeto que provenga de la infracción cometida, pudiéndose destinar a subasta pública o su eliminación cuando fueren nocivos al medio ambiente;

e) La modificación o demolición de construcciones violatorias de disposiciones sobre protección y mejoramiento del medio ambiente;

f) El establecimiento de multas para restablecer el impacto de los daños causados al ambiente, valorados cada cual en su magnitud; y

g) Cualesquiera otras medidas tendientes a corregir y reparar los daños causados y evitar la contaminación de actos perjudiciales al medio ambiente y los recursos naturales.

PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

Sin perjuicio de la legitimidad del objetivo o finalidad que pretende alcanzar y cumplir este acuerdo gubernativo (la preservación del medio ambiente), pueden identificarse posibles vulneraciones constitucionales que lo harían impugnable y cuestionable constitucionalmente hablando. Entre estas vulneraciones constitucionales podrían señalarse las siguientes:

Inseguridad jurídica – Artículo 2 CPRG

Al no existir una ley marco que regule este tema, de acuerdo a una política general de Estado, las municipalidades están emitiendo este tipo de normativa prohibitiva de forma diferente, con distintos tipos de supuestos, prohibiciones y sanciones. El que el Acuerdo Gubernativo establezca que, no obstante su contenido, quedan vigentes todas aquellas disposiciones municipales que se emitan y se han emitido hasta el momento, implica que el ciudadano no puede saber exactamente qué conducta es la prohibida, en qué territorios, en qué medidas y qué sanciones se aplicarían en caso de incumplimiento e cada caso.

Discriminación – Artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala (derecho de Igualdad): Se están adoptando medidas prohibitivas o restrictivas solo en relación a ciertos sectores de la industria y no de forma general a todos aquellos que de alguna u otra forma inciden en el tema de la contaminación al medio ambiente, no necesariamente con los materiales contaminantes aludidos.

Derecho de propiedad – Artículo 39 CPRG

Este Acuerdo Gubernativo obliga a que muchas empresas prescindan del uso de estos materiales o de la maquinaria que utiliza este tipo de material sin contar con otros que los sustituyan, situándolos en una clara posición de desventaja y de arbitrariedad respecto a su patrimonio.

Derecho de industria, comercio y trabajo – Artículo 43 CPRG

Este tipo de medidas prohibitivas o restrictivas debieran ser adoptadas de forma paulatina y progresiva por un decreto emitido por el Congreso de la República y no por un Acuerdo Gubernativo de forma repentina y absoluta como en el presente caso. Esto con la finalidad que todas las empresas o industrias que utilizan estos materiales tengan la oportunidad de adoptar los cambios necesarios en un periodo de tiempo prudente y sin afectar considerablemente sus operaciones, ni el trabajo de sus colaboradores.

Falta de razonabilidad – Garantía innominada contenida en el Artículo 44 CPRG (Derechos inherentes a la persona humana):

El Acuerdo Gubernativo contempla como excepción solamente los materiales e insumos para fines médicos o terapéuticos, así como los productos o insumos importados que estén sellados de fábrica con material plástico o poliestireno expandido (duroport), pero el Acuerdo Gubernativo hace caso omiso de la existencia de casos o circunstancias especiales en los que el uso del plástico se hace no solo necesario, sino obligatorio para preservar el derecho a la salud y, por ende, el derecho a la vida de las personas (embalaje, transporte y manipulación de ciertos alimentos, bebidas o productos de higiene y cuidado personal, por ejemplo).